La ex presidenta de la Convención, Elisa Loncon, fue figura protagónica del debate público sobre la Constitución esta semana, a propósito de sus declaraciones sobre la "redistribución de la riqueza" de las 10 familias en el marco del Estado social y democrático de derecho y de la expropiación de tierras, que, según ella, si el expropiado "no quiere, no se va a realizar".
Esta mañana, en un debate con Ruggero Cozzi (RN) organizado por la Universidad Católica, reiteró su interpretación de la norma constitucional de expropiación al hablar sobre cuáles serían las tierras que el pueblo mapuche podría reclamar en el futuro.
"Se llama Wallmapu (...) ahora está desdibujado y para eso la comisión presidencial compuesta por distintas autoridades, de distintas disciplinas, tiene que delimitar,
ahora no está delimitado, está la fragmentación y lo que han documentado los historiadores sobre el despojo", explicó, y recordó que el artículo 78° habla de la restitución como mecanismo "preferente" para la recuperación de los territorios.
"No es que Temuco será parte del territorio, tampoco Pucón ni las segundas casas que tienen las personas a las orillas de los lagos, porque se respeta la propiedad privada y hay un mecanismo legal que dice que será vía expropiación. Cuando la persona que tiene la tierra está de acuerdo con la expropiación, se paga un precio justo", dijo la ex convencional.
La corrigió entonces la periodista que moderaba el debate, Mónica Rincón, que remarcó que la expropiación podía suceder aunque el propietario se negara.
Pero Loncon insistió unos momentos más tarde y afirmó que "acá en la norma dice que va a depender de quién quiera esa expropiación y si no se quiere, no se hace, no se va a realizar", ante lo que fue rebatida nuevamente por Rincón, que argumentó que el borrador no decía nada al respecto.
Los bordes de la justicia indígena
En el debate también se abordó el pluralismo jurídico, que fue calificado por Cozzi como un "cheque en blanco" por la falta de detalles de las normas del borrador sobre este tema.
Según el ex constituyente, el problema sería "la posibilidad de que la justicia indígena se aplique a no indígenas; se abre a otro tipo de delitos más graves, cuestiones de derecho público; que no exista derecho a opción es problemático".
Además, resaltó que "la justicia indígena la administra, primero, no un juez, no un profesional del derecho, es un lonko en el caso del pueblo mapuche. Segundo, la ley que se aplica no está escrita, yo no la conozco y no está codificada".
Ante esto, Loncon respondió que "la opinión de Ruggero es demasiado colonial porque menosprecia una manera en cómo los pueblos instalan sus normas para poder seguir existiendo. La justicia indígena no sólo la ejerce el lonko, también la machi, los sabios mayores ejercen justicia indígena. En caso de problemas que se dan dentro de la familia, entre familias".
En esa línea, Loncon reforzó que la justicia indígena no sería para temas penales porque "no se modificó el Código Penal. La norma 310° dice que la función jurisdiccional la ejercen los tribunales. La justicia indígena no niega la acción de los tribunales. La ley penal es obligatoria para todos los habitantes de la república e incluye a los pueblos originarios".
No obstante, Cozzi intervino nuevamente para aseverar que había escaños reservados que tenían otras intenciones, porque según comentó, la Constitución se aplicaría sin necesidad de que exista una ley que especifique los ámbitos de la justicia indígena.
Por eso "el problema es que al día siguiente de aprobada la Constitución vamos a tener a muchos imputados por delitos terroristas, robo de manera, reclamando su derecho a que los juzgue el lonko o la machi", afirmó.
