La Comisión Informadora rechazó la procedencia de la AC contra el excanciller, Andrés Allamand.
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Los argumentos de los diputados acusadores -ya que no llegó ninguna de las otra autoridades invitadas- no convencieron a los diputados integrantes de la comisión informante de la acusación constitucional en contra del ex ministro de RR.EE., Andrés Allamand.
"No había antecedentes suficientes para poder tomar una determinación de recomendarle a la Sala de la Cámara de Diputados que fuese aprobada la acusación", dijo el presidente de la instancia, Jaime Araya (Ind PPD), quien emitió su voto de abstención.
A él se sumó Jorge Brito (RD) y Catalina Pérez (RD). Esta última aseguró que "si bien concordamos en la responsabilidad política que existe por parte del gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, fue sumamente complejo determinar la responsabilidad en los hechos alegados en la acusación respecto del ex canciller".
El otro integrante, Cristián Labbe (UDI) votó en contra, a quien se hubiera sumado el diputado Andrés Celis (RN) -quien había manifestado su voluntad este lunes-, pero que no asistió por problemas de salud.
"Podría eventualmente haberse antepuesto su interés personal en sus negociaciones para llegar a ser secretario general iberoamericano".
Jaime Araya (Ind PPD)
"Llamaba la atención que no se invocó como causal de acusación constitucional la eventual infracción a las normas de probidad en que podría haber incurrido don Andrés Allamand", mencionó Araya, toda vez que "podría eventualmente haberse antepuesto su interés personal en sus negociaciones para llegar a ser secretario general iberoamericano, evadiendo sus labores como canciller y por lo tanto anteponiendo su interés personal a lo que era el interés de nuestro país".
Oficio a Relaciones Exteriores
A pesar de no lograr establecer las responsabilidades específicas por lo que se le acusaba a Allamand, el diputado Brito y la diputada Pérez informaron que oficiarán al ministerio de Relaciones Exteriores, y luego enviarán esa información a Contraloría y Fiscalía para investigar una posible constitución de delito por parte del ex canciller.
"Quedaron varios hechos que a nosotros nos sientan la duda razonable de la necesidad de requerir nuevos antecedentes para que se evalúe la legalidad de los actos administrativos que dieron lugar a la ausencia del país del ex canciller desde el 28 de enero en adelante, junto con las eventuales conversaciones en paralelo, siendo el ministro de relaciones exteriores para optar a un cargo en un organismo internacional que podrían eventualmente constituir una negociación incompatible", dijo Pérez.
Mientras que Brito agregó que "es importante para nosotros que el rol de fiscalización no se limite solo a las acusaciones constitucionales y es por eso que vamos a seguir con los oficios de fiscalización en este caso".
