Son 12 propuestas de leyes para impementar la nueva Constitución -en caso de ganar el Apruebo- las comprometidas por el Frente Amplio, según un borrador dado a conocer por la colectividad.
En el documento se abordan parte de los temas más polémicos en medio de la discusión constitucional y, con ello, se intenta dar certezas a la población que aún esta indecisa con su voto del 4 de septiembre, cuando se plebiscitará el texto.
Esto se distancia de lo que el Socialismo Democrático ha planteado en su discurso para votar Apruebo, que es más bien "aprobar para reformar", como lo ha hecho explícito el PPD.
Según consigna el documento, debido a que el texto de nueva Carta Fundamental delega a la ley la regulación de muchos puntos, "esto ha sido utilizado por la derecha para infundir miedo en la ciudadanía", por ende, con esta acción "se trata de nuestro compromiso ante el país de las propuestas que defenderemos cuando llegue el momento de escribir las leyes que requiere la nueva Constitución".
Los puntos incluidos en la carta de la colectividad del presidente Gabriel Boric contempla temas que han sido fuertemente cuestionados, como hasta qué semana se podrá abortar, cómo se aplicarán las autonomías territoriales y la justicia indígena.
Los 12 puntos
1. Educación: El colectivo asegura que "el nuevo Sistema Nacional de Educación se resguardará el derecho de los padres de elegir el colegio de sus hijas e hijos, pudiendo optar entre colegios públicos, particulares subvencionados y particulares pagados", cosa que ha sido duramente cuestionada.
2. Salud: En este ítem, el FA buscará que exista un seguro universal de salud que "proteja la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse en el nuevo Sistema Nacional de Salud que estará compuesto por clínicas y hospitales públicos y privados".
3. Pensiones: En este punto, que generó polémica dentro de la redacción de la nueva Constitución, se comprometen a que sea un sistema de seguridad social que garantice una pensión de al menos $250.000. Además buscan garantizar proteger en este sentido a quienes realizan trabajos domésticos y de cuidados de niños, enfermos o ancianos.
Por último, incluyen que "en el nuevo sistema se respetarán los ahorros previsionales existentes en las cuentas individuales".
4. Trabajo: La colectividad se compromete, en este sentido, a crear una ley que "asegure un sueldo mínimo que supere la línea de la pobreza, reduzca la jornada laboral a 40 horas, consagre el derecho al descanso y la desconexión fuera de horario laboral, y fortalezca la capacidad de fiscalización del Estado sobre las empresas", además de garantizar la igualdad de salario entre hombres y mujeres.
5. Vivienda: En este punto también despejan la duda generada en la redacción de la nueva Constitución, ya que comprometen mantener “la actual política de vivienda que entrega propiedad en plena disposición para la o el beneficiario y para su familia".
Asimismo, indican que entregarán “nuevos mecanismos al Estado para acelerar la compra de suelos para atender la urgente necesidad de vivienda en nuestro país”.
6. Seguridad: En relación a este ítem, el FA no menciona, por ejemplo el hecho que ha sido fuertemente cuestionado, el que no exista el Estado de excepción Constitucional en el nuevo texto. Sin embargo, mencionan que propondrán una ley que "regule a las policías establezca el principio de que debe existir la
misma dotación de policías y presupuesto en todas las comunas, de acuerdo a su población y sus necesidades".
7. Derechos de las mujeres: Su compromiso en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es generar una ley que establezca el aborto "libre, gratuito y seguro hasta las 14 semanas de embarazo", además de que "toda persona víctima de violencia de género sea recibida sin costo en una casa de acogida, en los términos que propone el artículo 51.4 de la nueva Constitución".
8. Protección de las y los consumidores: La carta revela que promoverán que el nuevo órgano -establecido en el nuevo texto- que reemplace al SERNAC, "tenga efectivamente capacidad de sancionar de forma justa y ejemplar a los empresarios que se coludan y dañen los derechos de los consumidores".
9. Prohibición para ejercer cargos públicos a condenados por corrupción, violencia intrafamiliar y otros: La colectividad se compromete, en este punto, a establecer como plazo de duración de esta prohibición -que establece la nueva Constitución- sea de un mínimo de 10 años.
10. Sanciones a los abusos en los mercados: El FA asegura que buscarán regular un "sistema de delitos económicos donde finalmente existan penas de cárcel efectiva para los responsables, donde las multas sean acordes a los ingresos de los delincuentes y no solo un saludo a la bandera", y donde "las empresas no solo sean sancionadas, sino que sean intervenidas de modo de asegurarse que no haya reincidencia".
11. Autonomías territoriales indígenas: el documento compromete diversos criterios para materializar un tema que también ha sido controvertido en relación a la nueva Constitución, que unos acusan de que amenaza la unidad del territorio nacional.
"Que las autoridades de las Autonomías territoriales indígenas estén sujetas a las mismas exigencias de transparencia, probidad y rendición de cuentas que las demás autoridades del Estado, y que la organización y atribuciones de las Autonomías territoriales indígenas deba ser coherente con el carácter único e indivisible del territorio de Chile (artículo 3) y con el derecho de trasladarse por todo el territorio nacional (artículo 69)".
12. Justicia Indígena: Finalmente, y también incluyendo un ítem sumamente polémico para quienes votan Rechazo, el FA compromete ciertos mínimos para la aplicación de los artículos 307, 309 y 329 de la propuesta de nueva Carta Magna.
Primero "que los procedimientos de justicia indígenas serán siempre voluntarios. Es decir, nadie podrá ser obligado a concurrir a ellos". Además, dicen, “nos parece que hay materias que deben quedar excluidas de la justicia indígena. En particular, proponemos que los delitos en los que hay un interés general de la sociedad por su investigación y sentencia queden excluidos de la justicia indígena. Es decir, solo en aquellas materias que hoy la ley permite resolver con un acuerdo entre la víctima y el imputado podrán ser resueltos en la justicia indígena, la que además será siempre voluntaria".
Y tercero, “que los principios del debido proceso y derechos humanos rijan en todos los sistemas de justicia del país”.
