La posibilidad de un acuerdo previo al Plebiscito para identificar y comprometer qué puntos del borrador reformar si gana el Apruebo ya es un tema de discusión entre los diversos partidos de la izquierda y centroizquierda. El llamado del Presidente Gabriel Boric solo puso más presión a una carrera que inició formalmente el PPD con su "Aprobar y mejorar", pero que ha sumado otros participantes con el correr del tiempo y la cercanía al 4 de septiembre.
Quiénes son los que están en las conversaciones: partidos políticos. Aquello es algo que preocupa -e incluso molesta- a los representantes de los movimientos sociales y pueblos originarios que llegaron a la Convención, y que formaron parte de la escritura del proyecto de Constitución en discusión.
"Si el Gobierno y el Presidente ya están haciendo un llamado a que todos se pongan de acuerdo, bueno, que también incluya a esta mesa de trabajo a los pueblos originarios, a los movimientos sociales y al mundo independiente, porque esa fue su promesa de campaña también", planteó
Ingrid Villena, ex convencional de Pueblo Constituyente (La Lista del Pueblo), a
Emol.
Que no se produzca una "cocina" es parte de lo que piden los ex representantes de la Convención Constitucional, argumentando que ese tipo de política está deslegitimada socialmente.
"No hay temas vedados, creo yo, en la medida en que se respeten los procedimientos legítimos para ello. El procedimiento es muy importante y debe haber participación de organizaciones sociales, ciudadanas, indígenas, regionales, más allá de los partidos, porque en lo que creo que estamos de acuerdo es que esto no debe verse como una cocina", comentó Luis Jiménez, ex constituyente del pueblo aymara.
El ex constituyente de LLDP, Cristóbal Andrade, aseguró que "ahí vemos que la política sigue siendo igual, que los partidos cocinan ellos mismos sin mirar a los independientes y pueblos originarios, que tuvimos amplia participación en la propuesta de Constitución. Si quieren hacer un pacto, deberían escuchar otras opiniones. Yo soy partidario de que se haga después del plebiscito, porque ahora confunde a la gente".
Si sucede, que sea después del Plebiscito
En eso también está de acuerdo Guillermo Namor, ex convencional de Independientes No Neutrales, que plantea que los parlamentarios tendrán cerca de tres años para generar pactos y acordar reformas.
"En el caso excepcionalísimo de que este acuerdo suceda (ahora), no podemos olvidar que el proceso constituyente surge en parte precisamente por la crisis de nuestras instituciones políticas, y la legitimidad de la nueva Constitución viene dada precisamente por su representatividad", dijo.
Por eso, a juicio de Namor, "si se van a generar instancias de diálogo previas al plebiscito es fundamental que estén todas las actorías, para no perder de vista el objetivo primario del proceso constituyente: la relegitimación de la política institucional".
A eso mismo apunta
Rosa Catrileo, ex constituyente mapuche, quien recuerda que el proyecto de nueva Constitución consagra la participación política de los pueblos indígenas a través de los escaños reservados, por lo que, a su juicio, también deberían estar considerados en esta conversación.
Además, asegura que los únicos acuerdos posibles deberían ser sobre la implementación del texto nuevo. "Llama la atención. Si son necesarios los acuerdos, son necesarios para implementar las leyes de la Constitución, porque hay normas transitorias que indican que se deben dictar para adecuar el ordenamiento jurídico", dijo Catrileo.
La ex convencional y ex vocera de la Coordinadora 8M, Alondra Carrillo, es crítica incluso con la decisión de llamar a un acuerdo. "Lo esperable desde los partidos del gobierno es comunicar claramente que el Apruebo de la nueva Constitución es lo único que habilita a esos debates democráticos posteriores al plebiscito, y que el Rechazo solo clausura esa puerta y nos deja a disposición de la voluntad de quiénes siempre se han negado a cambiar las cosas", aseveró.
Además, otra preocupación de los independientes sobre este proceso es que no se intenten reformar algunas normas consagradas en el borrador, sobre todo las referidas a derechos sociales.
"Se pueden hacer las modificaciones correspondientes con la misma herramienta que da la propuesta de Constitución (...) pero siempre teniendo en cuenta que está en el capítulo de Derechos Fundamentales el principio de no regresión: ningún derecho que se va a adquirir con la nueva Constitución puede ser disminuido. Por ejemplo, no podrá cambiarse la ‘vivienda digna’ a sólo vivienda, o el ‘trabajo decente’ a trabajo", explica Villena.
