Sobre la base de una denuncia presentada por el Ministerio del Interior del gobierno anterior, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía sigue una investigación desformalizada en contra del líder de la CAM, Héctor Llaitul.
Quienes conocen los detalles de esta indagatoria descartan que se puedan incorporar los nuevos dichos del activista mapuche llamando a "organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche" mientras el gobierno del Presidente Boric evaluaba decretar un estado de emergencia acotado en la macrozona sur, pues explican que cada caso requiere de la acción penal del Gobierno por Ley de Seguridad del Estado, con una querella o denuncia en particular.
La ministra del Interior, Izkia Siches, justificó la decisión de la actual administración de no actuar judicialmente contra Llaitul señalando que ya está siendo investigado por el Ministerio Público y que "en esta materia existen ya varias denuncias y querellas disponibles". Por su parte, el subsecretario de la misma cartera, Manuel Monsalve, indicó que el Ejecutivo podría "aportar antecedentes" de ser necesario.
Otras convocatorias para "uso de violencia"
La investigación que lidera la Fiscalía de La Araucanía surge a raíz de una denuncia presentada por la administración de Sebastián Piñera en 2020. Los hechos ocurrieron el 8 de enero de ese año en el marco del veredicto que se leyó en contra de Daniel Canio Tralcal por diversos delitos como incendio, robo y porte de arma.
En el lugar "Héctor Llaitul Carrillanca, quien asistió como público a la audiencia, quien es reconocido, como líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), hizo declaraciones a los medios de comunicación social que se encontraba en el lugar, en relación al veredicto dictado en contra de Daniel Canio Tralcal, señalando que éste se encontraba en una prisión política, para luego efectuar un llamado y promoción a métodos que suponen el uso de la violencia y comisión de delitos, a fin de desconocer el fallo judicial referido y afectar las actividades forestales en la zona", señala la denuncia.
Y agrega que "Llaitul aseguró que la respuesta en contra los responsables de este juicio se viene, señalado que: ‘Es una condena política, de persecución política al pueblo o nación Mapuche a sus representantes más legítimos, los weichafes’. Para a continuación hacer un llamado a las comunidades a ‘estar activos en relación a lo que es la confrontación principalmente en contra las empresas forestales que estuvieron detrás de este juicio’, pues a su juicio son estas quienes habrían presionado a las autoridades judiciales, del Ministerio Público y políticas para llevar a cabo el y condenar a Daniel Canio".
El documento también señala que "se trata de una condena política y que ‘la respuesta se viene’; y que se iba a activar de manera contundente ‘todos los proceso de reivindicación territorial y política’, como el ‘control territorial y las recuperaciones de tierra’ y que ‘las acciones van a continuar’, definiendo estas ‘como respuesta y resistencia al capitalismo’ y que desde el momento que se condena a Daniel Canio ‘no habrá un solo día de descanso, respecto de lo que son las acciones de nuestros weichafes’".
Gobierno anterior analizó mensajes como delitos
A lo que se sumaron “en redes sociales el mismo día del veredicto, particularmente en la página de Facebook, de radio Kvrruf3 , un video en el que aparece el señor Llaitul, efectuando nuevas declaraciones en un tono más agresivo e incitador a cometer hechos delictivos”.
La denuncia de Interior agrega otros dichos como “hoy día nuevamente hemos asistido a estos tribunales de mi…’, cuestionando el trato de los tribunales y de la autoridades al pueblo o nación mapuche, para luego efectuar una amenaza directa al orden público señalando ‘después no se quejen de las acciones de resistencia (…) nosotros vamos a responder como organización todos los días que nuestros peñis estén en la cárcel’”.
Y finaliza solicitando que se investiguen delitos contra la seguridad y el orden público: “En este contexto, estimamos que los hechos denunciados en la presente denuncia conllevan un mensaje para destruir, inutilizar paralizar, dañar o interrumpir actividades productivas como la forestal, junto con producir y comunicar, miedo y violencia, no sólo a quienes se desempeñan en dicho ámbito, sino que además a los habitantes de las zonas donde se desempeñan estas actividades y se relacionan con estas, en la región de La Araucanía”, indicaron.
"Tormenta de Fuego"
Una causa que marcó un precedente en este tipo de investigaciones fue el llamado a una "tormenta de fuego" en la zona. La investigación se realizó en 2014 contra Salvador Penchulef, en el marco de una denuncia por Ley de Seguridad del Estado.
Si bien fue acusado y llevado a juicio, con una pena estimada de 5 años de cárcel, fue absuelto por el Tribunal de Juicio Oral de Temuco.
Se buscaba condenar a Penchulef por sus dichos por redes sociales: "Se viene el verano weichafes, toda la gente del Wallmapu a prepararse para erradicar estas malditas forestales en una sola acción de tormenta de fuego en el Wallmapu".
