"Hay algo que ha cambiado, que ha mejorado, que no es lo mismo del periodo anterior", dijo el diputado comunista Boris Barrera adelantando, en cierta medida, lo que se viene este lunes en la Cámara de Diputados.
Y es que, comenzando la semana, se someterá a votación el proyecto de infraestructura crítica, el cual viene de ser aprobado por siete a favor y una abstención en la Comisión Mixta -senadores y diputados- en la que se encontraba para resolver las diferencias entre ambas Cámaras del Congreso.
A lo que apunta la iniciativa final es a que el Presidente de la República tenga la capacidad de desplegar a las Fuerzas Armadas para que estas puedan resguardar un "conjunto de
instalaciones, sistemas o servicios esenciales y de utilidad pública", como lugares que sean "indispensable para la
generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, agua o telecomunicaciones", entre otros.
La controversia de esta iniciativa se da por diversas razones. Comenzando porque fue presentada por senadores independientes del comité RN, Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh, en noviembre de 2019 en el marco del estallido social, por lo tanto, se entendía como una reacción a las manifestaciones de la ciudadanía.
Además, este proyecto invoca el despliegue de las Fuerzas Armadas -aunque explicita que no "podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público"-, que en esa fecha ya se encontraban en las calles para apaciguar el estallido, por lo que también generó rechazo por parte del actual oficialismo.
Sin embargo, ahora, el gobierno se ha abierto a la posibilidad de aprobarlo, debido a que se encuentra en una posición aún más complicada debido a la Macrozona Sur. Este miércoles será la tercera vez en un mes y medio en que la ministra del Interior, Izkia Siches, acude al Congreso para pedir la prórroga del estado de excepción.
En contraposición, la herramienta que establece el proyecto de infraestructura crítica sería con un
plazo de 60 días, prorrogable con la visa del Parlamento. Por ende, para no tensionar a los legisladores cada dos semanas para extender el estado de excepción, el Ejecutivo busca convencer a Apruebo Dignidad -en donde ha habido descuelgues en las votaciones para la prórroga de la herramienta constitucional en la Macrozona Sur- aprobar la otra alternativa.
De hecho, el ministro Segpres, Giorgio Jackson, durante la votación en el Senado, aseguró que "nosotros la asumimos con la mayor de las responsabilidades, en el caso de ser aprobada, para poder utilizarla para la seguridad de la nación".
Qué esperar de la votación
Varios han sido los parlamentarios que han dado luces de lo que podría buscar el gobierno, como lo hizo el socialista Leonardo Soto, quien votará a favor del proyecto de infraestructura crítica.
"Me atrevo a decir que el gobierno va a utilizarlo a penas se promulgue y se publique (…) En reemplazo del estado de excepción de emergencia que hoy día hay en la Macrozona Sur. Es una herramienta constitucional totalmente democrática, que tiene los debidos controles, que no actúa en relación a la seguridad pública".
Él mismo hizo un contundente llamado a sus compañeros oficialistas: "Espero que todas las bancadas, incluyendo Apruebo Dignidad, que dejaron solo al gobierno cuando tenía que prorrogar estado de excepción, en esta ocasión apoyen proyecto de infraestructura crítica".
Y si bien muchos piensan lo mismo que Soto, que el Partido Comunista estuviera totalmente en contra de este proyecto -de hecho, los dos senadores del partido se abstuvieron en la votación de la semana pasada-, los últimos días los diputados de la tienda han hecho guiños a la nueva propuesta.
"Hasta ahora yo creo que este proyecto de infraestructura critica es distinto al que apoyó el gobierno de Sebastián Piñera", dijo el diputado Luis Cuello (PC), y continuó con la idea que se baraja desde Palacio.
"Yo creo que el gobierno siempre tiene que tener herramientas para enfrentar las situaciones de seguridad que por eso hoy día hay dos alternativas que están en juego. Una es el estado de excepción acotado como se ha implementado en el sur, y otra es lo que se va a abrir, esta herramienta que es la infraestructura critica que permite que se extienda más en el tiempo sin renovaciones periódicas".
Asimismo, su compañero Boris Barrera (PC), mencionó que "tiene varias modificaciones, como por ejemplo que define de mejor manera lo que es infraestructura critica. También hace alusión explicita a que se tienen que respetar los derechos humanos, a que los militares no van a ser los que van a responder en relación al orden público, sino que ahora van a ser carabineros", aunque ese último punto ya estaba en proyecto inicial presentado por Aravena y Pugh.
Barrera aseguró que sería como "una etapa intermedia" entre el estado de excepción y no tener nada, pero recalcó que no es algo que se debe normalizar, y por eso es que sus compañeros del Senado se abstuvieron.
Lo que es el estado de excepción es cada 15 día. Es cansador para nosotros estar aquí cada 15 días"
María Candelaria Acevedo
En tanto,
María Candelaria Acevedo (PC), quien ha votado en contra de todas las prórrogas del estado de excepción, hizo referencia al hecho de la periodicidad. "Lo que es el estado de excepción es cada 15 día.
