El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.
Aton Chile/ Archivo.
Al menos cuatro fiscales han recibido amenazas en el último año en La Araucanía, en medio de lo cual la fiscalía regional confirmó un convenio de colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI) que permitirá gestionar medidas de resguardo para los persecutores, entre otras acciones.
Según consignó este martes el diario El Austral, el documento firmado por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido y el director general de la PDI, Sergio Muñoz, deja constancia de que la policía civil acuerda "colaborar con la generación de estándares de seguridad del Ministerio Público (...) con el objetivo de resguardar a los fiscales y funcionarios del Ministerio Público que se encuentren estrechamente vinculados a las investigaciones relacionadas al fenómeno denominado "Violencia Rural", y cuya integridad física pudiera encontrarse en riesgo en atención al cumplimiento de las funciones propias de su cargo".
"Con el mismo objetivo, se desarrollará una jornada de capacitación orientada a personal civil del Ministerio Público, en temáticas como defensa personal ante un ataque armado, maniobras de seguridad, etcétera", se señala en el acuerdo.
El fiscal regional recordó además que en el último año se han registrado "al menos cuatro" amenazas en contra de fiscales o su entorno familiar, en relación a causas de violencia rural. Amenazas que han aparecido en panfletos, lienzos o rayados dejados tras ataques incendiarios o bloqueos de caminos.
Y si bien Garrido reconoció que al Ministerio Público le preocupan las amenazas, sin embargo, indicó que "son acciones que demuestran que estamos siendo efectivos en la persecución penal, que estamos avanzando en las investigaciones, y no nos van a inhibir de seguir actuando de la manera en que pretendemos perseguir los fenómenos más graves de la violencia rural y de todos los delitos de nuestra competencia".
