La Convención Constitucional aprobó la reforma al reglamento de asignaciones que permitirá que se le pague un sueldo a los asesores de constituyentes que trabajaron en julio de 2021, lo que no se había pagado por ser un gasto previo a la aprobación de las normas que regularon el funcionamiento del órgano constituyente.
La propuesta logró 97 votos a favor, 24 en contra y 6 abstenciones, y fue impulsada por el vicepresidente Gaspar Domínguez más otros 51 convencionales de INN, MSC, escaños reservados, Coordinadora Plurinacional, Frente Amplio, PC y Pueblo Constituyente.
Lo que plantea específicamente es que se agregue un nuevo artículo al reglamento para remunerar a quienes prestaron asesoría a los convencionales durante julio 2021, con cargo al ítem de personal de apoyo de la función constituyente.
En esa línea, el documento dice que "los convencionales que recibieron asesoría durante el mes de julio de 2021 deberán firmar declaración jurada en la que individualicen a las personas que les prestaron los servicios en dicho período, indicando las labores realizadas y el monto del honorario respectivo".
Esa documentación y otras que estime el Comité Externo de Asignaciones deberán presentarse antes del fin de la Convención, que concluye sus funciones el 4 de julio próximo.
El intenso debate previo a la votación
La discusión partió con una explicación del vicepresidente Domínguez sobre los fundamentos técnicos de la reforma reglamentaria. En ese contexto, citó una resolución de Sepgres que dice que el pago sería posible por la disponibilidad de los fondos, dado que "existe un saldo presupuestario suficiente" en la glosa correspondiente.
Asimismo, se refirió a la respuesta formal del Comité Externo de Asignaciones, que respondió ante la consulta de un grupo de convencionales que, para efectuar el pago, es necesaria una reforma reglamentaria.
Ante la crítica de un sector de la centroderecha que preguntó por qué no se había hecho antes y se impulsa ahora, a pocas semanas del inicio de la campaña para el Plebiscito, Domínguez contestó que "hubiera sido mejor que fuera antes. Ahora, como bien sabemos, los convencionales y los asesores han tenido un trabajo incansable, de lunes a lunes, y eso ha hecho que la preocupación por las normas del borrador haya ido postergando este tema".
Asimismo, respondió que no sabían a principios de año si existirían recursos disponibles en la glosa, "y ahora lo sabemos".
"Sería un mal precedente que esta Convención vulnerara los derechos laborales de quienes han cumplido la tarea de servidores públicos. Esta Convención está llamada a garantizar derechos, partiendo por el funcionamiento de ella misma, no a vulnerarlos. Existe suficiente evidencia de que los asesores trabajaron en julio, lo que no existe con claridad es la voluntad de un grupo de respetar los derechos laborales", afirmó Marcos Barraza (PC).
"Sin el esfuerzo que asesores y asesoras hicieron todo el año, difícilmente estaríamos aquí, adportas de ofrecer un texto constitucional al pueblo de Chile. Llamo a mis colegas, especialmente a quienes nos llamaban a no sesionar hasta altas horas o los sábados por la preocupación hacia los trabajadores de esta Convención, a aprobar esta reforma y dar el justo pago a nuestros asesores", pidió Amaya Alvez (FA).
La reforma contó con el voto en contra y abstenciones de convencionales de Vamos por Chile y del Colectivo del Apruebo. Estos últimos tenían dudas por la responsabilidad que se le podría atribuir a Segpres en el futuro, y la falta de certezas sobre algunos puntos.
"Es nuestra responsabilidad saber de qué estamos hablando: cuántas personas son, cuánto es el monto involucrado. Ese es el punto que a nosotros nos preocupa. Como pleno estamos autorizando pagos que no conocemos y que dependieron de la actividad de algunos convencionales", dijo Eduardo Castillo (Col. del Apruebo).
En tanto, la constituyente Rocío Cantuarias (Chile Libre) acusó que "la Convención empezó enredada con temas de plata (...) y termina peor, queriendo usar plata de todos los chilenos para pagar sus incumplimientos con sus asesores. ¿Por qué contrataron asesores en julio de 2021 si sabían que no había recursos públicos disponibles hasta que no se aprobara el reglamento? ¿Por qué no les pagaron de sus sueldos?".
En esa línea, la convencional Paulina Veloso (RN) aseguró que "yo también tuve un equipo con el que trabajé en terreno pero les dije que no los podía contratar hasta que no supiera cuál era el monto que les podía pagar. Hoy estamos especulando, porque en julio no sabíamos cuánto le podíamos pagar a nuestros asesores ni cuántos podíamos contratar".
