El mismo día que la Convención Constitucional aprobó la existencia del Estado regional en el borrador de Constitución, en febrero, un constituyente de centroizquierda empezó a alertar en los jardines que habían aprobado una norma muy compleja: un inciso del artículo 7, que habla sobre el derecho a participar en las decisiones públicas de las entidades territoriales, dice que los pueblos originarios deberán dar su "consentimiento" sobre asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en la Constitución.
Ese día, el mismo convencional advertía que la única forma de volver a dar esa discusión en el pleno sería generando una "inconsistencia" en el texto, que la Comisión de Armonización pudiera subsanar.
La inconsistencia, según plantean varios colectivos, efectivamente llegó al borrador.
Lo hizo dos meses después, el 19 de abril, cuando la Convención aprobó el "derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas", que habla de "consulta" y no de "consentimiento".
Por ese motivo, la Comisión de Armonización deberá definir efectivamente si aquello es una inconsistencia, y cómo arreglarla. En primer lugar, los escaños reservados consideran que no hay discusión, porque ambas normas son compatibles.
"Eso es algo que no se puede modificar porque no da cuenta de ninguna inconsistencia, incongruencia, o alguna contradicción. Lo que busca (el consentimiento) es precisamente dar una real participación en la toma de decisiones de las comunidades, cosa que hasta ahora no había ocurrido. La consulta era un mero procedimiento con el que cumplir, pero que no tenía ningún objetivo claro", explicó Rosa Catrileo (pueblo mapuche).
La crítica principal que hacen desde la centroderecha es que se trataría de un "derecho a veto"; pero independiente de ello, el argumento principal para buscar corregir la norma es que eleva el estándar a uno que no está contemplado en el actual ordenamiento jurídico chileno.
"Como ese estándar no pertenece al ordenamiento jurídico vigente en Chile, hemos propuesto que quede el de la consulta indígena, adecuándonos a los estándares y las obligaciones del Estado respecto al Convenio 169 de la OIT. Por eso hay que tomar una decisión, si quedaran ambos estándares, entonces la inconsistencia permanecería y la Comisión de Armonización no habría logrado uno de sus objetivos, que es salvar esas inconsistencias", sostuvo Bárbara Sepúlveda (PC).
Las miradas en los colectivos
Entre quienes están dispuestos a hacer la modificación está el Colectivo del Apruebo, el PC, parte del Colectivo Socialista, e INN. El Frente Amplio está en una posición compleja: la norma del "consentimiento" fue incluso impulsada por la convencional Amaya Alvez, que participó de la Comisión de Forma de Estado, donde se originó el artículo.
"Las reglas no son iguales, porque una dice ‘para las medidas que le afecten’ y la otra dice ‘para las medidas que afecten sus derechos reconocidos por esta Constitución’. No toda medida que los afecte les afecta sus derechos reconocidos.
Entonces, uno podría decir que no hay contradicción, pero también se podría decir que a pesar de eso en esa parte hay una contradicción, hay una diferencia de opiniones", opinó Fernando Atria, de ese colectivo.
Para Francisca Arauna, el consentimiento del que se habla "tiene que ver con el consentimiento de los pueblos con una temática que después se va a enfrentar al consentimiento de toda la nación. Es un consentimiento de ellos que eventualmente podría ser vinculante sólo respecto de algunas materias, pero no para todas las normas, particularmente creo que el foco se va a concentrar en propiedad indígena y el tema de las aguas".
La decisión de Pueblo Constituyente, su colectivo, es apoyar a los escaños reservados en la decisión que ellos tomen. "Hemos trabajado durante este último tiempo en algo que se denomina Bloque Popular y vamos a seguir fortaleciendo este espacio".
Según Ricardo Montero (Col. Socialista), "hay que ver la opción de, en artículos reiterativos, poder subsumirlos en uno. Habría que revisarlo en concordancia con los otros artículos".
En tanto, desde la UDI transmiten que "podría haber una contradicción", pero todavía no tienen una postura sobre una propuesta en esa línea, pues "quiero escuchar todas las argumentaciones. Nosotros hemos dicho desde el día uno que la norma es de las más complejas y equivocadas aprobadas por la Convención, entonces hay que escuchar las argumentaciones", aseguró Rodrigo Álvarez.
Las conversaciones deberán avanzar esta semana, porque la comisión tiene plazo hasta el domingo a medianoche para el ingreso de indicaciones. La próxima semana se pondrán en votación, y solo lo que logre el apoyo de los 2/3 de la instancia llegará al pleno, donde se requerirá el mismo quórum.