Es cansador para nosotros estar aquí cada 15 días, por lo tanto, creo que tenemos que revisar, evaluar bien lo que viene hoy día con esta infraestructura crítica".
De todas maneras, los díscolos se harán presente en la votación del lunes, como lo ha sido también en todas las extensiones del estado de excepción el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch.
Ya no estamos empezando a acostumbrar con los estados de excepción o con esta ley. Nuevamente nosotros como acción humanista lo vamos a votar en contra"
Tomás Hirsch
"Voté en contra (en 2020) porque no creo adecuado que los militares estén dedicados a funciones que les corresponden a las policías. Ya nos estamos empezando a acostumbrar con los estados de excepción o con esta ley. Nuevamente nosotros como Acción Humanista
lo vamos a votar en contra", sumando así a su compañera
Ana María Gazmuri.
En el Frente Amplio tampoco están todos los votos asegurados. Así lo demostró Gonzalo Winter (CS): "Obviamente que por una cuestión conceptual uno tiene que tender a evitar que los militares tengan una relación directa con civiles, sin embargo, voy a estudiar juiciosamente las modificaciones que ha hecho el Senado (para dar a conocer mi voto)".
Desde el Socialismo Democrático el gobierno no tendrá mayores problemas para alinear a la mayoría de sus diputados, a excepción de Emilia Nuyado (socialista mapuche).
"En cierta medida lo que está buscando el gobierno es una forma alternativa de seguir militarizando el Wallmapu", dijo Nuyado, asegurando que "por tal razón votaré en contra".
Desde el Partido Radical, Tomás Lagomarsino indicó que bajo su perspectiva "este proyecto de infraestructura critica no solamente está diseñado para la Araucanía, sino que también permite proteger una serie de otros dispositivos críticos los cuales puede incluir los centros de salud (…) por supuesto que uno esperaría que hubiera mayor compromiso del Ejecutivo en materia de seguridad", asegurando su voto favorable.
Igualmente, la oposición ha manifestado que apoyarán el proyecto porque consideran que es una buena herramienta que se le da al Ejecutivo para que resguarde la seguridad de la ciudadanía.
"Hoy día se requieren, se necesitan, es urgente que haya militares, gente de la armada, que estén en lugares estratégicos para así poder destinar más Carabineros y policías a las calles", dijo el diputado RN, Andrés Celis, quien comprometió su voto a favor.
Para cuidar esencialmente agua, luz, gas, telecomunicaciones, aquellas cosas que pueden dejar a una ciudad sin suministros básicos. Lo vamos a votar a favor"
Jorge Alessandri
"Es una herramienta importante que deben tener los presidentes de la República. Para cuidar esencialmente agua, luz, gas, telecomunicaciones, aquellas cosas que pueden dejar a una ciudad sin suministros básicos.
Lo vamos a votar a favor", aseguró el jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri.
Historia del proyecto
Luego de su aprobación en el Senado, fue rechazado en general en la Cámara en septiembre de 2020, contando con la negativa del presidente Gabriel Boric, del ministro Segpres Giorgio Jackson y la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quienes en ese momento eran diputados.
Para resolver las diferencias entre ambas Cámaras, el proyecto pasó a Comisión Mixta, la cual incluía cinco diputados y cinco senadores. Esta instancia sesionó una sola vez y luego se suspendió hasta mayo de este año, cuando el propio gobierno pidió convocar la instancia para buscar una alternativa al estado de excepción en la Macrozona Sur, que no concitaba los apoyos de Apruebo Dignidad.
Si bien el Ejecutivo se había comprometido con una indicación sustitutiva para resolver las divergencias entre ambas Cámaras, finalmente optaron por implementar la herramienta constitucional en el sur, de manera "acotada" para lograr los votos de su sector.
Debido a esto,
el gobierno decidió no seguir tramitando el proyecto, y de hecho, Jackson y la ministra del Interior, Izkia Siches, llamaron a los parlamentarios a esperar al 4 de septiembre para seguir legislando sobre la iniciativa, que "el trabajo no tuviera chances de ser desechado" -ya que de aprobarse la nueva Constitución esta nueva herramienta quedaría sin efecto.
Con eso, los parlamentarios oficialistas del Socialismo Democrático se molestaron, alegando que el Ejecutivo no los puede "inhibir de legislar", por lo que continuaron la discusión y tramitación.
Finalmente, siendo aprobada en la Comisión Mixta por siete votos a favor y solo una abstención -Jorge Brito (RD)-, fue visada favorablemente también en la sala del Senado la semana pasada, solo con un voto en contra de Fabiola Campillay y tres abstenciones de Claudia Pascual (PC), Daniel Núñez (PC) y Juan Ignacio Latorre (RD).
Este lunes se votará en la sala de la Cámara. De ser aprobado -necesita 3/5- será despachado como reforma constitucional desde el Congreso.
