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SANTIAGO.- Un pronunciamiento sobre la "legalidad" del cambio de nombre de "Gabinete Primera Dama" a "Gabinete Irina Karamanos", pedirá este miércoles la UDI a la Contraloría General de la República. Esto luego de que ayer se conociera la modificación administrativa hecha por el Gobierno el pasado 30 de marzo.
De esta forma, el jefe de la bancada UDI, Jorge Alessandri, junto a los diputados Flor Weisse y Juan Antonio Coloma, solicitarán al contralor Jorge Bermúdez, que "se pronuncie sobre la legalidad (tanto por razones constitucionales, legales y de razonabilidad) sobre la resolución Nº Resolución Exenta Nº 442 del 30 de marzo de 2022 de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República que reemplaza la denominación y las funciones del 'Gabinete de la Primera Dama' por 'Irina Karamanos'".
Esto pues según señalan en su requerimiento, "la resolución es inconstitucional, ilegal y arbitraria", esto pues "es deber de todos los órganos del Estado someterse a la Constitución y garantizar el orden institucional de la República".
"En consonancia con ello, es importante recordar que el artículo 4º de la Carta Fundamental prescribe que Chile es una República Democrática. En ese sentido, tanto la historia jurídica y política de nuestro país da cuenta que un elemento fundamental del régimen republicano es el ejercicio despersonalizado de la función pública, en virtud del cual ésta se debe ejercerse al servicio de la persona humana y no al revés. Así lo dispone el artículo 1º de la Constitución Vigente. En el mismo sentido, el artículo 8º de la misma Carta Política dispone que el ejercicio de la función pública obliga a sus titulares a dar cumplimiento al principio de probidad el cual tiene como elemento esencial el interés general sobre el particular", sostienen.
"Así las cosas, y de la redacción de la resolución que es objeto del requerimiento, pareciera ser que para la Administración actual el Gabinete de la Primera Dama, sería parte del patrimonio personal inmaterial de la ciudadana Irina Karamanos", afirman, añadiendo que "con este acto, con el cual se denomina a la institución con el mismo nombre de la persona que la ejerce, existe un claro abuso de poder".
"En efecto, cualquier situación que altere la relación de hecho que tiene la ciudadana Karamanos con el Presidente de la República obligará a dictar un acto administrativo modificando el actual, llegando incluso al absurdo que dicha resolución podría no ser modificada teniendo como efecto que otra ciudadana o ciudadano que encabece dicho gabinete (en esta u otra administración) seguiría administrando el 'Gabinete Irina Karamanos'", recalcaron los diputados gremialistas.
Por otra parte, los diputados piden al contralor que se pronuncie respecto a si la directora administrativa de la Presidencia de la República, Antonia Rozas, se extralimitó en sus atribuciones.
A la vez que esperan que indique la forma en que deben aplicarse las sanciones administrativas, si así lo estima.
