Como un nuevo giro del Gobierno en materia de seguridad fue percibida la decisión del Presidente Gabriel Boric de ampliar las querellas que pesan en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, luego de que este reconociera que su organización ha cometido atentados contra empresas forestales.
En medio de los reproches, el Mandatario defendió el cambio de postura, explicando que el dirigente mapuche "ha tenido muchos dichos y los últimos son particularmente graves, porque se atribuye la autoría de delitos. Por lo tanto, analizando aquello, nos pareció que era pertinente ampliar la querella".
"Hubo una auto atribución de delitos en las últimas semanas", añadió, junto con recalcar que
"el Gobierno tiene el deber de estar siempre evaluando sus decisiones y la decisión final me toca tomarla a mí. Ante los antecedentes que se nos pusieron sobre la mesa, tomé la decisión y asumo la responsabilidad de aquello", expresó.
Según Boric, "es bueno que un Gobierno sea capaz de revisar sus decisiones, porque gobiernos obstinados, en donde actúan solo así y tratan de estar de acuerdo consigo mismo la verdad que no traen las mejores soluciones", punto que luego fue reforzado por la ministra del Interior, Izkia Siches.
Tras el consejo de gabinete realizado en Puente Alto, la secretaria de Estado sostuvo que en esta materia "mantenemos la misma línea desde el primer día de Gobierno, vamos a perseguir los delitos. En este caso hemos ampliado la querella sumándonos a una querella del 2018 por Seguridad del Estado".
"Es una definición que se toma para perseguir los delitos. Y frente a las últimas declaraciones hay una adjudicación de hechos constitutivos de delitos en las últimas dos semanas y creemos necesario que el Ministerio Público investigue", afirmó sobre la determinación, la cual fue valorada por los líderes del oficialismo.
Análisis en los partidos
Al respecto, la presidenta del PPD, Natalia Piergentilli, señaló a EmolTV que el cambio de posición "me pareció lo correcto, a veces tiene que tomarse más tiempo para tomar definiciones. No me cabe duda que si desde un principio se hubieran analizado en detalle las palabras de Llaitul quizá podríamos haber llegado a la misma conclusión".
"Pero a veces tenemos que salir tan apurados, que cometemos esos pequeños impasses que después se asocian a volteretas y que pareciera que no hubiera una sola línea. Creo que finalmente lo que declaró la ministra es lo correcto, que es la línea y que línea de aquí para adelante tiene que ser un poco más reflexiva", advirtió.
En esa línea, la dirigenta expresó que lo ideal es "no salir dando una y luego otra y luego otra que reemplace a la anterior", junto con reconocer que
"puede ser que no hayan visto en detalle estas declaraciones, porque entiendo que la postura anterior era de análisis en su mérito de las declaraciones anteriores".
"Estas fueron distintas, por eso creo que a veces falta un poquito más de calma para ver las cosas en detalle y poder tomar definiciones certeras (…) no creo que exista o no quiero creer que exista falta de convicción para condenar estas cosas de manera determinante en el Gobierno", manifestó.
En esa línea, Piergentilli remarcó que "a lo mejor pensaron que era otra más de las declaraciones de Llaitul, pero se reparó el error y eso es lo que importa. Ojalá para llegar a ese punto de llegada virtuoso, que en el fondo es lo que planteó la ministra Siches, no cometamos tantos errores en el camino".
En tanto, el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, también se refirió al tema, sobre todo por la serie de declaraciones que dieron tanto la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y su par de la Segpres, Giorgio Jackson, quien en la previa del anuncio de las querellas desestimó esa medida argumentando que "no se perseguirían ideas".
"Desconozco si hubo descoordinación o que pasó (…) tal vez cuando a Giorgio le preguntaron no alcanzó a conversar las decisiones recientes del Ministerio del Interior que entiendo fue ayer en la tarde. Estas son atribuciones de los ministerios del Interior y tal vez falto ahí una declaración para efectos de la vocería pública", dijo.
No obstante, subrayó que "yo creo que el estado de derecho tiene que perseguir organizaciones que reivindican la acción directa y la violencia política", agregando que "acción violenta, acción política, violencia política, hay que perseguirla penalmente, yo no tengo tapujos en decir aquello".
La mirada de los expertos
Para el secretario académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, uno de los factores que podrían haber retrasado la reacción del Gobierno frente a las amenazas de Llaitul es que "es muy complejo para ellos aparecer reprimiendo al pueblo mapuche".
"Porque el fondo, hacer una querella contra Llaitul, si uno lo ve desde afuera, es que un Gobierno de esta nueva izquierda se está querellando contra el pueblo mapuche, independiente de lo que haya dicho o no Llaitul y ahí tienen una contradicción", indicó, la cual "les impide tener una aproximación distinta a la que ya tienen concebida".
Pero también asoma la coyuntura como un factor relevante que agudizó las presiones sobre el Gobierno, en medio de discusión por la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. El momento de la intervención de Llaitul "tampoco es casualidad", plantea
Marco Moreno, analista político de la Universidad Central.
"Hay un diseño de este movimiento indígena más radical donde se busca tensionar al Gobierno en relación a las convicciones que han expresado sobre el tema y que tome posición a favor de ellos. Por lo tanto, el Gobierno comienza a moverse en un plano de ambigüedad para no generar un daño colateral en la tramitación del estado de excepción entres sus propias filas", explicó.
En tanto, Mauricio Morales, cientista político de la Universidad de Talca, comentó que la posibilidad de que el Gobierno apareciera desistiendo de querellarse contra Llaitul podría dejar la sensación de que "está renunciando a aplicar mano dura en un contexto de altísimos niveles de violencia, delincuencia y crisis de orden público, lo que podría ir en contra de su aprobación".
Una visión similar planteó Moreno, quien acotó que en la evaluación del Ejecutivo sobre si tomar la medida o no debe haber pesado el costo de no asumir una posición más proactiva sobre este tema. "Esto impacta sobre su aprobación, y cuando no es explícito, se instala la ambigüedad y la duda", subrayó.
