Argumentos y contrargumentos de los principales focos de debate en torno al Apruebo y el Rechazo

La entrega del proyecto constitucional al Presidente Gabriel Boric el pasado 4 de julio abrió la llamada "nueva etapa" del camino que Chile inició el 15 de noviembre, con la salida institucional a una crisis devenida de mucho antes del estallido social. En esa oportunidad, se acordó que, de ganar la opción de dotar al país de una nueva Constitución en el Plebiscito, se aplicaría el mismo mecanismo de consulta para que la ciudadanía decida aprobar o rechazar el texto.

Pero a esta altura del partido, las palabras Apruebo o Rechazo dejaron de estar dotadas de sólo un significado y abundan las interpretaciones de lo que significa marcar una u otra alternativa en la papeleta.

Es más: pocos conciben ya esas opciones "a secas" o "sin apellidos", puesto que la idea que hoy predomina es que el texto se transformó más bien en un "punto de partida" para hacer transformaciones, o "para mejorar", como dice el PPD; "para reformar", como dice la derecha; "para levantarnos y empezar de nuevo", como abogan los amarillos por Chile.

Entre medio, la misiva del ex Presidente Ricardo Lagos operó como un catalizador del debate por la continuidad del proceso más allá del 4 de septiembre; pues pese a la molestia que despertó en su propia tienda, el PS, varios ex concertacionistas -junto a la derecha- se plegaron a la tesis de que "Chile necesita y merece una constitución que suscite concenso" y que "ninguno de los dos textos que puedan resultar del Plebiscito está en condiciones de lograrlo".

Pero en esa intención de dar continuidad al debate constitucional, el Apruebo insiste en lo que llaman "un legítima desconfianza" a que Chile Vamos realmente haga cambios si es que gana el Rechazo. Así, la idea de "Rechazar para reformar" que pregonan es, a juicio de un buen sector del oficialismo, una declaración de "intenciones", y pese a apoyar la rebaja de los 4/7 para reformar la Constitución actual, varios piden "garantías explícitas".

Por otro lado, varias voces del Rechazo a secas han apuntado a la "ilusión" que significa "Aprobar para reformar". En una carta enviada el jueves a El Mercurio, el ex ministro Rodrigo Hinzpeter cuestiona que exista una figura de liderazgo para transitar ese camino. "¿Quién, en ese escenario, tendrá la posición, digamos el liderazgo, para argumentar que, no obstante lo transitado, el resultado de ello debe ser inmediatamente reformado?", se pregunta. Ello, sobre todo considerando que casi el 80% de los chilenos y chilenas aprobaron por abrir el camino hacia un nueva Carta Magna.

Así, en medio de aquellas disyuntivas, y aunque el ejercicio de análisis, quizá, no alcance para cada uno de los 388 artículos y sus 60 normas transitorias, hay temas que se repiten y operan argumentos y contraargumentos para tomar una decisión que, de todas formas, mantiene el debate y los desafíos políticos y sociales abiertos.

"Un año de intenso y riguroso trabajo, desarrollado por un órgano elegido democráticamente; por primera vez paritario y con una representación y diversidad poco antes vista en nuestra historia", dijo la ex presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, durante el discurso de clausura del órgano, haciendo énfasis en uno de los puntos clave del proceso.

Esto, porque por primera vez en el mundo, un texto constitucional permitió igualdad de participación entre hombres y mujeres, pero también dio un "enfoque de género" a sus normas, que además van en línea con el que el Presidente Gabriel Boric dotó su programa bajo la promesa de "un Gobierno feminista".

En mayo, el medio Bloomberg calificó el texto como "razonable", y según los expertos entrevistados, justamente la paridad era lo más destacable. "La única área en la que es verdaderamente innovadora y que va a recibir mucha atención es el punto de la paridad de género (...) ha habido cuotas de género en muchas otras constituciones, pero nada como esto", dijo entonces Tom Ginsburg, profesor de derecho internacional de la Universidad de Chicago.

