El fin de semana se le distribuyó a los constituyentes una nueva solicitud para modificar el reglamento de la Convención: esta vez, para pagar el mes de julio del año pasado a los asesores que prestaron servicios en ese período y que, por no estar vigentes las normas sobre asignaciones, no se les pagó.
La propuesta de reforma está encabezada por el vicepresidente Gaspar Domínguez, y firman con él 51 convencionales de INN, MSC, escaños reservados, Coordinadora Plurinacional, Frente Amplio, PC y Pueblo Constituyente, y se votará este jueves en el pleno.
En concreto, lo que plantean es que se agregue un nuevo artículo al reglamento de asignaciones para pagar, con cargo al ítem de personal de apoyo de la función constituyente, a quienes prestaron asesoría a los convencionales durante julio 2021.
Para eso, "los convencionales que recibieron asesoría durante el mes de julio de 2021 deberán firmar declaración jurada en la que individualicen a las personas que les prestaron los servicios en dicho período, indicando las labores realizadas y el monto del honorario respectivo".
Esa declaración y otra documentación que estime el Comité Externo de Asignaciones deberá presentarse antes del fin de la Convención, según un cronograma a establecer por el comité.
El debate por la procedencia del pago
La propuesta generó diversas críticas entre los convencionales de Vamos por Chile, que acusaron que se trataba de un pago para hacer "campaña". El convencional Arturo Zúñiga (Ind. UDI), por ejemplo, argumentó aquello y agregó en redes sociales que la reforma era un "invento de último momento para que les paguen un mes más de sueldo", lo que fue también compartido por Carol Bown, de su mismo colectivo.
Los defensores de la reforma descartan tajantemente que se trate de dinero para campaña y recuerdan que la demanda viene desde el año pasado.
"Esta demanda se arrastra del año anterior, cuando en la necesidad de tener un reglamento de presupuesto que permitiera el funcionamiento de la Convención no se pudo solucionar de manera oportuna. Este es un buen momento para zanjar el punto y entregar la remuneración que corresponde a los asesores que trabajaron el mes de Julio y que han sido fundamentales a lo largo del proceso", respondió Javier Fuchslocher (INN), uno de los firmantes.
En Twitter se sumó Marcos Barraza (PC), que acusó a "varios convencionales de derecha mentir sobre las demandas de los trabajadores".
"En una Convención donde se está tratando de cambiar toda la perspectiva de ver el derecho al trabajo, encontramos súper válido que se remunere a los asesores que trabajaron ese mes, no es gratis. No pudimos pagarlo en ese momento porque no estaba la plata (...) no había claridad sobre la metodología de trabajo. Discrepo que sea para campañas, es lo que le corresponde a las y los trabajadores que prestaron apoyo a los convencionales en ese tiempo", explica Ingrid Villena (Pueblo Constituyente).
Si bien desde el año pasado tanto constituyentes como asesores están solicitando públicamente ese pago, la argumentación de Segpres cuando se suscitó la polémica por los pagos pendientes -todavía en la administración de Sebastián Piñera- fue que no estaban facultados para hacer esa retribución, dado que el reglamento de asignaciones aún no estaba aprobado en el momento en el que se prestaron los servicios.
La Constitución vigente establece que "los integrantes de la Convención recibirán una retribución mensual de 50 UTM, además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención", y ese reglamento se aprobó recién durante la segunda semana de agosto.
Desde el colectivo de Independientes RN-Evópoli ya advierten que ingresarán un requerimiento a Contraloría para que les informe si procede o no pagar. No obstante, ese ente respondido en otras ocasiones que no tienen facultades para resolver sobre materias de la Convención, y en caso de que se apruebe la reforma, Segpres debería acatar, según transmiten desde esa secretaría.
"Lo que buscamos es evitar un futuro juicio de cuentas a los funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia, pues los convencionales nos disolvemos el 4 de julio, pero la responsabilidad será para aquellos funcionarios públicos que autoricen el pago", comenta Roberto Vega (RN).
"Hasta Rojas Vade tiene derecho a presentar su declaración, según la fórmula propuesta. Lo más anecdótico es que se pagan servicios e imputan a presupuestos ya rendidos. Esto lo podría haber propuesto la mesa anterior, antes de traspasar los 800 millones al consorcio de universidades. Había fórmulas, pero esta es la más apresurada e imprudente de todas", agrega el constituyente.
