"No es posible que la coalición inicial de gobierno ponga palitos al Presidente", dijo la vicepresidenta del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, en medio de la reunión que organizó ayer el Gobierno para terminar de consensuar la decisión de decretar un estado de excepción de emergencia en la macrozona sur.
El episodio, a juicio de varios presentes, evidenció la tensión que generó al interior de Apruebo Dignidad la determinación del Presidente Gabriel Boric de enviar a las FF.AA. a las provincias de Arauco y Biobío más la Región de La Araucanía, la cual fue resistida en todo momento por la mayoría de esa coalición.
En efecto, hasta último momento, el
PC y el
FA mantuvieron su reticencia a apoyar una medida que históricamente han rechazado. El tironeo de parte de ambas partes motivó también la protesta de sus socios del Socialismo Democrático, que lamentaron que después de dos semanas y media de conversaciones se llegó al mismo punto inicial.
A ello se sumó la molestia por el trato privilegiado que tuvieron los comunistas en todo el proceso de dialogo. A juicio del PS, PPD, PL y PR, el Ejecutivo otorgó espacios de conversación exclusivos para el PC, acusando que incluso suspendieron la tradicional reunión junto al comité político de este lunes para acoger sus planteamientos.
El reclamo del bloque se sustentó en la reunión que sostuvo el líder de la colectividad, Guillermo Teillier, con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pasado el mediodía de este lunes, instancia en la que la autoridad le habría adelantado el camino que adoptaría La Moneda para reforzar la seguridad en el sur del país.
En el encuentro de la noche, tras el cual la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció la determinación final del Gobierno de decretar un estado de excepción "acotado", varios presentes reconocieron que "fue una reunión tensa, con mucha recriminación", debido a la falta de respaldo del PC y el FA a las propuestas del Ejecutivo.
El mapa de las posturas
En el Socialismo Democrático criticaron que Apruebo Dignidad (AD) "no es capaz de dar soporte" a la administración de Boric, junto con recalcar que la presión que aplicaron denota una "incapacidad política" que traerá consecuencias para el Gobierno no solo en materia de seguridad, sino que en otros desafíos que restan por abordar.
Asimismo, destacaron que a diferencia de AD, ellos siempre apoyaron la idea de enviar una reforma que creaba un estado de excepción constitucional intermedio y que abogaron por tomar una definición rápida al respecto, dada la crítica situación que se vive en las zonas que poseen territorios reclamados por el pueblo mapuche.
Al interior de AD, si bien hubo rechazo generalizado, también hubo sectores que se abrieron a llegar a un acuerdo, sobre todo entre los parlamentarios que son más cercanos al jefe de Estado. En el caso del PC, quien llevó adelante esos intentos fue
la jefa de bancada, Karol Cariola, quien medió entre sus compañeros y La Moneda.
Al interior del comité parlamentario comunista existieron voces que no cambiaron de postura, como las de los diputados Matías Ramírez, Marisela Santibáñez, Carolina Tello y Lorena Pizarro, entre otros, que buscaban impedir el regreso de las fuerzas militares a la macrozona sur. Con todo, el sentimiento tras el anuncio es de resignación, dicen.
En Convergencia Social, si bien los diputados Gonzalo Winter y Diego Ibáñez, quienes mantienen estrecho contacto con Boric, se cuadraron con el Gobierno, la postura de la colectividad fue una de las más criticas al interior del Frente Amplio, en un escenario que se asimiló a lo ocurrido con la decisión del Mandatario en el Acuerdo del 15-N.
En Revolución Democrática (RD), en tanto, hubo mayor apertura que sus socios, pero también contaron con legisladores que se opusieron a la militarización del Wallmapu, como califican desde la izquierda a la decisión de decretar estados de excepción. Jorge Brito, Ericka Ñanco y Maite Orsini fueron las principales voces en contra.
Otros diputados, como Catalina Pérez, buscaron llegar a consensos, sobre todo considerando que una de sus militantes, la delegada presidencial en la Región del Biobío, Daniela Dresdner, abogó expresamente por la necesidad de solicitar apoyo militar para el control del orden público en su zona.
