Lo había adelantado el domingo el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, y se concretó al día siguiente: la ministra del Interior, Izkia Siches, acompañada por el comité político y los presidentes de partidos del oficialismo, anunció este lunes un conjunto de medidas sociales y en materia de seguridad para la macrozona sur. Entre ellas, un estado de emergencia, al que llamaron "acotado".
¿Qué quiere decir esto? Que la herramienta constitucional que permite el despliegue de las FF.AA., se enfocará en rutas y carreteras de las provincias de Arauco y Biobío, en la octava región, además de la Araucanía; pero no se focalizará en restringir garantías de la población como el derecho al libre tránsito y reunión.
Llegar a este punto implicó dos intensas semanas de debate para poder impulsar una reforma constitucional para un "estado intermedio", que finalmente no encontró los apoyos necesarios en el oficialismo ampliado. Desde la oposición, en tanto, insisten en que el Ejecutivo "llega tarde" con la medida, que existe un "sesgo ideológico" y que se trata de "otra voltereta" del Gobierno.
Frente a esto último, el ministro Jackson dijo esta mañana desde el Congreso que "nosotros hicimos todos los esfuerzos para tener un paquete integral y que no se quede sólo en el uso de fuerza disuasiva en temas de seguridad, sino que ir a los temas de fondo (...) hemos intentado distintos caminos, y si uno no resulta, uno va por otro", remarcó.
Intentos fallidos en Temucuicui y Cañete
Más allá de los calificativos, lo cierto es que la medida compromete una herramienta que no solo el Presidente Gabriel Boric no apoyó en el pasado en su calidad de diputado, sino que además rechazó en su campaña, luego tras ganar el balotaje y por último, de manera férrea, durante su primer mes en el sillón presidencial, incluso, cada vez que hubo un hecho de violencia en este periodo.
En enero, el entonces Mandatario electo se reunió con las tiendas de Chile Vamos
donde les anunció que no habría prórroga de la medida. La apuesta era ahora por el diálogo y la reparación, dos conceptos que aún no contaban con una batería clara de acciones, lo que no hizo más que acrecentar las críticas por parte de los partidarios de la herramienta constitucional.
Ya instalado en La Moneda, el primer evento que recrudeció el debate por renovar el estado de excepción fue el atentado contra la comitiva de la ministra Siches, mientras intentaban visitar la casa de Marcelo Catrillanca, en la comunidad de Temucuicui. Pero el Gobierno no cedió a la presión, y reiteró el objetivo: establecer diálogo con las víctimas, territorio y autoridades.
"El camino que hemos decidido seguir para enfrentar la situación crítica en el Wallmapu y especialmente en La Araucanía, sabíamos que iba a ser difícil. El camino del diálogo sabemos que no va a estar exento de dificultades", dijo la ministra, abriendo, de paso, la molestia en Argentina por el término que designa al territorio mapuche.
La opción entonces fue aumentar la seguridad en la zona con mayor dotación policial y mejores capacidades operativas, pero el rechazo al estado de excepción continuaba firme. Incluso, cuando la historia se repitió y ahora era el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien no había logrado ingresar a Cañete. "El diálogo continúa", sostuvo en la oportunidad, donde además descartó tajantemente vincular el fin de la medida con lo ocurrido.
"El Presidente Gabriel Boric había comprometido no prorrogar este estado de excepción, pero eso no implica que el Gobierno no tenga una preocupación y no tenga la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile", dijo Monsalve tras su visita a la zona a fines de marzo.
Ataque a Ciro Palma y paro de camioneros
Un mes más tarde, el subsecretario encabezó un comité policial en la provincia de Arauco, que los días anteriores había registrado cuatro ataques incendiarios y viviendas destruidas. En la oportunidad, Monsalve volvió a rechazar la medida: "con estado de excepción o sin estado de excepción, el problema de seguridad se mantiene".
Y ese problema de seguridad, dejó al día siguiente a una nueva víctima. El conductor
Ciro Palma recibió un disparo en el rostro la madrugada del 22 de abril en Ercilla, lo que lo dejó debatiéndose entre la vida y la muerte. Posteriormente, la Fiscalía señaló que el ataque había sido con fusiles de guerra.
El nuevo ataque a un camionero provocó la toma de las rutas por parte de los transportistas entre Arica y La Araucanía, lo que terminó con el ultimátum de la ministra Siches para retirar los camiones de la ruta. Ante el caso omiso por parte de grupos radicalizados, se invocó a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Dos días después, un ataque en Los Álamos que dejó a 30 máquinas siniestradas -el más grande del último tiempo- volvió a poner presión al Ejecutivo.
Inversión de 5 mil millones y agenda en seguridad
El Gobierno entonces arremetió con el anunció una inversión de $5.000 millones para seguridad en la macrozona sur, pero volvió a descartar el estado de excepción: "Hay muchas medidas que tomar antes de llegar a implementar una opción como esta, y consideramos que no permite ni dota a las capacidades locales de algo muy sustantivo", sostuvo Siches tras el anuncio del 29 de abril.
Al día siguiente, y tras participar en una actividad de la Central Unitaria de Trabajadores, el Presidente Boric reiteró su postura: "
el orden público es una derivada gravísima e importante de un problema cultural y político mucho más profundo. Por lo tanto, el pretender que esto se va a solucionar con un estado de excepción, creemos que no es el camino".
Ese problema de fondo fue refrendado por Siches al presentar su agenda legislativa de seguridad ante la Cámara y luego, en el Senado, la idea traía a la memoria el argumento que el Presidente Boric había señalado en varias oportunidades, incluyendo esa conversación con Chile Vamos: no repetir fórmulas que no habían dado resultado.
"Poner a los militares casi seis meses en el territorio no nos solucionó el problema". De hecho, sostuvo que la medida generó "un efecto globo", traducido en la migración de los eventos a otros territorios, a Los Ríos y Los Lagos. "¿En qué vamos a terminar, en un estado de excepción nacional de forma permanente?", sostuvo Siches ante la comisión de Seguridad Pública.
Polémica por las cifras de la violencia
"
Durante todo el tiempo que estuvo el estado de excepción, subió en 400% la violencia, por lo tanto, no parece ser la solución", dijo la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, a
EmolTV a fines de abril.
Los dichos desataron la polémica y abrieron fuertes cuestionamientos, incluyendo al ex titular del Interior, Rodrigo Delgado, quien le pidió "
precisión en las cifras", y afirmó que durante el estado de excepción, los hechos de violencia habían disminuido un 45%.
Esto obligó a que la ministra, matizara sus dichos y posteriormente aclarara que ese nivel de aumento apuntaba al periodo entre 2017 y 2021. Una vez corregidas las cifras, la ministra Siches volvió a utilizar este argumento ante el Senado para "no repetir la fórmula".
"Es de suma relevancia para nosotros, no hacer lo mismo que hace cuatro años hizo que aumentara la violencia en un 400%, yo se los dije el otro día cuando expusimos en la sala del Senado: no nos pidan hacer lo mismo que no ha rendido frutos", sostuvo entonces.
Uno de los últimos hechos de violencia en la macrozona sur ocurrió el pasado jueves, y habría sido protagonizado por el mismo grupo y fue doble: primero, atacaron el retén de Quidico -donde una mujer y su hija resultaron heridas por perdigones- y continuaron con la quema del Hotel de Fernando Fuentealba, presidente de la Asociación Chilena de Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur.
