No, no lo hará. Al menos, por ahora.
Carlos Peña se resiste a anticipar su voto en el Plebiscito de septiembre. No descarta transparentarlo en algún momento, pero hoy "mi deber como columnista es tomar distancia", dice.
Con esa declaración de principios, el rector de la UDP entra al análisis de la propuesta constitucional, pero sobre todo de lo que parece su mayor preocupación: los escenarios políticos que se están abriendo. Un análisis coincidente, por lo demás, con la visión del ex Presidente Ricardo Lagos. De hecho, la misma mañana del martes en que Lagos difundía la comentada declaración en que evitaba expresar apoyo a alguna de las opciones que se enfrentarán en el plebiscito, Peña ya había publicado en "El Mercurio" una columna en la que afirmaba que el referéndum, cualquiera fuere su resultado, marcaría apenas el inicio de un "largo proceso de construcción de acuerdos".
Con esa visión es que aborda la discusión constitucional, estableciendo diferencias y matices. Y tan pronto como resalta elementos de la propuesta, establece distancia de otros. Siempre insistiendo en que este es solo el comienzo...
—Se habla del "fracaso" de la Convención y de cómo un proceso que partió con el apoyo de casi el 80% de los chilenos ha terminado volviéndose algo de resultado muy incierto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Efectivamente fracasó la Convención?
No, no creo que pueda hablarse, sin más, de fracaso. Los procesos constitucionales están siempre en medio de una paradoja: tienen por objeto proveer acuerdos para la vida social, pero se llevan adelante justamente cuando esos acuerdos no existen. Así es inevitable que ninguno de los puntos de vista en juego se sienta satisfecho. Es mejor ver este resultado como parte de un proceso que seguirá durante un largo, muy largo tiempo. Basta recordar lo que ocurrió con la Constitución del 25 hasta que logró entrar en vigencia el 32.
"Con todo, y aunque suene paradójico, parece haber un acuerdo: el texto que se plebiscitará es el punto de partida de un largo proceso político. Se apruebe o rechace, habrá que conducir un pacto social y político, sea para llevar adelante las leyes que ordena el nuevo texto, si se aprueba, sea para corregir la carta del 80, si se rechaza. Hay un acuerdo en que el proceso no concluirá en septiembre. Será una gran oportunidad para el Presidente Boric: conducir el acuerdo que guíe al Chile moderno".
—En una de sus últimas columnas, usted habló de separar el texto de sus autores. Si las "payasadas" de los convencionales durante este año no son razón para rechazar a priori la propuesta que elaboraron, ¿tampoco es el origen democrático del proceso razón suficiente para aprobarla?
Por supuesto. Ni el origen acredita un buen resultado, ni el comportamiento de algunos convencionales asegura que sea malo. Esto es obvio. La prueba de que vivimos tiempos convulsos es que lo obvio necesite ser subrayado.
—Desde esa perspectiva, la propuesta entregada el lunes, ¿es un texto defendible sin tener que acudir a lo histórico del proceso que lo ha antecedido?
Lo correcto ahora es evaluar ese texto. Y para hacerlo sugiero distinguir entre las concepciones que lo inspiran, por una parte, y la ejecución técnica a la hora de diseñar las reglas, por la otra. ¿Qué concepciones subyacen? Me parece que hay dos fundamentales: una es la idea de Estado social y democrático de derechos, que inspira la idea de que la ciudadanía se realiza plenamente cuando se da una oportunidad igual para acceder a algunos bienes básicos indispensables para la autonomía, y cuya expresión son los derechos sociales; la otra es la convicción de que la comunidad política es diversa desde múltiples puntos de vista: cultural, sexual, social, étnico, etcétera, lo que da origen al reconocimiento y la paridad. Esas concepciones me parecen en general correctas. Otra cosa es si ellas se reflejan bien en el texto, si se ejecutaron bien a la hora de redactar las normas o a la hora de diseñar el sistema político. Esto último en mi opinión tiene serios defectos y deberá ser corregido.
