Ciertas dudas y bastante preocupación empezó a verse en los constituyentes de izquierda y centroizquierda esta mañana, a horas de la votación del último informe posible de la Comisión de Normas Transitorias, por la viabilidad del acuerdo logrado semanas atrás en esa instancia.
Si bien hasta ayer desde la mayoría de esos sectores transmitían que lo más probable era que se respetara el consenso alcanzado, hasta este mediodía seguían las conversaciones entre colectivos para definir cómo votar.
El nudo principal vuelve a ser el artículo 2°, que es fundamental para los sectores de centroizquierda, y establece que se mantendrá
vigente la normativa de la actual Carta Magna salvo que se la modifique, sustituya, derogue o declare inconstitucional por la Corte Constitucional.
En la última pasada por el pleno se rechazó, y en la comisión se le hicieron ciertas modificaciones -como establecer que la derogación popular de ley también funcionará para leyes de la actualidad- para sumar los votos del Bloque Popular (Ex LLDP, MSC, escaños reservados).
De cualquier forma, ese punto fue aceptado "a regañadientes" por una parte de los independientes, como algunos de la Coordinadora Plurinacional y de Pueblo Constituyente, que consideran que con esa disposición se ralentiza la implementación de la nueva Constitución.
La norma, según Tania Madriaga (Coord. Plurinacional) "podría dar pie a que el poder constituido entienda que la Constitución nueva se congela hasta que alguien del propio poder constituido no tome alguna medida para ponerla en práctica, entonces obviamente es una proposición muy sensible para quienes hemos empujado que las transformaciones se hagan lo más rápido posible".
Como esa norma es importante para la centroizquierda, desde allí transmiten que, en caso de que se rechace, podrían retirar sus votos para otras partes del acuerdo, como la Comisión Territorial Indígena -una instancia que busca generar mecanismos de restitución territorial- que es promovida principalmente por el Bloque Popular. Eso, a la vez, podría generar que se rechacen otras normas también importantes, como el quórum de 4/7, el calendario electoral o disposiciones sobre justicia.
"Si no se aprueba este artículo va a quedar a la legislación, al Parlamento, y queda bastante incertidumbre en cuanto a de qué manera se va a ir implementando todo esto. Evidentemente creo que no sería el mejor escenario, pensando que deberíamos entregar certezas, que deberíamos cerrar bien este proceso y que deberíamos dejar de lado nuestros intereses personales", opinó Janis Meneses (MSC), cuyo colectivo tiene la intención de aprobar todo el acuerdo.
En tanto, el convencional Tomás Laibe (Col. del Apruebo) asegura que tiene "confianza" de que los colectivos "entienden la importancia de esta norma", a pesar de las diferencias con algunos colectivos. Desde su sector plantean que esta norma evita la derogación tácita de la legislación vigente y da más espacio a que los órganos puedan adaptarse a la nueva Constitución.
En el cálculo se está considerando que la Coordinadora Plurinacional podría aportar 12 de sus 17 votos, que Pueblo Constituyente podría perder dos o tres -entre ellos Camila Zárate y Dayyana González- más el rechazo de otros independientes sin colectivo. Solo con ese escenario, la aprobación de la norma se dificultaría, pero desde la centroizquierda transmiten que se sumarían votos del Colectivo del Apruebo y tal vez alguno de la centroderecha, lo que dejaría una aprobación "justa" de la norma.
"Esto es un paquete, en términos de que hemos generado una propuesta integral, una normativa depende de la otra. Algunos concurren a votar el artículo 2 porque les interesa que se aprueben otros artículos, eso es evidente. Por eso queremos garantizar la aprobación del 2, para así tener aprobado el conjunto del resto de las normas transitorias a las que hemos llegado acuerdo", explicó Laibe.
El conflicto sobre los derechos de agua
A todo este cóctel se suma que hasta este mediodía aún no estaba zanjado qué sucedería con las normas que fijan la transición entre los derechos de aguas y las autorizaciones de uso, lo que preocupa a un sector de los independientes, y que desde Pueblo Constituyente quieren poner en la mesa para la negociación más general.
El punto central de esa discusión es si se permitirán las transferencias de las autorizaciones de uso en un período de transición, antes de que exista la normativa que permita el total desarrollo de lo que plantea el borrador sobre los derechos de aguas. Desde la centroizquierda son partidarios de permitirlas, y en la izquierda, no.
Tanto el Bloque Popular como el FA y Colectivo Socialista repusieron sus indicaciones para ser votadas este martes en el pleno. La idea que impulsan desde un sector de los independientes es que se visen ambas y que Armonización haga la negociación final, pero aquello no convence al otro sector.
En tanto, también estaba dentro de las opciones que el FA bajara su propuesta, pero por el momento sin comprometer que los frenteamplistas y socialistas votarán a favor de la otra.
