Dentro de los cinco ejes que guiaron el discurso de la primera cuenta Pública del Presidente Boric, los derechos sociales asomaron como prioridad, y dentro de ellos, la educación. Así, el Mandatario abordó medidas asociadas al impacto del retorno tras dos años de pandemia, la educación sexual integral y el reajuste a la beca de alimentación. Sin embargo, uno de los más celebrados
fue la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Así, el Ejecutivo presentará en 2023, una vez aprobada la reforma tributaria, un Plan de Condonación de la Deuda Educativa, "de manera gradual y justa"; y de igual manera, en ese proyecto, buscarán crear un nuevo sistema de financiamiento a la Educación Superior, para terminar con el CAE, el Fondo Solidario y los Créditos Corfo.
Sin embargo, una de las dudas instaladas al respecto es en qué términos se podrá acceder al beneficio de condonación del CAE, como por ejemplo, si será o no de carácter universal o se analizará según las particularidades del caso. Esto, porque el programa de Gobierno incluye en su título "condonación universal de las deudas estudiantiles", a este tipo de financiamiento.
En conversación con Radio Universo, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila recalcó que el CAE "es una muy mala política educativa que tiene hoy día a 1 millón 100 mil personas fuertemente endeudadas en nuestro país, con situaciones bien complejas; que no pudieron completar sus estudios e incluso casos de estudiantes fallecidos cuyas familias han tenido que asumir la deuda".
Los tres ejes de la iniciativa
El titular de Educación, aclaró que la iniciativa del Gobierno "no es un perdonazo", y que la "universalidad" descrita en la promesa de campaña implica que efectivamente es para todos los deudores, pero no en el mismo grado.
Por lo mismo es que se está diseñando un plan para que se pueda implementar bajo tres principios: el primero, es que "todos será beneficiados por esta condonación; cada uno, dependiendo de sus características como deudoras, tendrán algún efecto de este proyecto de ley sobre ellos", y para ello, se establecerán "categorías de deudores", es decir, quienes han podido cumplir con sus estudios, o altos ingresos (sobre $2 millones).
Y es allí donde, según Ávila, se cumpliría la promesa de una medida "justa", puesto que existirá una diferenciación de los deudores según la situación de cada caso.
En segundo lugar, afirmó que debe ser progresivo, debido a que "todos de alguna manera van a ser beneficiados"; y en tercer lugar, de manera gradual, "porque estamos hablando de mucha plata, y probablemente eso no se va a hacer de una sola vez y en un mismo gobierno".
Todos estos aspectos están en revisión por una mesa liderada por la subsecretaría de educación superior, que incorpora a la Dirección de Presupuesto, representantes de los deudores educativos, centros de pensamiento y de estudios de distintas universales.
Asimismo, también se están analizando las fórmulas para calcular el costo que una medida así podría implicar para el fisco. "Puede ser que eso a la larga signifique un ahorro de las arcas públicas respecto de cuanto el Estado está invirtiendo, que es más del 50% de la deuda total, solamente pagando intereses", debido a que el Estado, se hace cargo de una parte de interés de la deuda.
Sin embargo, la autoridad descartó entregar un monto exacto del eventual costo de la medida, y ante los supuestos de que podría llegar a los US$8.000 millones, planteó que "en ningún caso. Ese podría ser el piso. Pero necesitamos hacer la cuenta final y cómo lo vamos a persentar", zanjó.