—Al respecto, usted ha venido escribiendo sobre criterios que debiera considerar un examen del texto, como el dibujo que este hace de la sociedad chilena, la estructura política y la forma en que allí se expresa el principio de mayoría, y el modo en que se abordan los derechos. Frente a esas preguntas planteadas por el columnista Carlos Peña, ¿tiene ya una respuesta el ciudadano Carlos Peña?
Tengo, por supuesto, una opinión final; pero mi tarea es dar razones y alimentar la deliberación de los ciudadanos y no servirme de la columna para promover mi punto de vista. Respecto de las cuestiones que menciona, creo que permitir a las mayorías que gobiernen es propio de la democracia, siempre que esa mayoría esté obligada a respetar derechos básicos, para lo cual se requiere un buen sistema de control constitucional. En el caso del proyecto, esa mayoría es, por decirlo así, una de corto plazo, el ganador de un solo evento electoral se lleva todo o casi todo y ese es un defecto del proyecto; aunque los derechos me parece están en general bien diseñados, especialmente los económicos y sociales que, desde mi punto de vista, son muy importantes como un compromiso de la sociedad chilena por corregir el principio divisivo de las clases sociales que es propio de la sociedad moderna.
—Ha hablado muchas veces de cómo la sociedad chilena ha cambiado la percepción de sí misma y hoy descubre una multiculturalidad que antes negaba. ¿Es el concepto de plurinacionalidad una forma acertada de hacerse cargo de ello? La cantidad de veces que el texto menciona a los pueblos originarios, los cupos reservados, las autonomías territoriales, el reconocimiento de la justicia indígena, ¿pueden ser compatibles con la idea de igualdad de todos los ciudadanos?
No cabe duda de que la comprensión que la sociedad chilena tenía de sí misma ha cambiado y el texto es una muestra de ello. Con todo, mi opinión es que el concepto de plurinacionalidad es errado y que habría sido mejor el de multiculturalidad. Los pueblos originarios no son naciones en el sentido moderno. Natio en los textos antiguos nunca tuvo sentido jurídico o político; insinuar ese sentido causará problemas futuros en el orden constitucional. ¿Resulta, sin embargo, el reconocimiento de las culturas originarias opuesto a la igualdad? No del todo. El reconocimiento de las culturas o pueblos originarios —y el de sus miembros para reproducirla— es, como lo muestra el derecho comparado, perfectamente compatible con la igualdad a condición, claro que sí, que se respeten los derechos fundamentales y que la cultura no se admita como un pretexto para relativizarlos.
—¿Cuál es su interpretación del alcance de la norma de consentimiento indígena?
Usted se refiere al artículo 191 del proyecto. Allí se dispone que los pueblos originarios deberán otorgar su consentimiento en aquellas materias que les afecten en sus derechos. Creo que una interpretación amplia de esa regla es incorrecta. Subordinar, por ejemplo, el cambio constitucional al previo consentimiento de esos pueblos equivaldría a una cesión de soberanía, a la idea de que no existe una voluntad común en Chile, sino varias. Hay que descartar entonces una interpretación amplia del artículo 191. La Carta Constitucional no es un tratado ni un pacto entre una realidad llamada Chile y otra que serían sus pueblos originarios: es el resultado de la voluntad común, de una sola comunidad democrática, lo que es distinto. Me llama la atención que algo tan obvio no sea subrayado por los constitucionalistas: entender de manera amplia el consentimiento equivaldría a entender que la Constitución es una especie de tratado entre la nación chilena y esos pueblos, lo que me parece un error flagrante. Luego, la única alternativa es entender que la regla simplemente reafirma el derecho de esos pueblos a ejercer sus derechos colectivos; pero cuáles sean estos, ahora o en el futuro, es una decisión que pertenece a la voluntad democrática en su conjunto.
—La forma en que se aborda el tema de la judicatura, incluso terminando con el actual concepto de "Poder judicial", ha sido foco de cuestionamiento. ¿Ve en riesgo la independencia judicial? ¿Qué le parece la apuesta por concentrar tanto poder en un Consejo de la Justicia, que reuniría atribuciones hoy distribuidas en el Ejecutivo, la Corte Suprema y el Senado?
