Una nueva Convención Constitucional en el caso del triunfo del Rechazo es el escenario que planteó el Presidente Gabriel Boric el viernes y que ya se ha encontrado con varios detractores en el debate público.
Independientemente del fondo de la idea, la discusión estos días ha estado centrada en si la actual Constitución mandata efectivamente a un nuevo proceso constituyente, o si se requeriría una nueva reforma -y un nuevo acuerdo político- para aquello.
El rector de la Universidad Diego Portales,
Carlos Peña, planteó en una columna en El Mercurio que Boric está en lo correcto por lo que establece hoy el texto constitucional, pero sus palabras, desde el punto de vista jurídico, no son compartidas por otros abogados.
Peña afirma que "existe un mandato de la ciudadanía (el resultado del plebiscito de entrada) que decidió contar con una nueva Constitución. Ese mandato (una verdadera obligación político-constitucional) no queda sin efecto porque el texto de la Convención se rechace. La obligación jurídica nacida del plebiscito seguirá pendiente".
"La única pregunta es cómo cumplirla. Y la respuesta se encuentra, si no se le modifica, en el inciso final del artículo 142 de la actual Constitución (...) donde se prevé la elección de una Convención y luego un plebiscito para el cambio constitucional. Y estas reglas son permanentes, no transitorias. No son reglas de una sola vez, sino reglas vigentes en tanto no se las derogue", afirma Peña.
Requeriría "una ley interpretativa"
El constitucionalista y académico de Rutgers Law, Jorge Contesse, comparte que en el plebiscito de entrada la ciudadanía dio un mandato doble: que la Constitución de 1980 "no va más", dice; y que la forma de generar una nueva es mediante una Convención Constitucional.
"Cosa distinta es el segundo plano de análisis, jurídico, y yo en ese análisis discrepo de lo que plantea, en tanto él se enfoca solo en el Artículo 142 (...). La Constitución de 1980, con la reforma de 2019 y la que se tuvo que hacer por la pandemia, establece en su articulado permanente, no solo en el transitorio, fechas específicas. Me parece que eso es un error de técnica legislativa claro", aseguró Contesse en EmolTV.
Por eso, según comentó el abogado, para que se refleje nuevamente ese mandato en un texto jurídico "habría que, no necesariamente reformar la Constitución, sino por ejemplo una ley interpretativa de la Constitución, porque lo que hay en mi opinión es una deficiente técnica legislativa en la que no es razonable suponer que el constituyente de esa norma se equivocó al establecer una disposición transitoria en el articulado permanente".
Por lo tanto "requeriría al menos una interpretación que aclare el sentido y alcance, de manera de habilitar, dar cauce institucional a la voluntad inequívocamente manifestada en octubre de 2020. La ciudadanía chilena quiere una nueva Constitución y que sea producida por un cuerpo electo específicamente para tal fin", aseveró.
"Habrá que volver a conversar"
Para Ernesto Silva (UDI), abogado y ex representante de la UDI en la mesa técnica que trabajó la reforma que habilitó el proceso constituyente, la lectura es similar.
"Hay que separar dos planos: en el primero es revisar lo que dice la Constitución y cualquier proceso de toma de decisiones tiene que ser fiel a lo que establece esa Constitución. La Constitución establece tres hipótesis de cierre del proceso: uno, que el plebiscito se apruebe, dos, que la Convención no acordara un texto por 2/3 y la tercera, que el plebiscito se rechace. Esa es la mirada desde la norma".
"Una cuestión diferente es el debate político: efectivamente con el amplio triunfo del Apruebo en el plebiscito de entrada es razonable pensar que, si se rechaza el de salida, se requiera volver a conversar para encontrar una manera, pero esa manera vuelve al poder constituyente con capacidades para abordarlo: el Congreso en conjunto con el Presidente", responde Silva.
El abogado agrega que, en ese escenario, "habrá que volver a sentarse a conversar cuál es el mecanismo más adecuado, cómo participará la ciudadanía del proceso, pero claramente la Constitución no mandata a volver a resetear o iniciar el proceso como han señalado algunos".
En lo que sí había claridad en la discusión dada en la mesa técnica, según Silva, es que "era un proceso que sea activaba por una vez: de ahí yo desprendo que si es proceso no se completa con resultado exitoso, es tarea de la política y la ciudadanía definir las reglas para lo que venga. No estuvo nunca en el espíritu que fuera un proceso continuo, que se mantuviera hasta que se aprobara algo".
