“¡Justicia, verdad, no a la impunidad!” gritaron los diputados de distintas bancadas de izquierda –en su mayoría comunistas- luego de la aprobación, en la Sala de la Cámara, del proyecto que modifica una ley para excluir de beneficios carcelarios, llamados de reinserción social, a quienes estén condenados por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
"Excluir a los genocidas violadores de derechos humanos de beneficios y particularmente de la libertad cuando ya han sido condenados, tiene que ver con un país y este poder del estado, que se empieza a hacer cargo de esa deuda que aún existe para que nunca más sea una realidad", dijo la parlamentaria comunista, Lorena Pizarro, quien además es desde 2003 la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
La diputada recalcó que la aprobación del proyecto –
que ahora pasará al Senado- es una gran noticia para la causa de la verdad y la justicia para la garantía de no repetición, pero además incluyó: "Volvimos a vivir terrorismo de estado a partir del levantamiento popular del 18 de octubre. Y que lo digan también en el Wallmapu: la existencia de presos y presas políticas".
Detrás de ella se manifestó su compañera de bancada, Carmen Hertz, quien aclaró que las tres categorías –genocida, criminal de lesa humanidad y de guerra- "han sido llamados por las naciones unidas como crímenes atroces contra la condición humana y que ponen en peligro la paz y la seguridad mundial".
Asimismo agregó que los tres requisitos para que estos condenados opten a beneficios carcelarios no se han cumplido y aun así los han recibido. Estos son: Colaboración con la justicia, arrepentimiento y reparación y esclarecimiento. "Es sin duda un avance en verdad, en justicia, en reparación, en los presupuestos de garantía de no repetición en un país traumado profundamente por crímenes", agregó.
Por su parte, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, valoró la aprobación del proyecto. "Hemos tenido sentencias muy mínimas favoreciéndose de la prescripción, y ahora quieren favorecerse nuevamente con esta rebaja por buen comportamiento. Lo que dice este Congreso es que ellos no pueden verse favorecidos", mencionó.
Añadiendo que "ellos han cometido delitos que la humanidad considera los más atroces que puede cometer una persona y que tienen que cumplir la totalidad de la condena que hoy día los mantiene en prisión".
De aprobarse en el Senado, las medidas se aplicarían in actum, es decir, al momento en que empieza a regir la ley, quienes estén condenados no podrán beneficiarse por el plan de reinserción social. Sin embargo, no se aplicará a quienes ya cuentan con estos beneficios.