La tarea jurisdiccional no está entregada a un poder en el sentido que existe un poder ejecutivo o un legislativo. Los jueces no forman una voluntad común, ni la Corte Suprema es la cúspide de ese poder. No. Cada juez recibe la tarea de decidir las controversias, cada uno de ellos es depositario de la jurisdicción y no la reciben de sus superiores. Cualquier profesor de derecho sabe eso. Así las cosas, la pregunta es: ¿es razonable entregar el control disciplinario y el manejo administrativo de la justicia, como hoy ocurre, a la Corte Suprema? Mi opinión ha sido siempre que no. Lo razonable es que la Corte se concentre en tareas de casación. Concentrar todo el poder en la Corte Suprema también lesiona la independencia. Otra cosa es si el Consejo de la Justicia está bien diseñado. De nuevo aquí la concepción subyacente es correcta; aunque la regla que la desarrolla puede tener defectos.
—¿Resuelve esta propuesta constitucional la gran crítica que se le hace a la Constitución actual, en cuanto a que reduce los espacios de la política al constitucionalizar materias que debieran quedar entregadas al libre juego democrático? ¿O simplemente cambia de signo aquello?
Lo más llamativo del texto, que una lectura sosegada muestra, no es tanto que se estreche el campo de la política como la sobrerregulación del mundo de la vida. Hay en el texto un cierto aire moralizador en cuestiones como la concepción de la naturaleza, los animales, la vida sexual, el contenido educativo, etcétera, que en una sociedad abierta debieran quedar entregadas a la espontaneidad de la cultura. Hay muchas instrucciones respecto de cómo ejercer los derechos y un buen ejemplo de ese exceso es la forma en que se concibe y reglamenta el derecho a la educación. Un aire puritano y a veces cercano al new age, por decirlo así, que intenta reglamentar cosas que no se pueden reglamentar, atraviesa una parte del texto.
"Pero no hay, en rigor, una reducción inaceptable del espacio de la política, con la excepción tal vez del agua, donde se establece una política en casi todos sus pormenores".
"Hay, en cambio, una concepción de la vida común que subraya ciertos deberes de reconocimiento y de distribución del riesgo, en cuestiones de salud o vejez, entre todos. O mejor dicho: el texto enfatiza ciertas cosas como la necesidad de distribuir ciertos bienes básicos a partir de la simple condición de ciudadano (es lo que ocurre con los derechos sociales); pero deja abierta la manera en que ello pueda ocurrir. Así, en materia de educación se enfatiza la esfera estatal, pero no se impide la privada, y lo mismo ocurre en salud o en vivienda. No hay un modelo único de desarrollo en el texto, hay una concepción de la vida común y una orientación al poder público en el sentido de igualar la distribución de ciertos bienes básicos, pero eso ocurre en cualquier Estado social y democrático".
—¿Y entonces quién tenía la razón: el ministro Jackson cuando hablaba de que el Gobierno necesita esta Constitución para poder cumplir su programa —y era entonces apoyado por el Presidente Boric—, o el mismo mandatario ahora, cuando lo desliga?
Lo único cierto es que, gane el Apruebo o el Rechazo, el Gobierno requerirá llevar adelante un gran acuerdo nacional sea para hacer ejecutable la nueva Constitución, si gana el Apruebo, o para cambiar la Carta actual, si gana el Rechazo. Se olvida que lo que viene a contar de septiembre deberá ejecutarse con el acuerdo del actual Congreso, donde las fuerzas políticas están equilibradas. El plebiscito de septiembre es un paso en un largo proceso político. El acuerdo constitucional, sea del signo que fuere, no resolverá por sí mismo los grandes problemas de la sociedad chilena. Será necesario, permítame insistir, un gran acuerdo y es tarea del Presidente impulsarlo.
—¿Pero qué le pareció a usted ese giro del Gobierno tratando de marcar ahora distancia de la nueva Constitución? ¿Es para salvar la Constitución del desgaste político que está teniendo esta administración? ¿O, al revés, para salvar al Gobierno frente a la posibilidad de un triunfo del Rechazo?
