El borrador de Constitución podría reformarse por 2/3 en el actual Congreso si prosperan las indicaciones formuladas por la izquierda.
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Los convencionales de izquierda y centroizquierda de la Comisión de Normas Transitorias alcanzaron varios acuerdos sobre las normas que fijarán la transición entre constituciones, en caso de que gane el Apruebo en septiembre, y uno de ellos fue definir que, para reformar la nueva Carta Magna, el Congreso actual tendrá que hacer las modificaciones por quórum de 2/3.
El texto en concreto dice que "las normas de Reforma a la Constitución establecidas en esta Constitución entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026. Durante la presente legislatura, los proyectos de reforma constitucional serán aprobados con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y diputadas y senadores en ejercicio".
Este es, de hecho, el quórum con el que se fijaron las principales reglas de funcionamiento de la Convención -duramente criticadas por la izquierda- y también es el quórum necesario para modificar la actual Carta Magna en algunos puntos centrales, incluyendo la posibilidad de la "tercera vía".
La propuesta forma parte de uno de los documentos ingresados en conjunto por MSC, Frente Amplio, Colectivo Socialista, Pueblo Constituyente, INN, Coordinadora Plurinacional, Chile Digno, otros independientes y escaños reservados. De la centroizquierda, los únicos que no acudieron a la firma fueron los representantes del Colectivo del Apruebo.
El fin de los senadores y la Comisión de Implementación
Los convencionales también acordaron que el actual Congreso terminará en 2026, lo que implica que los senadores que recién fueron electos por un mandato de 8 años tendrán que abandonar sus cargos a mitad del período.
No obstante, los senadores podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las Regiones que se realizará en 2025. Y además, se les "reiniciará" la cuenta de los mandatos ya transcurridos, porque si fueran electos en la Cámara de las Regiones, el período 2026-2030 sería el primero en ser contabilizado.
Asimismo, se tomó la sugerencia del documento elaborado por el Ejecutivo que planteaba una "Comisión de Implementación", que será convocada por el Presidente en el mes siguiente a la entrada en vigencia de la Constitución.
Se tratará de un órgano paritario, "contará con participación de diversos sectores de la sociedad, incluyendo pueblos indígenas" y tendrá como objetivo "diseñar propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas orientadas a la implementación de las normas constitucionales en sus aspectos legales y administrativos, así como proponer mecanismo de evaluación y monitoreo del proceso de implementación de la nueva Constitución".
Derechos sociales
Además, representantes de los mismos colectivos establecieron que el Presidente deberá presentar los proyectos de ley sobre el Sistema de Seguridad Social y Sistema de Cuidados en 12 meses desde entrada en vigencia la Constitución; Sistema Nacional de Salud en 18 meses; y Sistema de Educación Pública y Sistema Integrado de Suelos Públicos en 24 meses.
La tramitación de esos proyectos en el Poder Legislativo deberá concluir en un plazo "no superior a 2 años" desde su presentación.
Un punto relevante sobre salud es que en las transitorias se fijó que "en el plazo de 4 años contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución, de no haberse determinado el órgano público encargado de la administración de los fondos del Sistema Nacional de Salud, se entenderá que estos serán administrados por el Fondo Nacional de Salud".
Esta y otras indicaciones deberán votarse el viernes en la comisión, y solo las que sobrepasen el quórum de 3/5 (19 votos), llegarán al pleno. Allí, todo lo aprobado se votará por 2/3 y lo que no logre ese respaldo volverá a la comisión para un segundo y último informe.
Si estas disposiciones se aprobaran en el pleno, se integrarían inmediatamente al borrador de nueva Constitución.
