"Claudio Grossman es un reconocido académico y jurista con una destacadísima trayectoria internacional", señaló en su primer punto la declaración divulgada ayer por el Ministerio de RR.EE. en la cual notificaron de la decisión del Presidente Gabriel Boric de no apoyar la candidatura del abogado a la Corte Internacional de La Haya.
El encabezado del texto, en el cual la cancillería expuso los argumentos que tuvo a la vista el Mandatario para tomar la determinación, dio cuenta de inmediato de los pergaminos del profesional, quien a lo largo de su trayectoria ha asesorado a nuestro país en importantes asuntos legales desde los años noventa a la fecha.
Sin ir más allá, Grossman, quien se tituló en 1971 en la Universidad de Chile y cuenta con un doctorado en derecho de la Universidad de Amsterdam,
fue agente de nuestro país ante el tribunal en el caso por la demanda marítima de Bolivia y también asesor en el diferendo presentado ante la misma instancia por Perú.
Su elección para esos casos fue precedida por su destacada labor en EE.UU., en donde se desempeñó por 21 años como decano de la Facultad de Derecho de la American University de Washington, una de las casas de estudio más prestigiosas del mundo, trabajo que combinó con una importante presencia en organismos internacionales.
De hecho, entre 1993 y 2001 se fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual fue presidente entre 1996 y 2001. Posteriormente, fue vicepresidente y titular del Comité Contra la Tortura en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En 2016, fue elegido miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas para el período 2017-2021 con la segunda mayoría de América Latina, con 146 votos. En 2021, en tanto, fue nombrado asesor de en la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional.
Dado su curriculum, el profesor Grossman ha sido requerido en diversos casos de carácter nacional. Aparte de colaborar en los litigios ante La Haya, fue requerido sobre todo en asuntos que guardaban relación con EE.UU., como en el
conflicto de las uvas envenenadas que enfrentó al país con el gobierno norteamericano.
"En Estados Unidos no hay tema que no tenga una connotación jurídica. Como mi ventaja es el Derecho Internacional y llevo años siendo docente y decano en Washington, conozco muy bien las leyes y a menudo asesoro al gobierno sobre los temas que le preocupan", comentaba en la década de los dos mil.
En 2004, el gobierno de Ricardo Lagos lo contactó para asesorar al Ejecutivo en el caso abierto por las cuentas secretas del general Augusto Pinochet en el Banco Riggs. El ex Presidente también solicitó su ayuda para elaborar los argumentos que Chile expuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU para oponerse a la invasión de EE.UU. a Irak.
También participó en la acusación de dumping en las exportaciones chilenas de salmones y ayudó en la elaboración del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Por esos años, fue designado asesor permanente de la Embajada de Chile en Washington.
Nexos políticos
Claudio Grossman nació en Valparaíso y realizó sus estudios primarios en el Liceo Eduardo de la Barra, donde fue presidente del centro de alumnos. A los 15 años ingresó a las juventudes del Partido Radical, en donde coincidió con el ex Presidente Lagos. Luego, fue líder de la Federación de Estudiantes Secundarios de la región.
Comenzó su carrera de derecho en la sede de la Universidad de Chile en el puerto, pero pidió ser trasladado a Santiago. En esa facultad, en 1970 y 1971, fue presidente del Centro de Alumnos por dos años, época en la que ya formaba parte del Movimiento Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).
En ese periodo, trabó amistad con su sucesor en el cargo, Carlos Portales, y otras figuras como el ex presidente de la DC,
Gutemberg Martínez. También es cercano al actual senador y ex secretario general de la OEA,
José Miguel Insulza, espacio que comparte con la canciller Antonia Urrejola. También es cercano a
Sergio Bitar (PPD).
Al momento del Golpe de Estado en 1973, Grossman tuvo que huir del país, ya que era jefe de gabinete del ministro de la Secretaría General de Gobierno del ex Presidente Salvador Allende, Fernando Flores. Fue en ese momento en que solicitó refugio en la embajada de Holanda. En Amsterdam, prosiguió sus estudios de derecho.
La caída de la administración de la Unidad Popular provocó un quiebre para su familia, ya que su padre fue detenido y torturado por ser militante radical y su madre fue despedida de la universidad en la que era profesora. En 2015, relató al diario argentino Clarin que "durante la dictadura militar yo perdí el derecho humano de vivir en Chile".
Sin embargo, durante su trayectoria profesional se fue alejando de la política para asumir causas transversales. Un ejemplo de ello fue cuando asumió como abogado de la UDI ante la CIDH en 2010, cuando el gremialismo buscaba la extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina, por el asesinato de Jaime Guzmán.