Quizá sea un signo de sensatez porque, como le digo, sea cual sea el resultado, se iniciará un largo proceso de negociación y de acuerdos. Si la propuesta constitucional se aprueba, habrá que dar lugar a un gigantesco proceso legislativo que requerirá el acuerdo de la derecha. Y si gana el Rechazo, será necesario también contar con la derecha para cambiar las reglas. El Presidente Boric debiera subrayar eso: la aprobación no conferirá derechos o bienes inmediatos, puesto que será necesario legislar; y el Rechazo no significará que la actual carta perviva.
—¿Ve preparado a este Gobierno para enfrentar ese segundo escenario? ¿O lo ve más bien desconcertado?
El Gobierno, desgraciadamente, no se ha caracterizado hasta ahora por la lucidez. Pero debiera advertir que el único escenario que Chile tiene por delante, sea cual sea el resultado del plebiscito, es la construcción de un gran acuerdo social, político y cultural que guíe al Chile moderno.
Lo único cierto es que, gane el Apruebo o el Rechazo, el Gobierno requerirá llevar adelante un gran acuerdo nacional sea para hacer ejecutable la nueva Constitución, si gana el Apruebo, o para cambiar la Carta actual, si gana el Rechazo. Se olvida que lo que viene a contar de septiembre deberá ejecutarse con el acuerdo del actual Congreso, donde las fuerzas políticas están equilibradas".
Carlos Peña, columnista y académico
—Más allá de lo que pueda ser un texto u otro, ¿cuál de las dos fórmulas que se han levantado en estos meses, el "aprobar para mejorar" o el "rechazar para reformar", le parece a usted más realista?
Bueno, parece que lo único realista es darse cuenta de que, pase lo que pase en septiembre, el debate continuará, y la búsqueda de un gran acuerdo político será inevitable. Y quizá aquí el Presidente Boric tenga una gran oportunidad, la oportunidad con que soñaría cualquier político: erigirse como el constructor de ese acuerdo que consolide al Chile moderno, que es el desafío que tenemos por delante. Piense usted que la Carta del 25, que tuvo por objeto resolver lo que entonces se llamó la cuestión social (la incorporación del proletariado), comenzó a regir de veras el 32, cuando las capas medias comenzaron a gobernar a veces aliadas con la derecha y otras con la izquierda. Gane el Apruebo o el Rechazo, habrá que construir y conducir un gran proceso de acuerdo político y cultural que permita afrontar los desafíos del Chile de la modernización: la diversidad, la migración, la consolidación de los grupos medios, la distribución equitativa de las capacidades para emprender una vida autónoma. Será la hora no de las políticas públicas, sino de la política concebida como el quehacer colectivo acerca de la vida en común. Y Boric, que no es un policy maker ni un experto, tiene aquí la oportunidad de erigirse como un gran político, no el político redentor, sino como el político capaz de conferir un sentido compartido a la vida colectiva.
—Intelectuales de izquierda y también autoridades y parlamentarios han levantado el discurso de las "mentiras" y las fake news como la explicación para el crecimiento del Rechazo. Una académica ha hablado del "rechazo aspiracional" y la imagen del "facho pobre" vuelve a aparecer. ¿Son buenas hipótesis? ¿De qué nos habla el que se recurra a ellas?
Hay que hacer un esfuerzo por contribuir al diálogo racional y al intercambio de puntos de vista. Llamar a quien tiene puntos de vista opuesto "mentiroso" es una forma de eludir el debate; pero desgraciadamente a esa práctica ha contribuido incluso el Presidente. Creer que las discrepancias políticas o interpretativas pueden ser dirimidas en base a una supuesta verdad, es absurdo. Simplemente son puntos de vista distintos respecto de lo que sea mejor para la vida social. Y lo de creer que las personas deben tener, o no tener, un determinado punto de vista por su origen social es una forma de paternalismo inaceptable, o pensar que porque piensan esto o aquello están engañados, es una tontería. Pero ya ve usted la tontería de las redes parece estar infectándolo todo.
