El ex coordinador de la Macrozona sur en el Gobierno de Sebastián Piñera,
Pablo Urquízar, realizó nuevamente una dura crítica por la "inacción" del Estado en contra del líder de la CAM, Héctor Llaitul.
"La inacción e indiferencia completa del Estado
transforman a Llaitul en la persona más poderosa de Chile. Ni el Tren de Aragua, ni Jalisco Nueva Generación ni el Cartel de Sinaloa se atrevieron a tanto", sostuvo este martes en el diario La Segunda.
Las palabras de Urquízar llegan después que Llaitul reivindicara ataques y que dijera que
"la prioridad de la CAM es canalizar la violencia hacia el sabotaje".
El abogado señaló que "la CAM lleva adjudicado entre el 2014 y el 2022 más de 156 atentados graves a familias mapuche y no mapuche. Don Ceferino González hoy está vivo por milagro, pero fue la CAM la que cometió el homicidio frustrado en contra de él el 9 de julio del 2021 en un atentado adjudicado por dicha organización".
Urquízar continuó con que "Llaitul llama a la 'resistencia armada', da entrevistas en distintos medios hablando de los atentados y graves hechos de violencia, reconoce públicamente la violencia como método de acción política con la CAM y
no pasa absolutamente nada".
"El Estado debe darse cuenta que aquí está en juego la democracia y el resguardo de los derechos fundamentales. Cada vez que el Estado no actúa contras estas orgánicas, hay una víctima inocente mapuche o no mapuche que sufre las consecuencias de la violencia", critica.
En esta jornada, el fiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que para iniciar una investigación invocando la Ley de Seguridad del Estado, el Gobierno primero debe presentar una querella.
"La verdad es que se requiere, para poder investigar al amparo de la ley de seguridad el Estado, una denuncia o una querella por parte del Gobierno", precisó desde el Palacio de La Moneda.
Frente a esto, la CPC -y sus seis ramas-, manifestaron en un comunicado que "rechazamos categóricamente las afirmaciones del dirigente de la organización Coordinadora Arauco Malleco, en cuanto constituyen una grave amenaza al estado de derecho, la seguridad y el orden público".
