Alrededor de las 01:30 horas de la madrugada de este lunes, la Subsecretaría de Salud Pública emitió un comunicado en el que informaba sobre la decisión de dejar
"sin efecto" el Oficio Ordinario B33 Nº 3045, cuya resolución establecía la prohibición del uso de
"body scan" al interior de los recintos penitenciarios.
La medida buscaba restringir la aplicación de los escáner corporales en las cárceles, apelando a que estos artefactos "pueden acarrear problemas de salud a largo plazo", producto de la tecnología de radiación ionizante que poseen. Sin embargo, la medida fue criticada por la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH), pues insistieron que el uso de "body scan" es esencial para detectar elementos prohibidos que buscan ser interesados a los centros penales.
Si bien el Minsal se retractó del oficio, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve defendió esta mañana que la resolución tenía justificación en "fundamentos sanitarios". Por ello, desde el Gobierno anunciaron la creación de una mesa técnica interministerial que pretende generar una solución que "equipare" la protección de la salud de las personas y, al mismo tiempo, que continúe significando un aporte a la seguridad al interior de las cárceles.
"Muchas operaciones criminales se llevan a cabo desde las cárceles. Los jefes de las organizaciones criminales están muchas veces cumpliendo condena, por lo tanto hay que colocar atención a lo que ocurre al interior de los recintos carcelarios. Por eso, es que pareció prudente dejar sin efecto esta resolución, mientras que el Ministerio de Justicia y Salud construyen en una mesa técnica una solución que pueda equiparar ambos intereses: cuidad la salud de las personas y cuidar la seguridad al interior de los recintos penitenciarios", aclaró la autoridad.
No obstante, al advertencia sobre posibles problemas de salud no fue la única razón considerada por el Ministerio de Salud para generar el oficio, pues también argumentaron que el uso de "body scan" es exclusivo de la Policía de Investigaciones. En base a lo anterior, la cartera decidió además pronunciarse ante una resolución emitida en 2019 que autorizada la implementación de estos dispositivos en cárceles del norte del país.
Argumentos
Pese a que el Oficio Ordinario B33 Nº 3045 fue presentado el 30 de junio por la Subsecretaría de Salud Pública, a cargo de Cristóbal Cuadrado, la resolución incorpora otros dos dictámenes previos que son utilizados para argumentar y explicar la decisión del Minsal de prohibir el uso de los 'body scan' en los centros penitenciarios.
En concreto, en el oficio dirigido al Ministerio de Justicia se establece como parte de la justificación que: "En Chile, el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), en el estudio de agentes cancerígenos relevantes para la salud ocupacional en Chile, en el marco de la implementación del sistema internacional de exposición ocupacional a cancerígenos (CAREX), clasifica las radiaciones ionizantes como agente físico comprobadamente cancerígeno para el ser humano".
En base a lo anterior, la Subsecretaría de Salud Pública apela a que "el Plan Nacional del Cáncer 2018-2028, ha establecido entre sus líneas estratégicas, disminuir la incidencia y morbimortalidad atribuible al cáncer, por los factores de riesgos medioambientales, entre los cuales incluye las radiaciones ionizantes y no ionizantes".
A su vez, en el documento se cita una resolución dictada en 2011 y amparada en el artículo 29 bis de la Ley N°20.000 art 29 bis, la cual menciona que "la autorización de los equipos de rayos X Body Scan, se ha otorgado para uso exclusivo de la PDI en el control de narcotráfico, ya que el emplear este tipo de equipo para otros fines, significaría exponer a la población en general a una dosis de exposición innecesaria e injustificada, poniendo en riesgo su salud".
Fue a raíz de ese oficio, que ahora la "Subsecretaría de Salud Pública, emitió un pronunciamiento respecto al uso de estas tecnologías a través del ORD B33/N°1344 del ANT. en el cual instruye a todas las Seremis de Salud, el uso exclusivo de estos equipos para exámenes corporales tipo Body Scan por rayos X, a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)".
Este pronunciamiento efectuado por la actual administración de Gobierno fue generado en base a otro oficio decretado en 2019, mediante el cual las autoridades de la Subsecretaría de Salud Pública de aquel entonces (mandato del ex Presidente Sebastián Piñera), autorizaban a Gendarmería la incorporación de tres equipos body scan en recintos penitenciarios del norte de Chile.
"Se comunicará a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, que en la tramitación de la autorización sanitaria de dichos equipos, junto con velar por el debido cumplimiento del reglamento -en lo que les aplique a su categoría- se solicite al titular un protocolo de inspección asociado al uso del equipo bodyscan, con procedimientos de actuación que considere aspectos tendientes a reducir el riesgo para la salud de los visitantes que sean sometidos a inspección bajo esa tecnología", concluye aquella resolución.
Preocupación de Fiscalía por aumento de delincuencia en cárceles
El Observatorio del Narcotráfico, del Ministerio Público, en su sexta versión, presentó como principales hallazgos de los años 2020 y 2021, la creciente amenaza de carteles internacionales en nuestro país, el aumento de la producción de droga en suelo nacional y el recrudecimiento de la violencia en las cárceles chilenas por parte de organizaciones criminales de narcotraficantes.
En detalle, a través de su estudio, Fiscalía logró establecer la existencia de un "sistema de dominación" que se ha instalado gradualmente en la red penitenciaria, conformado por las organizaciones criminales, principalmente vinculadas al narcotráfico, que replican al interior de los recintos penales, las condiciones que han construido en distintos barrios.
"Al 30 de abril de 2021, se han identificado un total de 570 bandas criminales recluidas en los recintos penitenciarios a nivel nacional, que considera un total de 1936 integrantes, de ellos, 1534 chilenos y 402 extranjeros (de estos últimos, 144 corresponden a internos de
nacionalidad colombiana, que constituye la mayor presencia de extranjeros)", informó Gendarmería de Chile, cuyas cifras fueron dadas a conocer por el estudio del Ministerio Público.
En base a lo anterior, la Fiscalía advirtió que "nos enfrentamos a un ciclo de crecimiento del crimen organizado en Chile. Como hemos visto, este proceso está caracterizado por el surgimiento de nuevos protagonistas, entre los que se cuentan peligrosas organizaciones extranjeras que han decidido iniciar su operación en suelo chileno".
