El borrador de la Constitución trae en sus cientos de artículos varias innovaciones para el ordenamiento jurídico chileno. Una de ésas son los mecanismos de "democracia directa", que permitirán, si gana el Apruebo en septiembre, que la ciudadanía pueda presentar iniciativas de ley, proponer reformas constitucionales, demandar asambleas constituyentes y derogar leyes.
La norma aprobada sobre ese último punto en la Convención dice dos cosas: primero, que la
iniciativa derogatoria se tendrá que presentar por un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al 5% del último padrón electoral.
Ésta podrá incluir la derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de la nueva Constitución, y se deberá ratificar en un referéndum nacional. Además fija un límite, porque "no serán admisibles las iniciativas sobre materias que digan relación con tributos o administración presupuestaria del Estado".
5%del padrón se requiere para solicitar la derogación de una ley
Luego se aprobó una norma transitoria, que dice que dentro de los cuatro años siguientes a la entrada en vigencia de la Constitución, la iniciativa popular de derogación de ley
"también procederá respecto a leyes promulgadas con anterioridad a ésta".
Dado que el mecanismo es nuevo en Chile -pero no en otros países del mundo, como Uruguay o Suiza-, surgen dudas sobre qué tan viable sería que sucediera algo así, y qué consecuencias podría tener la posible derogación de una normativa sustancial en la legislación.
"El requisito es de un 5% del padrón, necesitas 750 mil personas. Pongo el ejemplo de la derogación de la Ley de Pesca. La pregunta es cuáles son los efectos que genera. ¿Quién se hace cargo de los vacíos normativos? Derogar parece sencillo, pero resulta que todas las operaciones de pesca funcionan en un marco regulatorio", plantea Gonzalo García, constitucionalista y ex ministro del Tribunal Constitucional, en conversación con Emol.
¿Tiene algún riesgo la propuesta?
La idea que advierte García no fue abordada en el borrador de nueva Constitución, pero para la abogada constitucionalista y ex ministra del TC, Marisol Peña, hay dos aspectos fundamentales para analizar las consecuencias de un posible "vacío".
Primero, remarca que existe en el ordenamiento actual un principio sobre el efecto retroactivo de las leyes, por lo que "cuando se afectan situaciones jurídicas válidamente consolidadas al amparo de la normativa en que esas situaciones nacieron, ellas deben ser respetadas".
Y además, el borrador de Constitución contiene una norma que consagra
el principio de no regresividad en materia de derechos fundamentales, lo que implica que las nuevas regulaciones desde entrada en vigencia la Carta Magna no pueden afectar el grado de protección que hayan alcanzado ciertos derechos fundamentales.
"Por lo tanto, si se demostrara que la nulidad o derogación de una legislación anterior afecta el corazón de ciertos derechos fundamentales, me parece a mí que uno podría sostener que esa derogatoria es inconstitucional, a partir justamente del principio de no regresión que estará constitucionalizado", explica Peña, agregando que el reclamo podría llegar a la Corte Constitucional.
En tanto, el director del Instituto de Ciencia Política UC e investigador sobre mecanismos de democracia directa, David Altman, afirma sobre los instrumentos presentes en el borrador de Constitución que "no veo riesgos que me llamen poderosamente la atención".
Pero sí hace una observación con respecto a la iniciativa de derogación de ley. "Si se aprobó una ley hace 20 años, ¿la puedo derogar hoy? Eso usualmente en las Constituciones está delimitado, hay un período en el que se puede apelar esa decisión e intentar derogarla. Y si se deroga, ya está, simplemente se vuelve a lo anterior", comenta el académico.
Para el convencional Fernando Atria (FA), el riesgo del "vacío" debería ser advertido por los grupos interesados -a favor o en contra- durante la recolección de las firmas o en la campaña para el plebiscito, pero además, según Atria la iniciativa derogatoria tiene un "efecto benéfico".
"Pone al legislador en guardia de que lo que haga puede ser corregido directamente por el pueblo. O sea, para que parte de la discusión que ocurra en el Congreso sea sobre cómo ese proyecto que está avanzando es percibido por la ciudadanía, y que el legislador se vea más forzado a tener en cuenta esas posiciones", dice Atria.
La viabilidad de los mecanismos
Pero qué tan factible es que 750 mil personas se abanderen con una causa específica y luego se respalde en un plebiscito -con voto obligatorio- también está bajo cuestionamiento.
Eso es lo que critica Martín Arrau (Ind. UDI), uno de los constituyentes que votó en contra de este tipo de mecanismos. "Cuando en nuestro contexto nacional no vota ni siquiera el 50% del padrón, estos mecanismos pueden ser capturados por minorías circunstanciales (...) Es decir, se pueden tornar en herramientas de agendas políticas, distorsionables hasta en la propia formulación de las preguntas que se buscan hacer", asevera el convencional.
De acuerdo con la académica de la Universidad Alberto Hurtado e integrante de la Red de Politólogas,
Federica Sánchez, "los mecanismos no tienen una ideología, están para que los use la ciudadanía en tanto se pueda organizar para juntar los requisitos. Es un error considerar que los mecanismos de democracia directa van a beneficiar a uno u otro grupo. Lo que están tratando de hacer es garantizar un mejor proceso legislativo, más en línea de las demandas ciudadanas".
Según Sánchez, además, el uso de estos mecanismos no tiene que ver solo con el porcentaje de firmas que se piden en relación al padrón -que van desde el 3% hasta el 25% del padrón-, sino también con las características culturales y políticas de un país.
Por eso, Gonzalo García dice que "esos números en la práctica creo que no van a dar, tenemos una baja experiencia participativa en Chile. Creo que una de las mayores experiencias de participación es la que abrió la Convención con los patrocinios de iniciativas, y la pregunta es, bueno, ¿en qué resultaron los patrocinios de iniciativas? ¿sirvió o no la participación?".
En ese marco, Altman asegura que este tipo de instrumentos no aumentarían la participación, sino que "simplemente es una avenida más en la que los ciudadanos pueden rectificar un rumbo, pueden hacer ajustes a la política cotidiana. No es que haya mayor participación, pero sí hay mayores avenidas de entrada a la participación".
