Dos proyectos de ley fueron presentados este viernes a raíz de la discusión que se generó entre el Gobierno y el Ministerio Público sobre cómo perseguir la responsabilidad del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, luego de que reconociera la participación de esa organización en atentados.
Uno fue ingresado por los diputados de la DC, Joanna Pérez y Miguel Ángel Calisto, más el independiente Andrés Jouannet, y otro por los senadores de RN, Carmen Gloria Aravena y José García Ruminot, los cuales le otorgan al ente persecutor facultades para querellarse por Ley de Seguridad Interior del Estado.
Al respecto, Pérez explicó que "como solo el Presidente tiene la facultad hoy de poder presentar querellas en orden a lo que señala la Ley de Seguridad del Estado es que estamos presentando un proyecto de ley para
ampliar esa facultad y dotar al Ministerio Público para que también puede hacerse parte de las querellas".
En el texto de la iniciativa, los parlamentarios sostuvieron que "la democracia no puede quedar a la suerte de ideologías que fundan la inacción gubernamental, sino que debe fortalecerse el ordenamiento jurídico vigente, con reglas claras y concretas para que puedan ser efectivamente ejecutadas para los fines pre establecidos”.
"Ante ello, se propone este proyecto que tiene por finalidad modificar la Ley sobre Seguridad del Estado que ha limitado el inicio de investigaciones penales a denuncias o querellas que sólo pueden ser originadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de la Gobernación Regional o de la autoridad o persona afectada", señala.
En esa línea, señalaron que "se propone eliminar la restricción que actualmente recae sobre estas materias para el Ministerio Público, cuando se trate exclusivamente de la persecución de ciertos delitos contemplados en el Título II de la Ley de Seguridad del Estado, es decir, a actos que atenten contra la seguridad interior del Estado".
Propuesta de RN
En tanto, sobre el otro proyecto de ley de RN, la senadora Aravena sostuvo que éste "resulta fundamental para enfrentar de forma más eficiente y oportuna el combate al crimen organizado, especialmente luego de las declaraciones públicas que ha venido realizando el cabecilla de la agrupación terrorista CAM, Héctor Llaitul".
"La lucha contra la delincuencia y la erradicación de la violencia terrorista requiere de una acción oportuna y decidida de la justicia, especialmente cuando existe una amenaza evidente contra el país y sus habitantes, como es el caso de una persona que ha planteado 'canalizar la violencia hacia acciones de sabotaje'", advirtió.
En esa línea, subrayó que la CAM "viene cometiendo múltiples crímenes, que deben ser perseguidos por el Estado. Por lo mismo,
el Ministerio Público debe tener la potestad de iniciar investigaciones de oficio sin tener que esperar la acción de terceros".
Mientras, el senador García Ruminot indicó que "Chile vive un contexto muy complejo relacionado con la escalada de violencia que se registra en distintas partes del país, siendo La Araucanía y la Macrozona Sur de las áreas más afectadas por este flagelo”.
"Eso demanda un actuar eficaz de la justicia para enfrentar a las bandas criminales que hoy tienen atemorizada a la población, donde no se puede perder un minuto en hacer frente a su actuar", recalcó.
A su juicio, "aquí pasaron semanas en las que el Gobierno se opuso a establecer una querella contra una persona que pertenece a una organización criminal y que sigue llamando públicamente a cometer delitos. Con este proyecto, lo que se busca es dotar a la Fiscalía de facultades que permitan mejorar su trabajo en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia".
