Una nueva muerte a un Carabinero en el ejercicio de sus funciones ha reavivado el debate por las sanciones que reciben quienes cometen asesinatos contra los funcionarios policiales. Esta vez, el funcionario David Florido Cisterna se convirtió el viernes en el mártir 1.227 de la institución tras ser asesinado de un disparo en su cabeza durante un operativo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Por este asesinato, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció una querella por el delito de homicidio en contra de un carabinero en acto de servicio, "delito que está tipificado en el código de justicia militar, en el artículo 416 y que tiene la pena de presidio perpetuo calificado", afirmó.
"Es lo que merece cualquier persona que se atreva a cometer un delito que termine con la vida de un funcionario de Carabineros de Chile. Las más altas penas que establece la ley. Por eso, creemos que es de enorme importancia que con prontitud se pueda identificar, detener, procesar y sancionar a los responsables de este cobarde homicidio", recalcó.
¿Qué dice en concreto el citado artículo? En el Título II de Disposiciones Especiales Aplicables a Carabineros de Chile, el texto en cuestión señala que "el que matare a un carabinero que se encontrare en ejercicio de sus funciones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado". Es decir, las penas oscilan entre 15 años y un día, a la pena máxima.
Sin embargo, no son pocas las oportunidades en que parlamentarios de centroderecha que han buscado aumentar las penas contra quienes cometan homicidio o lesiones contra funcionarios en ejercicio, aunque hasta ahora no han conseguido un amplio respaldo en el Parlamento, especialmente por la negativa de la ex oposición y actual oficialismo.
Este lunes, en una jornada donde se desarrollará el funeral del funcionario Florido en Quilpué, parlamentarios de la UDI insistieron al Gobierno en que ponga suma urgencia a la ley "Nain 2.0".
Ley Nain
En octubre de 2020 se registró la muerte del cabo segundo Eugenio Nain, quien tenía 24 años y dos hijos. Su asesinato -con un disparo en el cráneo- ocurrió durante un operativo policial en Padre de Las Casas, en la Región de La Araucanía, donde un grupo de personas habían protagonizado un corte con barricadas en la Ruta 5 Sur, a la altura del sector Cantera de Metrenco.
El hecho generó una condena transversal tanto por la muerte de funcionario por las condiciones de seguridad en La Araucanía, zona que hace años arrastra una importante crisis de seguridad. En ese contexto, los
diputados UDI Jorge Alessandri y Osvaldo Urrutia presentaron en noviembre de ese año una Agenda Pro Carabineros, que incluía una ley que buscaba endurecer las penas contra quienes atentaran contra la vida de funcionarios en ejercicio.
Sin embargo, en octubre de 2021 la iniciativa fue rechazada en la Cámara de Diputados por 63 votos a favor, 66 en contra y 6 abstenciones. Los votos en contra incluyeron a la ex diputada y actual ministra de Defensa, Maya Fernández (PS) y al ex diputado y actual ministro de la Segprés, Giorgio Jackson (RD), además de la diputada Natalia Castillo (Ind) y el diputado Gonzalo Winter (CS).
La entonces oposición argumentó su rechazo a la iniciativa acusando de "populismo penal", y enfatizando que las penas a delitos en contra de las policías ya se habían aumentado con anterioridad, por lo que volver a hacerlo rompería la proporcionalidad.
¿Qué señalaba el texto rechazado? En concreto, se establecía eliminar del artículo 416 -aplicable para quien diera muerte a un funcionario en ejercicio de sus funciones- la expresión "presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo", para establecer el "presidio perpetuo calificado".
También se buscaba aumentar penas en caso de distintas lesiones a carabineros, por ejemplo en el caso de quien golpeara o maltratara de obra a un carabinero en el ejercicio de sus funciones y la víctima resultara con algún impedimento, la nueva normativa buscaba "reemplazar el presidio mayor en su grado medio a máximo" por "presidio mayor en su grado máximo".
Además, se incorporaba que "si el delito descrito en este numeral es cometido en el contexto del ejercicio de un derecho constitucional, el hechor no podrá hacer uso de beneficios legales consagrados en la ley 18.216", a lo que se sumaba la pena accesoria de "inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años".
