Un grupo de ex convencionales de RN envió una carta a todos los parlamentarios de ese partido para que se comprometan con la modificación de la Constitución vigente en una serie de puntos específicos, en caso de que gane el Rechazo.
Quienes firman son los agrupados en el colectivo "Somos Región", que integra a Roberto Vega, Paulina Veloso, Raúl Celis, Álvaro Jofré, Angélica Tepper y Luciano Silva, y piden cambios en el sistema político, derechos sociales, participación ciudadana, regionalización, migración, seguridad, corrupción, pueblos indígenas y medio ambiente.
"Quienes ejercimos como convencionales constituyentes, pusimos nuestra mejor disposición y energía para lograr un proceso que terminara con una Constitución representativa de todos los chilenos y chilenas. Lamentablemente,
no logramos el resultado esperado", dicen en la misiva.
"Frente a ello, pedimos a nuestros parlamentarios de Renovación Nacional que, en caso de no ser aprobado el texto propuesto por la Convención, se comprometan a discutir y hacer los esfuerzos que sean necesarios para modificar el texto constitucional actual, tomando en consideración los cambios en las materias que a continuación se indican, en el más breve plazo posible", señalan.
Los cambios propuestos
En cuanto al sistema político, piden implementar el quórum de 4/7 para reformas constitucionales, avanzar en "materias de paridad", implementar domicilio electoral para determinar residencia como "mecanismo para evitar el turismo electoral"; reposición de exigencia de la Constitución que fijaba 3 años de residencia para senadores y diputados; y rebaja de la dieta y asignaciones parlamentarias.
El punto sobre los pueblos indígenas establece que se tiene que consagrar el "reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, de sus lenguas, costumbres, tradiciones, cosmovisiones y medicinas ancestrales, entre otras".
Sobre derechos sociales, los firmantes solicitan incorporar el derecho a la vivienda propia y su protección; derecho a la salud enfocado en fortalecimiento del sistema público; derecho a la educación, con consagración de calidad y gratuidad en educación prebásica, básica, media y universitaria, con "límites de tiempo establecidos por ley" y la coexistencia con instituciones de financiamiento mixto o privado.
Asimismo, proponen un derecho a un "nuevo sistema de pensiones", que esté constituido por tres pilares: aporte estatal igualitario, aporte de los trabajadores, "de su total propiedad y heredable"; y aporte del empleador. Dicen, no obstante, que eso no quita que "el Estado establezca suplementos para contribuir a los sectores que no puedan llegar a una pensión digna, a través de la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario".
También listan el reconocimiento de los derechos de las personas mayores y reconocimiento a las labores de cuidado.
En cuanto a participación ciudadana, proponen la iniciativa popular de ley con límites sobre la materia y límites temporales; y en el punto de "regionalización" aseguran que "es necesario dotar y fortalecer a las regiones, con mayor autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses".
En el ítem de "migración", piden garantizar al país un "proceso de migración regulada, segura y ordenada", y mecanismos de expulsión a "aquellos migrantes que no buscan contribuir con la patria, sino cometer delitos en Chile o bien evadir las responsabilidades por delitos cometidos fuera de nuestras fronteras".
Sobre seguridad, reconocen que "es la materia que más importa a los chilenos y chilenas en el último tiempo" y solicitan restringir el derecho a voto a quienes están cumpliendo condenas por delitos que superen los 3 años de cárcel; perseguir y sancionar los delitos de tráfico y narcotráfico; establecer una defensoría de las víctimas; y "fortalecer dentro de la Constitución las fuerzas de orden y seguridad, es decir, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones".
En cuanto a corrupción, proponen "avanzar en materias de probidad y transparencia de la función pública e implementar sanciones ejemplares a funcionarios públicos y de gobierno por delitos de corrupción y faltas a la probidad"
Y en medio ambiente, impulsan "avanzar en fiscalización y en protección efectiva del medio ambiente, lo que implica mayor inversión pública en materia de tecnologías e innovación de manera tal de proteger el medio ambiente y también la vida humana".
