Partió oficialmente el debate en la Comisión de Normas Transitorias de la Convención y durante esta jornada los constituyentes abordaron el futuro de los senadores, la regla de 2/3 para reformas de la Constitución hasta 2026, los decretos con fuerza de ley y los "incentivos" al Congreso para que legisle ciertos proyectos.
Aquellos son los puntos más complejos que tendrá que votar esa instancia hoy desde las 18:00 y mañana, y si bien los mismos convencionales pronostican que mucho de ello se aprobará en la comisión -necesita 20 votos-, hay serias dudas sobre lo que suceda en el pleno.
El quórum de 2/3 se vislumbra como una de las discusiones más difíciles, puesto que si bien varios de los convencionales presentes firmaron la propuesta, hoy hay dudas sobre la viabilidad política que tenga en el pleno.
En concreto, la propuesta es que todas las reformas a la Carta Magna durante este periodo legislativo se hagan por un quórum de 2/3 , lo que es más exigente incluso que la regla actual para estas modificaciones. En tanto, desde 2026 entraría en vigencia el capítulo completo del Poder Legislativo, por lo que allí se aplicarían las nuevas fórmulas para estos cambios.
"Los 2/3 no corresponden porque estamos combatiendo candados que tiene la Constitución vigente, pero que no podemos reemplazar con candados nuevos. Tenemos que tener un quórum alto, pero no de 2/3, porque inherentemente habrá materias que se deberán reformar en su aplicación para que sean concretadas de manera más eficiente", opinó Javier Fuchsloyer (INN), integrante de la comisión.
"Ejercer los 2/3 en materias que ni siquiera en la actual Constitución se establecen así es una posición arbitraria y demuestra un pánico escénico de los convencionales de que pueda modificarse el texto que ya fue aprobado en borrador", comentó Raúl Celis (RN).
En tanto, desde el Colectivo Socialista afirmaron que hay que buscar un balance entre la posibilidad de "desmantelar" la Constitución y dejarla inmóvil. No obstante, aseguraron que votarán a favor esta tarde.
"Esto tiene que pasar primero la comisión y luego el pleno, y mirando las opiniones de los distintos colectivos, seguramente esto volverá a la comisión para una nueva discusión. En la comisión votaremos a favor, sin perjuicio de que cada uno de los colectivos tiene que hacer el estudio de este tema y pronunciarse en el pleno", respondió César Valenzuela (Col. Socialista).
Sobre los senadores, los convencionales de izquierda y centroizquierda proponen que el mandato de los que fueron recién electos concluya en 2026, y luego puedan ser candidatos a la Cámara de las Regiones o al Congreso de Diputadas y Diputados, sin que se les computen los períodos anteriores para efectos del límite a la reelección.
Esta decisión generó mucha resistencia entre varios de los senadores que están actualmente en el cargo, y de hecho fue criticada por el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde. No obstante, en la comisión se trata de una postura mayoritaria y tiene un pronóstico similar para el pleno.
Los DLF y otros "incentivos"
Otro de los temas que tendrá que definir la comisión es qué hacer para que el Congreso legisle aspectos específicos de la nueva Constitución. Por ejemplo, sobre el Consejo de la Justicia, los convencionales que consensuaron las indicaciones acordaron que, en caso de que transcurran 2 años desde entrada en vigencia la Carta Magna y no se legisle el proyecto que regula sus funciones, se promulgará el mensaje presentado por el Ejecutivo.
A pesar de las críticas, la propuesta es defendida por los colectivos que la firmaron. Por ejemplo, Jaime Bassa (FA) aseguró hoy que "la regla no busca saltarse al Legislativo. Nos parecía importante no darle la competencia al Presidente, sino apurar la tramitación legislativa y tener una regla por defecto en caso de que la tramitación legislativa no sea concluida oportunamente".
En tanto, sobre las leyes electorales se estableció darle mayores atribuciones al Servel para dictar las "normas e instrucciones necesarias" que permitan el sufragio de personas de 16 y 17 años, en caso de que no estén promulgadas las modificaciones necesarias a la legislación electoral un año antes de la próxima elección.
También hay decretos con fuerza de ley: uno para seguridad social y otro para normativas de vivienda. Este último dice que el Presidente tendrá que presentar un proyecto de ley integral sobre vivienda y urbanismo en 18 meses desde entrada en vigencia la Constitución, y si expira el plazo sin legislación, "se facultará al Presidente de la República para que vía decreto con fuerza de ley se adecúe la normativa aprobada".
"No es una propuesta de consenso, fue indicada por otros colectivos y no estamos por esa alternativa. La vamos a votar en contra", contestó Tomás Laibe (Col. Socialista).
Asimismo, la comisión tendrá que pronunciarse sobre la propuesta que consensuaron los escaños reservados para ejecutar el derecho a la restitución de tierras que está en el cuerpo permanente del borrador de Constitución.
Sobre esto, se propone que el Presidente convoque por decreto a una "Comisión Territorial Indígena", garantizando su debido financiamiento estatal, infraestructura, asistencia técnica y administrativa.
Esta estará compuesta por integrantes de los pueblos originarios, representantes del Estado y personas de "reconocida idoneidad", nombrados por el Mandatario. Funcionará por 8 años, renovable por cuatro años más, y tendrá por objeto "elaborar catastros y establecer mecanismos concretos de solución, planes, políticas y programas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas".