Pero ya con redacción en mano, otras dudas han comenzado a asomar sobre este punto. Esta semana, el medio inglés de corte liberal The Economist -que llamó a rechazar el texto-, cuestionó que no quedara claro . Así, habló de un "lenguaje impreciso", que "menciona 39 veces la palabra género y que las sentencias judiciales, la policía y el sistema nacional de salud tendrán que operar con 'perspectiva de género', lo que no se define".

Una de las principales molestias que la derecha planteó durante el funcionamiento de la Convención fue que no eran escuchados, por ser minoría. Y es que tras la votación del 15 y 16 de mayo, lograron un 23% de representación.

Así, otro de los argumentos de el Rechazo -también esgrimidos hoy entre algunas voces de centroizquierda e izquierda- apunta a un ánimo "partisano", cargado de "personalismos", que no generarían suficiente cohesión.

El ex director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Ricardo Brodsky, apuntó a aquello esta semana en Tele13 Radio. "A mí lo que más me llama la atención del proyecto y proceso, es el ánimo y espíritu del que está impregnado, es muy identitario, muy sectario, muy excluyente de una parte del país que, aunque tuvo una presentación menor en la Convención, sigue representando al 40% de la población".

La carta de llamado a Rechazo que Brodsky firmó con otras ocho figuras de la centroizquierda -como Oscar Landerretche y el ex ministro Andrés Velasco- profundiza en que: "desde su inicio, la Convención optó por un tono adversarial y excluyente, donde ha sido más importante subrayar las causas identitarias y la reinvidicación de dolores pasados que la construcción de un horizonte nacional compartido".

Consciente de las críticas que surgieron durante el proceso, el ex vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, centró su discurso de cierre el lunes en el aporte que ha tenido la diversidad para la redacción del texto como un valor inédito de representación, tanto de los propios pueblos originarios, como de quienes llegaron a ocupar un escaño sin tener trayectoria política, emergidos de los movimientos sociales agudizados tras el estallido.

"Para escribir la propuesta fuimos elegidos con reglas nuevas, de manera paritaria, diversa, abriendo espacio a quienes nunca antes habían sido representados o habían estado en espacios de poder. Somos, tal vez, el grupo más diverso que ha sido convocado para una tarea de este carácter jamás. Tuvimos que relacionarnos, escucharnos, y llegar acuerdos entre diferentes y esto, necesariamente, implica obtener lo que queremos y, otras veces, aceptar lo que definen las mayorías", remarcó.

El concepto de plurinacionalidad, consagrado, entre otros, en el artículo uno del texto, provocó semanas de debate desde su planteamiento y, tras su entrega oficial, sigue generando visiones contrapuestas y dudas sobre sus implicancias.

Quienes defienden el término apuntan a que se trata de un reconocimiento a las distintas naciones que conforman el Estado. María Elisa Quinteros dijo a mediados de junio al diario Concepción que no se innovó en esta materia, sino que "son cosas que el derecho internacional reconoce hace años. Esa eliminación de las barreras tiene que ver con que se reconozca a nivel constitucional que existen y que son personas también sujetas de derechos".

Su predecesora, Elisa Loncon también explicó en reiteradas ocasiones los alcances del término: En abril, en entrevista con Pauta, recalcó que "en el caso nuestro, son naciones que estamos en un mismo Estado, transformando el Estado, y el Estado es plurinacional. No se trata de armar otro Estado, sino uno que incorpore a las diversas naciones".

Por la otra vereda, preocupan los "alcances" del término, incluso visto como una "amenaza". "La plurinacionalidad, en la forma que está propuesta puede ser una amenaza al Estado unitario y a la igualdad de derechos de los habitantes del país", afirmó Frei Ruiz-Tagle en su carta donde expresa su voto de rechazo.

El punto anterior, además, trae consigo la discusión respecto al rol de los pueblos originarios en el texto de nueva Constitución. Por un lado, predomina la idea de que es clave reconocerlos y dotarlos de autonomía, mientras otras voces apuntan a que se les consagra demasiadas atribuciones.

Consciente de que estas críticas atravesaron el debate durante la redacción del texto, Quinteros recalcó en su discurso del 4 de julio que éste busca "reducir desigualdades", en particular "a grupos históricamente excluidos, personas mayores, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes y los pueblos y naciones indígenas".

