El jefe de bancada de
diputados de la UDI, Jorge Alessandri, junto al diputado Juan Antonio Coloma, anunciaron que la próxima semana entregarán una carta al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson.
El objetivo es
solicitarle formalmente que suspendan las asignaciones para personal de apoyo que tienen todos los convencionales que no están integrando las tres comisiones especiales, y que por lo tanto terminaron con sus funciones la semana pasada.Al respecto, los parlamentarios gremialistas recordaron que de los 155 integrantes de la Convención Constitucional, sólo 88 forman parte de las comisiones de Armonización (40), Normas Transitorias (33) y Preámbulo (15), por lo que no se justificaría mantener el pago de asesores para los restantes 67 constituyentes, lo que -de acuerdo con sus cálculos-
bordearía los $160 millones al mes.
"En momentos donde urge resguardar cada uno de los recursos públicos para así ir en ayuda de quienes más lo necesitan, es indispensable que la Segpres, como órgano que presta un apoyo técnico y financiero a la Convención, suspenda las asignaciones para el personal de apoyo de los 67 constituyentes que no están participando de ninguna de las tres comisiones y que, por lo tanto, ya terminaron su labor en el proceso", señalaron los diputados UDI.
Además, reiteraron que "estamos hablando de cerca de $160 millones mensuales por un total de 229 asesores que están contratados, pero cuya función hoy no se justifica en lo absoluto".
Por lo mismo, Alessandri y Coloma adelantaron que le harán llegar a la Segpres dicha información, advirtiendo que si no se adopta una medida concreta "estaríamos financiando con recursos de todos los chilenos a muchos asesores que, probablemente, hoy ya estén dedicados sólo a hacer campaña".
"Si no se adopta una decisión concreta y de manera oportuna, el Gobierno va a tener que salir a explicarle a todos los chilenos por qué durante el mes de junio gastarán cerca de $160 millones en asesores que no tendrán ningún tipo de carga laboral, más que hacer campaña por la opción que ellos prefieren. Los chilenos, con sus propios recursos, no pueden estar financiando a operadores territoriales, y es deber del Gobierno garantizar que aquello no ocurra", insistieron los parlamentarios gremialistas.
