"Nosotros queríamos dar una señal como Ejecutivo de que queríamos actuar rápido, por eso hemos generado un decreto lo más acotado que nos permite la legislación, para poder cumplir con esta garantía de seguridad en la zona", dijo este martes el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, defendiendo la decisión que tomó ayer en la noche el Ejecutivo junto con los presidentes de los partidos oficialistas de decretar un estado de excepción "acotado" en la macrozona sur.
En ese contexto, el secretario de Estado fue enfático en recalcar que "el anuncio va particularmente en tres líneas y todas ellas
orientadas para poder garantizar el bienestar y la seguridad de las personas en las regiones de Biobío y también La Araucanía", mencionando el aumento del presupuesto de la Conadi, la creación del ministerio de los Pueblos Indígenas, la inversión de 400 mil millones "en materia de pobreza y desigualdad", y el diálogo con la ONU para generar buenas políticas públicas.
En ese último punto, Jackson mencionó que el día de ayer se realizaron todos los trámites para hacer una solicitud formal a la organización internacional.
De todas maneras, el ministro recalcó las resoluciones que lograron convencer al oficialismo para decretar estado de excepción: "Siempre bajo todas las medidas de uso de la fuerza y también de protección a los derechos humanos que para nosotros va a ser prioritario".
¿En qué queda el proyecto de estado intermedio?
Ni en la oposición ni el en oficialismo estaban los consensos para el proyecto llamado "estado de protección y resguardo" que quería proponer el Gobierno.
"Como Ejecutivo, en un comienzo habíamos pensado que era mejor tener una nueva modalidad de los estados, en este caso, de resguardo y protección de rutas. Sin embargo, nos dimos cuenta al conversar con las distintas bancadas que esto, además de demorarse más tiempo, podía demorarse más tiempo en generarse los consensos para esa nueva modalidad, lo que iba a generar también es un aplazamiento", mencionó Jackson al respecto.
