"Yo creo que ninguna institución en Chile está ajena a tener que dar explicaciones respecto a su desempeño", dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve tras anunciar que el Gobierno pediría "explicaciones" a las Fuerzas Armadas, luego de conocerse una denuncia de que uniformados no habría respondido a un llamado ante un ataque registrado en Curanilahue, pese a ser avisados.
En concreto, tres hechos de violencia habrían ocurrido de forma simultánea en distintos puntos de la comuna perteneciente a la Región del Biobío, situación que fue denunciada por la empresa Arauco a las Fuerzas Armadas, quienes no habrían respondido. Al respecto, Monsalve señaló que "a mi por lo menos me merece una explicación de lo que ocurrió".
"Los días jueves como ustedes saben a las 08.00 horas se realiza una reunión de evaluación donde está el jefe del estado mayor conjunto, está la ministra del Interior, la ministra de Defensa, y ese será el espacio donde habrá que dar las explicaciones respecto a los antecedentes que se han dado a conocer", sostuvo.
Aquellas declaraciones causaron disímiles reacciones en los parlamentarios, ya que algunos apelaron a la responsabilidad que tiene el Ejecutivo en el mandato de las policías y las Fuerzas Armadas, mientras que otros plantearon que, este tipo de situaciones, demuestran la "ineficiencia" del estado de excepción "acotado" que rige en la macrozona sur.
El senador Kenneth Pugh (RN) enfatizó en que "las Fuerzas Armadas no se mandan solas. Es una vergüenza que el Ministerio del Interior intente nuevamente desligar responsabilidades por su ineptitud para manejar la situación en la macrozona sur". En esa línea, el legislador insistió en que "las declaraciones del subsecretario del Interior reflejan ignorancia e intentan evadir responsabilidades".
"Las Fuerzas Armadas están bajo la conducción política del Gobierno. Las Fuerzas Armadas cumplen las órdenes y tareas que se les asignan en el marco de un estado de excepción constitucional 'acotado' que apunta exclusivamente a mantener las rutas abiertas", manifestó.
"Las Fuerzas Armadas no se mandan solas. Las Fuerzas Armadas están bajo la conducción política del Gobierno. Las Fuerzas Armadas cumplen las órdenes y tareas que se les asignan en el marco de un estado de excepción constitucional 'acotado' que apunta exclusivamente a mantener las rutas abiertas".
Senador Kenneth Pugh (RN)
Finalmente, el parlamentario se dirigió directamente hacia Monsalve reclamando que "el subsecretario del Interior no está en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas para pedirles nada. Si alguien responde por el actuar de las Fuerzas Armadas es la ministra de Defensa y el Presidente de la República. Es una vergüenza que el Ministerio del Interior intente nuevamente desligar responsabilidades por su ineptitud para manejar la situación en la macrozona sur".
El diputado Cristián Araya (Rep) afirmó que "el Gobierno no puede estar con dios y el diablo. O está con las víctimas o con los victimarios. Si establece un estado de excepción constitucional acotado, después no puede alegar que las Fuerzas Armadas y de Orden no intervengan, ya que ellos mismos les amarraron de manos. Los que sufren son las víctimas del terrorismo y la violencia en zona sur de nuestro país".
En tanto, el senador "Rojo" Edwards (Rep) acotó que "más que pedirle explicaciones a las Fuerzas Armadas, el Gobierno debe apoyarlas. Hoy día vivimos una crisis de inseguridad sin precedentes. Deben dejarse de permanentemente amenazar a las Fuerzas Armadas y Carabineros y apoyarlas políticamente".
Oficialismo
A través de una breve declaración publicada en su cuenta de Twitter, la senadora Ximena Rincón (DC) cuestionó los dichos de Monsalve al afirmar que "el encargado de dar instrucciones es el Gobierno, no las Fuerzas Armadas. Traspasar responsabilidades cuando se ha estado en la inacción es impresentable".
Con una opinión totalmente opuesta a los otros parlamentarios, la diputada Emilia Nuyado (PS) sostuvo que la denuncia "ratifica mi decisión de rechazar el estado de excepción". Ante aquella aseveración, argumentó que "esto demuestra que la militarización no soluciona nada y que el único camino es el diálogo".
"El gobierno debe evaluar el camino que está tomando porque claramente poner a los militares y aumentar la infraestructura en seguridad solo incentiva la represión a las comunidades, pero no resuelve ni responde a las demandas del pueblo mapuche", dijo Emilia Nuyado.
Sobre este punto la diputada agregó que "con esta situación nos surgen muchas dudas y por lo tanto estas instituciones deben darle una explicación al país". "No sabemos si están protegiendo a alguien o si hay algún interés detrás de este ataque. Creo firmemente que la única solución para la paz es la creación de una comisión de alto nivel para conocer de primera mano, de parte de nuestras autoridades ancestrales, la real pérdida territorial que ha sufrido el Pueblo Nación Mapuche", concluyó la legisladora.
"El gobierno debe evaluar el camino que está tomando porque claramente poner a los militares y aumentar la infraestructura en seguridad solo incentiva la represión a las comunidades, pero no resuelve ni responde a las demandas del pueblo mapuche".
Diputada Emilia Nuyado (PS)
En contraste, y con una opinión centrada en la "efectividad" del estado de excepción, el senador Gastón Saavedra (PS) apeló a que es "necesario y urgente replantear por parte del Ejecutivo la aplicación de estos estados constitucionales a medias, ya que no permiten a las instituciones como las Armada intervenir en los caminos privados y secundarios".
"Hay que ser claros, hoy solo sirve aplicar el estado excepción pero sin apellidos para que actúen cuando y los lugares corresponda", reiteró el legislador, pues no es primera vez que cuestiona la efectividad de la medida de seguridad anunciada por el Gobierno de Gabriel Boric.
En ese sentido, el parlamentario llamó a "las autoridades civiles y militares a aclarar esta situación para que no se generen especulaciones sobre los motivos. Necesitamos un actuar policial y militar que abarque toda la macrozona Sur".
En concordancia con la acción del Gobierno, la diputada Karol Cariola (PC) estableció que le "perece que dentro del deber del subsecretario y también del Ministerio del Interior está fiscalizar que las instituciones cumplan con su labor y para la cual están mandadas". Sin embargo, la legisladora prefirió no emitir mayores comentarios sobre el tema "mientras no se tengan todos los antecedentes respecto de la denuncia que se hace en torno a ese caso en particular".
