Ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo.
El Mercurio/Archivo
Luego de 112 días como fugitiva, la
ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, fue encontrada por la policía de Países Bajos y puesta a disposición del tribunal de Rotterdam. Así lo confirmó este miércoles la Fiscalía de Antofagasta, organismo que espera que su proceso de extradición a Chile sea expedito para que cumpla la condena de cinco años y un día de presidio que recibió el pasado marzo.
De todas formas, pese a la fuga, Rojo no arriesga un aumento en su condena, pues según explicó esta mañana el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, "arrancarse con constituye en nuestro ordenamiento jurídico un delito por si solo, por lo tanto, va a cumplir de forma efectiva la pena que le impuso el tribual oral en su oportunidad y confirmado por la Corte Suprema".
Pero ¿cómo se dieron los hechos hasta que Rojo terminara detenida en Países Bajos? Si bien la ex alcaldesa fue formalizada en junio de 2018, los hechos se remontan a agosto de 2015, cuando contrató una encuesta para evaluar su gestión de cara a las municipales de 2016. El sondeo arrojó resultados negativos, por los que la otrora jefa comunal resolvió contratar al asesor político y comunicacional José Miguel Izquierdo con el fin de revertir la evaluación y lograr la reelección.
Ese es el movimiento que, para el Ministerio Público, fue fraudulento, debido a que se simuló el contrato con la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) por un monto de $23.722.428, que fue pagado con fondos de los presupuestos de Educación y Salud asignados a dicha repartición.
De acuerdo a la indagatoria que se conoció en 2018, los movimientos perjudicaron a la CMDS pues los montos de dicha unidad se invirtieron en "una asesoría que, realmente, en favor de dicha Corporación no se prestó". Se trató, entonces, de "una asesoría que, en el fondo, no se cumplió sino en favor de la señora alcaldesa".
En la acusación realizada en julio se agrega que también se defraudó a la Corporación Cultural de Antofagasta, cuyo directorio presidía la ex alcaldesa, causando un perjuicio ascendiente a la suma de $23.145.123, monto que fue cancelado al asesor por concepto de pasajes y simulados como honorarios por un servicio inexistente a esa unidad municipal.
Una vez formalizada la investigación con fecha 15 de junio del 2018, la Fiscalía solicitó como medida cautelar su arraigo nacional, y si bien el Juzgado de Garantía acogió la petición, posteriormente la Corte de Apelaciones de Antofagasta, conociendo un recurso de amparo presentado por su defensa, dejó sin efecto el arraigo, lo que permitió su posterior huida del país.
En julio de 2020, concluyó la investigación donde el Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió acusarla como autora de los delitos consumados de fraude al fisco y negociación incompatible. El 18 de enero de 2021, el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta dictaminó su sentencia en primera instancia tras ser hallada culpable de haber contratado los servicios de Izquierdo utilizando los recursos de la CMDS, además de la inhabilitación perpetua para derechos políticos.
El 30 de enero, la defensa de Rojo, el abogado Jorge Bofill, pidió la nulidad del juicio oral en su contra, argumentando que "se infringió el derecho al debido proceso" de su representada. No fue hasta el 23 marzo de este año que -tras una extenso aplazamiento para la revisión del recurso- la Corte Suprema ratificó el fallo del TOP de Antofagasta.
Ese día, Rojo huyó del país sin problemas en un vuelo de la aerolínea KML que la llevó hasta Países Bajos, según la escasa información que se manejaba. El 24 de marzo, la Oficina Central Nacional de Interpol Santiago emitió una alerta roja para solicitar la detención internacional de la ex alcaldesa y el día siguiente, el fiscal nacional, Jorge Abbott, abrió una investigación administrativa para establecer si hubo responsabilidad en la Fiscalía de Antofagasta por no asegurar que Rojo cumpliera su condena.
Desde entonces, 112 días transcurrieron para que la policía de Países Bajos lograra dar con su paradero y fuera puesta a disposición de la justicia. Más tarde, la fiscalía de Rotterdam ordenó mantenerla privada de libertad hasta que se realice la primera audiencia de extradición, lo que se estima que ocurrirá en un plazo de seis a ocho semanas.
