"Se acordó, en particular, pagar sobornos directamente o a través de operadores intermediarios, y que el monto de dichos sobornos se calcularía a partir de un porcentaje del valor de los contratos respectivos, en los casos de licitaciones de corto plazo, y en montos fijos por luminaria instalada, en los casos de proyectos a largo plazo. Estos sobornos eran visados, antes de su pago, por el imputado León Marcelo Lefort, y excepcionalmente por el imputado Ricardo Rodríguez", estableció la fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla, en la investigación del denominado caso LED, donde presentó acusación hoy, tras dos años de pesquisas.
Para Lefort la fiscalía pide una pena de 28 años, y para tres de los ejecutivos de la empresa a la fecha de los hechos, más un exfuncionario del Ministerio de Energía, 11 años, respectivamente (ver recuadro).
Según la persecutora, se determinó el pago de sobornos y la existencia de una asociación ilícita, encabezada presuntamente por Lefort, en distintos municipios del país. Todo en el marco del plan presidencial de 2014, denominado "Programa de Recambio de Alumbrado Público para Municipios", que contemplaba concursos para el financiamiento de 200 mil luminarias.
Fueron seleccionados 85 municipios con "una asignación de recambio de 130.000 luminarias, comprometiéndose la ejecución hasta el año 2017 atendida la disponibilidad presupuestaria existente en ese momento", explican en la acusación.
También que "las adquisiciones derivadas del programa como de las otras fuentes de financiamiento operarían mediante licitaciones, por lo que la ejecución de las respectivas actividades estaría a cargo de empresas privadas, entre las que se encuentra la empresa Itelecom Holding Chile SpA y otras vinculadas a aquella".
Mecanismos usados y uso de facturas falsas
El Ministerio Público, además, concluye que se usaron distintos mecanismos para obtener dinero en efectivo para el pago de sobornos.
“En el contexto señalado —reseña la acusación—, a partir del año 2016, los imputados antes mencionados, de manera concertada decidieron, como política de la empresa, ofrecer sobornos a funcionarios públicos con el objeto de asegurar la adjudicación de licitaciones públicas vinculadas a la instalación de luminarias LED a lo largo del país”.
"A partir del año 2018 el imputado Lefort estableció, como otra forma de generar dinero efectivo, la utilización de facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados de distintas empresas, entre las cuales se encontraban la empresa GLH ingeniería, cuyo dueño es el imputado George Latrille y la empresa José Hidalgo Servicios Parking E.I.R.L., cuyo dueño es José David Hidalgo . Es así que los imputados Lefort y Latrille, por un lado, y Lefort e Hidalgo por otro, a sabiendas que el dinero iba destinado al pago de sobornos de funcionarios públicos, se concertaron para elaborar una operatoria de generación de dinero efectivo”, agrega el documento.
Sin perjuicio de haberse presentado acusación contra un grupo de imputados en el caso, todavía hay distintas aristas, vinculadas a municipios de la Región Metropolitana, entre otros, desformalizadas y cuya investigación continúa.
Detalle de penas efectivas solicitadas
En concreto, la fiscalía pidió 28 años de cárcel contra Marcelo Lefort por soborno (10 años), lavado de activos (5 años), delito tributario (5 años), declaración maliciosamente incompleta o falsa (3 años ) y asociación ilícita (5 años).
En tanto, para Pedro Guerra, ejecutivo de Itelecom en el período que se pesquisa, solicitó 8 años de cárcel años por soborno (5 años) y lavado de activos (3 años).
En el caso de Leonardo Bustos, también exejecutivo de la empresa, 11 años de cárcel, acusado de soborno (5 años) lavado (3 años) y asociación ilícita (3 años).
Ricardo Rodríguez, otro ejecutivo de la firma en la época, fue acusado de soborno, lavado de activos y asociación ilícita, arriesgando una pena de 11 años.
El exfuncionario público Paul Pacheco, del Ministerio de Energía, se expone a 11 años. Fue acusado de cohecho y violación de secreto, más otros delitos tributarios y lavado de activos.
Igualmente fue acusado el particular Rogers Mariangel, por soborno (541 días), y Francisco Melo, exalcalde de Negrete, por cohecho y violación de secreto (8 años). Se suma David Encina, exfuncionario de ese municipio, quien enfrenta cargos por cohecho (541 días) y violación de secreto (3 años).
El exasesor de la Municipalidad de Chillán, Marcelo Campos, fue imputado por cohecho (10 años) y los exfuncionarios del mismo municipio, Ricardo Vallejos y Víctor Sepúlveda, por idéntico delito. Estos últimos arriesgan una pena de 10 años de cárcel.
El empresario Víctor Amado, por su parte, fue imputado por soborno (5 años); el también empresario, George Latrille por soborno (5 años), facturas falsas (5 años) y asociación ilícita (3 años). Finalmente, Javiera Correa por lavado de activos enfrenta 541 días y José Hidalgo por facturas falsas arriesga 3 años y un día.
