"Lo que esperábamos era que se recogiese la historia, que se resguardara el rol de todas las universidades, independiente de su propiedad o modalidad de provisión", fue parte de lo que dijo Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción y presidente de las universidades de la Red G9 sobre la propuesta de nueva Constitución.
Durante su participación en la comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, Saavedra, en nombre del conglomerado, criticó el texto fundamental que será plebiscitado argumentando que solo se consagran a las instituciones estatales.
"Fundamentalmente, e
n el texto se recoge mayoritariamente el qué hacer en el ámbito de la educación superior estatal, en desmedro de nuestras instituciones", manifestó.
El rector de la Universidad de Concepción señaló que apoyaron el inicio del proceso constituyente, presentando una iniciativa popular de norma: "Fuimos una de las 77 iniciativas, de las casi 2500 en total, que alcanzaron y superaron las 15 mil firmas. Y por lo tanto, tuvimos la oportunidad de presentar elementos centrales en la Convención", dijo agregando que la idea presentada "no fue recogida de la manera que esperábamos".
"Esperábamos que se resguardara, tal como había quedado reflejado en la reforma constitucional de 1971 a la Constitución de 25, o en el decreto del año 1927, en donde declaraba a las universidades no estatales como derecho público", agregó señalando que "la versión final del texto orienta todas las disposiciones para universidades estatales".
En esa línea, Saavedra señaló que la propuesta de Constitución "
nos deja al arbitrio de la ley, desconociendo alcances y contenidos. Lamentamos que esto sea un desconocimiento histórico al desarrollo del sistema de educación superior en Chile".
"Nos pone en riesgo", sentenció el presidente de la Red G9, añadiendo que espera que en futuros procesos de reforma -sí es que se aprueba el texto- "se pueda corregir".
Por otro lado, Carlos Saavedra no solo fue crítico con el texto redactado por la Convención debido a la falta de garantías a las instituciones de educación superior privadas, sino por la poca mención que se hace a la ciencia e innovación.
"Solo se menciona dos veces y no necesariamente se establece una vinculación entre la educación superior y la investigación", expresó.
"Nosotros esperábamos que hubiese un pronunciamiento como ha habido en algunas de las constituciones en el último tiempo, en donde se ha incorporado en algunas de ellas como Egipto. Una garantía constitucional en términos de financiamiento en el ámbito científico, tecnológico y de desarrollo", añadió.
Si bien Saavedra menciona que el artículo 96 de la propuesta garantiza la libertad de investigación "no se garantiza el compromiso a un financiamiento incremental y como sabemos, Chile, desde que se creó la Conicyt no ha superado la barrera del 0,4% del PIB anual para ciencias".
"Lo que podría haber sido un cambio de relevancia constitucional para la materia finalmente no queda consagrado, no aparece", lamentó.
