En medio de la investigación que realiza la Contraloría a La Moneda, RN pidió este viernes al organismo fiscalizar al Gobierno por la compra realizada por trato directo de 900 mil copias de la propuesta nueva Constitución por $444 millones.
El requerimiento suscrito por el jefe y la subjefa de la bancada, Andrés Longton y Sofía Cid, respectivamente, apunta a que en el marco de la campaña "Chile vota informado", el pasado 21 de julio se suscribieron dichos ejemplares por trato directo, pese a que "la ley 19.886, sobre bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, en su artículo 5° establece que toda contratación que supere las 1.000 UTM (aproximadamente 58.2 millones de pesos) debe, como regla general, realizarse mediante licitación pública".
La orden de compra, dicen, fue emanada desde la Segpres, con la justificación, que son dineros "remanentes" de la Convención Constitucional que cerró su labor el mes pasado tras entregar el borrador de nueva Constitución.
En el escrito ingresado a la Contraloría, la bancada de RN pide que se "fiscalice y vele por el buen uso de los recursos públicos y la observancia de los principios de legalidad y probidad administrativa, y requiera la información necesaria tanto del Ministro Secretario General de la Presidencia, don Giorgio Jackson Drago y demás personas que estime conveniente, en relación a los acontecimientos descritos con anterioridad; instruyendo un sumario administrativo destinado a aclarar y determinar la legitimidad de este accionar, aplicando sanciones a los responsables que aún se desempeñen en la administración pública".
Los parlamentarios además critican que dichos dineros, pudieron ser destinados a ir en ayuda de las familias chilenas, en medio del alza del costo de la vida. A la vez que apuntaron a otros costos incurridos a la fecha por La Monda para sacar adelante la campaña informativa, sumado a sus salidas a terreno.
