Diversas han sido las reacciones de la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción, la cual suspendió por 10 días del cargo de Director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer. Esto debido a que el servicio demoró en responder un recurso de protección interpuesto por una ciudadana cubana quien sufría la lentitud en la tramitación de su vida temporal regular. La medida debe ser ratificada por la Corte Suprema luego de que el servicio apelara.
Desde la oposición han criticado directamente al director, acusándolo de actuar bajo una
"mirada ideológica".
De hecho, tal ha sido la escalada del caso, que cuatro diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, Sofía Cid -jefe y subjefa de bancada-, junto a los diputados Miguel Becker y Bernardo Berger, integrantes de la Comisión de Gobierno Interior, enviaron un oficio a la ministra del Interior, Izkia Siches, para remover de su cargo a Thayer.
"Que si la situación migratoria llegase a empeorar por la mirada ideologizada del Director, como Ministra será igualmente responsable de ello, no pudiendo alegar que los actos del Director del Servicio Nacional de Migraciones le son inimputables", comienza mencionando el oficio.
Según los parlamentarios de oposición "es de extrema gravedad". Primero debido al detrimento que sufre el servicio, pero también ya que "el Director se permite omitir informes a un requerimiento judicial que tiene su origen en una acción constitucional que busca poner fin a una eventual vulneración de derechos fundamentales".
Si bien este fue el hecho que desencadenó la solicitud de los parlamentarios, aseguran en el oficio que este no es el primer hecho en que Thayer se aparta del marco legal. "El Servicio ya no está expulsando por la vía administrativa, y las cifras que se exhiben tramposamente responden a expulsiones decretadas por la vía judicial".
Y continúa: "A ello se suma la insinuación de un proceso de regularización por parte del Director del Servicio Nacional de Migraciones que no hará más que seguir promoviendo ingresos que se han desbordado en el extremo norte de nuestro país".
Desde la misma bancada, el diputado José Miguel Castro, indicó a Emol que esto es una "seguidilla de errores" del servicio, también mencionando las expulsiones de extranjeros. "Hemos visto a una ministra del Interior diciendo que va a expulsar, en el caso de las resoluciones de tribunales, a los inmigrantes que así lo requieren las cortes, pero aún no vemos estos gestos", señaló.
Con respecto a la polémica, para Castro es prudente esta decisión de la Corte de Apelación, ya que es un "buen tirón de oreja a este gobierno que en temas de migración está muy al debe". Y agregó: "Ellos no se atienden a los tiempos determinados. Esto no se trata de mirarlo ideológicamente, esto se trata de mirar que las instituciones funcionen y en los tiempos adecuados".
Asimismo, la senadora de la tienda, Paulina Núñez, de la región de Antofagasta, indicó que con esto "hace un llamado a quien quiera ingresar a Chile lo haga por donde quiera y sin cumplir los requisitos (…) me parece que es una falta de responsabilidad profunda en una crisis humanitaria y de migraciones que tenemos en nuestro país".
En la misma línea, al UDI, Renzo Trisotti, le parece que esto "demuestra la incapacidad y la displicencia de como el director está llevando el fenómeno migratorio. Ya no solamente tenemos un descontrol en la zona norte (…) sino tampoco tiene la capacidad de responderle a los tribunales de justicia".
Además, se refirió al tema el diputado del comité republicano, Johannes Kaiser. "Sabemos que hay cientos de casos de ciudadanos extranjeros que están pidiendo regularizar sus papeles y ver el tema de sus visas, el Estado está fracasando en esta tarea, así como ha fracasado completamente y por voluntad propia en la tarea de controlar las fronteras. En mi opinión, el Estado de Chile está en un estado de franca descomposición y eso es responsabilidad fundamental de las personas que han sido designadas para cubrir cargos que les quedan grandes", indicó.
Por su parte, desde el oficialismo también pusieron el foco en la falta de medios y recursos que tiene el servicio. Por ejemplo, el diputado comunista, Matías Ramírez -aunque no quiere opinar sobre la decisión de la corte porque es del ámbito judicial- indicó que "se debería evaluar, en la medida posible, aumentar la cantidad de profesionales para poder dar abasto a propósito del retraso que precisamente vienen del gobierno anterior y que hoy afecta el normal desempeño del Servicio".
Intentando, sin embargo, destacar que "lo importante es evaluar todo en su contexto. Primero, la situación de la solicitud de visa de la ciudadana cubana ya fue regulada. En ese sentido, el director Luis Eduardo Thayer, enfatizó en un comunicado que ha gestionado más de 87 mil visas del proceso de regularización extraordinaria de 2021 solo en tres meses, mientras que la administración anterior solo tramitó 31 mil visas en un año".
En la misma línea se refirió Javiera Morales (Ind. CS). "Dejar muy claro que este hecho se enmarca en una situación compleja generada en los últimos años en el servicio de migraciones. Hoy quedó al descubierto que existe un retraso heredado desde la gestión anterior de miles de solicitudes".
El senador de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Esteban Velásquez, indicó que "un estado de derecho corresponde cuando un ciudadano o alguna persona siente que sus derechos no están siendo respondidos. Hay una cuestión de fondo y este servicio requiere que el gobierno le entregue los recursos necesarios (…) de tal forma de dotar de los recursos humanos necesarios, infraestructura, tecnología, las oficinas".
Asimismo, el diputado Liberal, Sebastián Videla, pidió “tener en cuenta la sobredemanda, pero debemos como país estar preparado para estos procesos porque no pueden demorar más de lo establecido. El gobierno está pidiendo una migración regulada y ordenada, entonces tenemos que dar el ancho para quienes están en el proceso”.
Finalmente, el independiente PPD, Jaime Araya, señaló que se debe hacer un sumario administrativo para desvincular a la persona que no dio cumplimiento de la resolución judicial.
"Creo que el tema de fondo es que la institucionalidad está colapsando producto de la grave crisis migratoria y que mientras no haya un control adecuado en frontera esto va a seguir presionando la institucionalidad del estado la que francamente no tiene ninguna capacidad de responder a la gran demanda que hay", finalizó.
Desde el PS, la diputada Danisa Astidullo aclaró que "más allá del tropezón y del error que pudo cometer esta dirección, que hay que reconocer que esta sobrepasada en trabajo porque tiene en la actualidad 8 mil demandas que responder y 500 mil migrantes que regularizar, yo creo que debemos destacar que tenemos a un tremendo director con una basta experiencia en el tema"