El Apruebo apunta a aquello: al reconocimiento de los PP.OO. como un punto un punto fundamental que vendría a saldar una deuda histórica del Estado Chileno con las distintas naciones que lo componen. Pero el rechazo, por su parte, hace hincapié en que en ese ejercicio de intentar "reducir desigualdades", la balanza no quedó equilibrada.

Así lo dejó ver el ex timonel PR, Carlos Maldonado quien, entre los argumentos que sustentan su Rechazo, está que el texto, "establece un conjunto exacerbado de derechos y privilegios para los denominados pueblos originarios (...) no considero aceptable que se pretenda darles derechos anteriores y preferentes por sobre el resto de la población del país, esa gran mayoría de chilenos que no se identifican como pertenecientes a PP.OO".

En la misma línea, Frei Ruiz-Tagle argumentó su rechazo planteando que "el poder que se entrega a los pueblos originarios para vetar iniciativas administrativas o legislativas, constituye un privilegio que no tiene el resto de la ciudadanía".

El ex Presidente apunta al articulado que establece que "los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución"; el mismo que la ex presidenta del órgano, Elisa Loncon, defendió en entrevista con EmolTV, afirmando que éste se refiere "en caso de militarización de los territorios, derrames tóxicos y traslado de las comunidades (...) eso vamos a tener que explicarlo siempre".

El proyecto de nueva Constitución plantea una modificación al sistema político, es decir, a la organización de los poderes del Estado. Entre las normas, se diseña en Congreso de Diputadas y Diputados y se elimina el Senado, para crear la Cámara de las Regiones.

Esta última se entiende como "un órgano deliberativo, paritario y plurinacional, de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución". También fija que por ley se especificarán "sus derechos y obligaciones especiales" y que "no podrá fiscalizar los actos del Gobierno".

¿Qué ha dicho el Rechazo al respecto? "En materia de sistema político, sería un tremendo paso atrás; nos daría menos gobernabilidad y más disputas, más fragmentación y menos trabajo compartido. Así no se garantizan los derechos fundamentales", señala el ex ministro Andrés Velasco.

Por su parte, Frei Ruiz-Tagle sostuvo que "el sistema político propuesto no establece un adecuado equilibrio y división de poderes, crea una Cámara omnipotente y está expuesto a que una mayoría ocasional que controle la presidencia y la Cámara política, pueda avanzar hacia un régimen dictatorial de los que en el mundo están siendo frecuentes".

Desde la vereda del Apruebo han defendido que la Cámara de las Regiones "no es simbólica" ni que tampoco implica "un sistema unicameral disfrazado", sino que viene a dar representación territorial, precisamente, a las regiones, para que así se avance en el anhelo de la descentralización.

El ex convencional Fernando Atria afirmó en mayo a CNN que "tratar de preguntarse cuán cerca o lejos queda del Senado, en mi opinión, no es la mejor manera de entender esto. Lo que la define es un principio no proporcional, sino territorial, regional de representación. El Congreso de Diputadas y Diputados va a ser un órgano compuesto en lo posible con un criterio proporcional, es decir, lo más cercano que se pueda llegar a una persona, un voto. En tanto en la Cámara de las Regiones tendrá un principio de representación distinto; una región, un voto", explicó.

Lo propio había hecho el ex presidente de la Convención, Jaime Bassa, en abril, al sostener que ésta "no es simbólica, tiene competencias importantes (...) No hay que mirar esto desde la óptica de lo senadores que pierden su trabajo, sino desde la óptica de las regiones que tendrán un espacio de representación territorial en la política".

El llamado "pluralismo jurídico" también ha sido foco de argumentación para tomar alguna de las posturas frente al texto. El Rechazo acusa de una "desigualdad ante la ley", mientras que desde el Apruebo apuntan a que lo que se consagró fue el reconocimiento de los pueblos, y en ello, las formas tradicionales de resolver sus conflictos en el marco de un Estado Plurinacional.

¿Pero qué dice el texto? El artículo 309 del capítulo "Sistemas de Justicia" sostiene que "El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación, coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Éstos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte".

Asimismo, fija que será la ley la que "determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales".