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Respuesta a demandas ciudadanas en el borrador provoca dispar evaluación

Diferentes encuestas coinciden en que la ciudadanía, además de exigir derechos sociales, está preocupada por la seguridad, la migración y la inflación. La manera en que la Convención abordó estas materias tiene distintas valoraciones.

11 de Junio de 2022 | 12:49 | Por Equipo de Crónica Constitucional
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El Mercurio
Atender la movilización ciudadana era uno de los puntos base del Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, donde los partidos políticos —salvo el PC— acordaron una salida institucional a la crisis y delinearon los pasos del proceso constituyente.

El tiempo ha pasado, pero las preocupaciones se mantienen similares: delincuencia, seguridad, salud, educación, pensiones, siguen estando en la agenda, aunque ha irrumpido con fuerza la inquietud por la economía y los efectos del aumento de la inflación, la situación migratoria y el narcotráfico.

Considerando los resultados de la última Encuesta CEP, dados a conocer ayer; el sondeo "Chilenas y chilenos hoy" de diciembre de 2021 (Ipsos-Espacio Público), el análisis internacional What worries the world (Qué preocupa al mundo, de Ipsos) y las mediciones periódicas Pulso Ciudadano y Cadem, "El Mercurio" consultó a distintos abogados y expertos en estas materias si el texto de la Convención se hace cargo (o no) de estos temas. Acá sus respuestas.

Impacto en la inflación


El aumento de precios y los sueldos es una de las preocupaciones que ha crecido entre los chilenos: esta semana se dio a conocer que el IPC alcanzó un incremento de 11,5% en 12 meses. Sobre el punto, es clave la regulación para el Banco Central. El borrador de Constitución establece que este "es un órgano autónomo" y que los integrantes de su consejo podrán ser destituidos “conforme al procedimiento que establezca la ley”. Pero además hay una serie de disposiciones que podrían elevar el gasto fiscal (como la ampliación del catálogo de derechos sociales) o nuevas regulaciones en temas como propiedad.

Para Gabriela Clivio, académica de Economía de la UAI, la propuesta "debilita la autonomía del Banco Central” y “no se respeta el derecho de propiedad". Javier Couso, académico de la UDP y la U. de Ultrecht, discrepa y dice que se establece un Banco Central que “no solo es autónomo, sino que constitucionalizó varias de sus tareas” y que tiene "un derecho a la propiedad robusto". Además, destaca el principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal consagrado.

Marcela Peredo, académica e investigadora del observatorio constitucional de la U. de los Andes, explica que en la Carta vigente está "la Constitución económica, que tiene que ver con el derecho a propiedad, la libre iniciativa económica" y que el borrador establece esto último y el derecho a propiedad "levemente protegido".

Corrupción: Avances y dudas


En abril de 2022, la encuesta What Worries the World mostraba que al 24% de los chilenos le preocupaba la corrupción, palabra mencionada siete veces en el texto.

En esa línea, Marcela Peredo (U. Andes) destaca que se busque elevar a rango constitucional el Consejo para la Transparencia, aunque opina que "hay que ver cómo se desarrolla o si se conforma el mismo modelo que conocemos". Orlando Rojas, director ejecutivo del Observatorio de Gasto Fiscal, por su parte, opina que el borrador deja en forma difusa "el control cruzado de entidades del Estado”, mientras que Magdalena Ortega (CEP) resalta que “debería preocuparnos” que, aunque en el borrador se mantiene la facultad exclusiva de ciertos órganos de la administración del Estado de presentar las denuncias y querellas, "se declara que esto no obstará al Ministerio Público para ejercer la acción penal pública en ciertos delitos".

Menos requisitos para ciudadanía


Más difuso es el alcance que podría tener una Constitución en el tema migratorio.

En la Convención se discutió, por ejemplo, incluir el derecho a migrar, que no quedó en el texto final, pero sí aprobaron el derecho al asilo y el principio de no devolución para solicitantes de asilo o refugiados.
Cristóbal Bellolio, académico de la Escuela de Gobierno U. Adolfo Ibáñez, aventura que "quizás si le preguntas a la mayoría de la gente, su demanda en materia de migración es ser más restrictivo", pero señala que no necesariamente "lo que diga la Constitución no determina en la práctica cómo opera el problema".

Para Marcela Peredo (U. Andes), "la novedad podría estar en el tema de la ciudadanía. Para que alguien que llegue a Chile pueda tener la ciudadanía, en la Constitución vigente se requieren cinco años a lo menos, en cambio ahora los requisitos disminuyen". Eso respecto de los derechos políticos, aclara, no sobre el problema migratorio particular. Javier Couso (UDP) señala al respecto que "la llave de la inmigración la controlan en general los gobiernos, no las Constituciones (...). Y me parece adecuado que la política migratoria sea una cuestión que no quede rigidizada".

Las alertas en seguridad


Encerronas, asaltos, portonazos, ataques incendiarios. En las últimas semanas, diversos hechos delictivos han puesto en jaque la seguridad en el país.

Encuestas como Chilenos y Chilenas Hoy (Ipsos-Espacio Público) y la recientemente conocida CEP reflejan que esta es la mayor preocupación ciudadana.

Sobre la materia, para Magdalena Ortega, investigadora constitucional del CEP, uno de los temas que debe ser considerado con cuidado "es la eliminación (en la propuesta de la Convención) de uno de los estados de excepción constitucional que actualmente contempla nuestra Constitución. Me parece que coarta las posibilidades que la institucionalidad le entrega al Ejecutivo para precisamente resguardar la seguridad".

La académica de la UDD Catalina Salem sostiene que en el borrador "hay artículos que se refieren al derecho a vivir libre de violencia, en un sentido general (...) al derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, y en ese punto el Estado tiene el deber de realizar una política de prevención de violencia y del delito", pero hay normas que no están en la propuesta y sí en la Carta vigente,"por ejemplo, el terrorismo", dice.

Pero a juicio de Javier Couso, académico de la UDP, "normalmente, las constituciones no establecen una política en delincuencia. Eso no existe". Agrega que el hecho de que en el borrador las policías "no tengan un carácter militar alinea la Constitución chilena con las democracias occidentales".

Inquietud sobre derechos sociales


Salud, educación y pensiones aparecen en distinto orden, pero se repiten entre las menciones ciudadanas en las diferentes encuestas como temas prioritarios.

Para Julieta Suárez-Cao, académica de Ciencias Políticas UC y miembro de la Red de Politólogas, con la propuesta de Constitución estos teman "toman mayor relevancia porque es un cambio de modelo. Estamos pasando a Estado social de derechos que no es lo mismo que un Estado subsidiario" y afirma que estas demandas que "estaban vinculadas al estallido, están cubiertas".

Sin embargo, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, es crítico y dice que el borrador si bien plantea que "un sistema de salud que sea equitativo, integral, solidario y universal, no se hace cargo de que la gente además solicita un sistema de calidad y oportuno. Además, la gente solicita tener grados de libertad para escoger al prestador".

Respecto de educación, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, opina que la propuesta "representa a un sector del espectro político, pero no responde a una educación de más calidad y cobertura".

Y sobre seguridad social, Catalina Salem (Centro de justicia constitucional UDD), considera que si bien "uno se pregunta qué va a pasar con las AFP, sí sabemos que va a ser un sistema de seguridad social público y que se va a financiar con cotizaciones obligatorias de los trabajadores y de los empleadores, además de las rentas generales de la nación".

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