"El crimen perpetrado en contra del carabinero Eugenio Nain Caniumul (Q.E.P.D.) constituye un aberrante atentado en contra de los principios fundamentales de nuestra sociedad, que sólo merece el repudio general de Chile y la aplicación ejemplar de las penas asociadas a este asesinato", señalaba el texto legislativo.
Agenda pro carabineros y ley Nain 2.0
El pasado 9 de mayo, el diputado UDI Henry Leal anunció un reimpulso a la Agenda pro Carabineros tras otro hecho que enlutó a la institución: la muerte del carabinero Breant Rivas, quien falleció durante un procedimiento policial en Chillán luego que vecinos alertaran la presencia de dos sujetos con conductas sospechosas, ambos eran menores de edad.
El funcionario tenía 23 años y llevaba 2 años y 10 meses en servicio, y según el fiscal de Chillán, Sergio Pérez, el funcionario fue atacado por un tercer sujeto quien le disparó en la espalda en al menos dos oportunidades.
"El cobarde homicidio de Breant Rivas Manríquez no puede quedar impune, y una de las maneras de hacerlo es dando una señal concreta en contra de los delincuentes que se atreven a atacar y a asesinar a nuestros carabineros. Por eso le estamos pidiendo al Gobierno darle urgencia al proyecto de "Ley Nain", de manera de aumentar las penas en contra de quienes agredan a los funcionarios policiales, y para que tampoco puedan acceder a beneficios carcelarios o penas sustitutivas una vez que sean condenados", señaló entonces el parlamentario Leal.
Junto a ello, anunció el impulso de una serie de medidas que apuntan a proteger social y económicamente a las familias de los funcionarios policiales que resulten afectados o fallecidos. Esto incluye asistencia psicológica, extensión del ascenso por invalidez, e incremento de los meses del seguro de vida que tienen los funcionarios policiales.
La ley Nain 2.0 fue presentada a inicios de mayo por miembros de las distintas bancadas de la centroderecha. Encabezada por el diputado Jorge Alessandri (UDI) y Stephan Schubert (Republicanos), se volvió a insistir en aumentar las penas y quitar beneficios carcelarios a todos quienes sean condenados por atentar contra carabineros, un funcionario de la PDI o un gendarme.
UDI emplaza al Gobierno a agilizar normativa
Este lunes, diputados UDI reiteraron la solicitud al Gobierno de dar suma urgencia al Proyecto de Ley Nain 2.0 y establecer la Agenda pro Carabineros, además de solicitar de la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur no sea acotado.
En un punto de prensa junto a las convencionales
Constanza Hube y
Katerine Montealgre y el presidente de partido,
Javier Macaya, la secretaria general
María José Hoffmann, pidió al Gobierno no sólo la urgencia al proyecto de ley Nain 2.0, sino que también "a todos los proyectos de ley que la UDI ha presentado que tienen que ver con protección a Carabineros".
"El asesinato de un carabinero este fin de semana es una situación dramática. Primero, queremos solidarizar con su familia. Es el cuarto carabinero asesinado este año", comentó la secretaria general, junto con señalar que "estamos viviendo una situación dramática en términos de violencia" y que "hemos llegado a una situación límite".
Por su parte, el senador Macaya emplazó a las autoridades que hoy encabezan el gobierno por haber rechazado, cuando eran parlamentarios, iniciativas que protegen a carabineros, haciendo un llamado a "aquellos que han votado en contra de la Ley Nain 1, entre ellos, el ministro Giorgio Jackson, la ministra Camila Vallejo y el propio Presidente de la República". Así, Macaya pidió que el llamado del padre del carabinero asesinado "hoy sí sea recogido por parte de los parlamentarios del oficialismo".
"Tenemos que dejar de lado las declaraciones retóricas", agregó, recalcando que "tenemos que actuar".
En ese mismo sentido, el senador también se refirió al Estado de Excepción en la macrozona sur, señalando que “es algo en lo que el gobierno tuvo que cambiar de opinión” y que “el gobierno abrió los ojos tarde”.
"Perdieron un mes en el que los hechos de violencia y las víctimas probablemente aumentaron, justamente por la incapacidad de abrir los ojos antes. Nosotros les estamos diciendo que abran los ojos hoy día también y que no amarren de manos ni tengan este Estado de Excepción limitado", remarcó.
