Una Constitución debe limitar el poder, permitir el desarrollo de la política, pero también ser expresión de su realidad. Tiene que fijar las reglas para que la política se exprese en proyectos políticos diversos, siendo la ciudadanía la que define qué proyectos se ejecutarán y cuáles no. Es un continuo adecuatorio entre texto constitucional y los cambios societales, permitiendo la conciliación entre estos.
Reflejo de esto es que el proceso constitucional chileno ha vivido una mutación en la necesidad de una nueva Constitución. Desde el paradigma dictadura/democracia al paradigma continuidad/modernización constitucional. Se produjo un paso desde que la nueva Constitución es una reacción a la Constitución de la dictadura militar a que la Constitución debe representar los cambios que la sociedad chilena ha experimentado en las últimas décadas.
El
proceso constituyente de la expresidenta Bachelet de 2016 se sostuvo en este cambio de paradigma. El diagnóstico fue que el texto constitucional debía expresar los cambios políticos, sociales y culturales que Chile venía experimentando, ello, sostenido en una coyuntura de crisis de confianza en las instituciones. Si miramos sus resultados, las personas priorizaron valores como la justicia, la igualdad, la democracia, el respeto a la naturaleza, la descentralización y derechos como la educación, la salud, la igualdad, el salario equitativo, la vivienda y la seguridad social. Los deberes preeminentes fueron el respeto a los derechos humanos, la protección y conservación de la naturaleza, el respeto a la Constitución y, en instituciones, los plebiscitos, el Congreso, el defensor del pueblo y gobiernos regionales, entre otros. En el proceso participativo indígena priorizó el reconocimiento constitucional, la plurinacionalidad, el derecho a la tierra, territorios y recursos, el consentimiento previo e informado, entre otros. Es por eso que el hoy famoso proyecto de nueva Constitución de la expresidenta fijó como ejes nucleares el Estado social y democrático, un sistema de derechos de protección universal, un presidencialismo atenuado sin supra quorums, el reconocimiento de los distintos pueblos indígenas, la reformulación del Tribunal Constitucional, entre otras cuestiones.
En las propuestas de los candidatos(as) y de los 155 electos a la Convención existió coherencia con lo anterior y también nuevos temas. Los principales valores propuestos son la democracia, el principio ecológico y el principio feminista; pasar de una forma de gobierno hiperpresidencialista a un régimen de colaboración entre Ejecutivo y Legislativo. Los derechos sociales fueron el núcleo central ligado al derecho al trabajo, a la educación, a la salud, la seguridad social y la vivienda, con preferencia de provisión estatal más la necesidad de su protección. También aparecen nuevos derechos, en especial, el derecho al género y diversidad sexual, al medio ambiente, a los recursos naturales en especial los hídricos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a la cultura y a la ciencia. A ello se suma la necesidad de descentralización política, administrativa y financiera; y el reconocimiento de los pueblos indígenas, la plurinacionalidad, participación, autonomía, los derechos culturales, la propiedad indígena y los recursos naturales.
¿Qué nos propone el borrador de texto constitucional? Un Estado social, democrático, plurinacional, intercultural y ecológico. El modelo va en la línea de lo que las personas priorizaron y lo que la política constitucional ha venido mostrando en estos años. La democracia paritaria como expresión de una igualdad real entre mujeres y hombres; el Estado plurinacional como una fórmula política de convivencia con los distintos pueblos indígenas; el Estado regional que es, básicamente, un Estado altamente descentralizado; un presidencialismo atenuado bicameral; el énfasis en los derechos sociales ligado a la idea de Estado social; un modelo económico que tendrá que conciliarse con la protección de la naturaleza, y una democracia que complementa representación con participación.
Hay una intensidad y una priorización propia del proceso constituyente y de la particular composición de la Convención (sobre lo cual podemos tener opiniones diferentes), pero la estructura constitucional es reflejo de esos cambios que hemos experimentado. Es difícil afirmar que esos ejes temáticos, en general, no son la nueva Constitución de Chile.
Ahora bien, el desafío de lo que viene no es menor. La propuesta de texto deberá aterrizar en un sistema político y social distinto al hábitat de la Convención, debiendo generar legitimidad política y social fuera de ella. Esto requerirá un ajuste entre la política constituyente y la política regular. La nueva Constitución pervivirá si logra hacer ese ajuste. Si aquellos que están fuera de la Convención se apropian de sus contenidos y se genera un compromiso constitucional de futuro. Esto, seguramente, requerirá de reformas al texto que permitan conciliar los cambios experimentados, la propuesta constitucional y el sistema político regular.
