Quedan poco más de dos meses para que se cumplan
tres años desde que estalló la denominada revuelta social. Y desde aquel 18 de octubre de 2019 a la fecha, el Estado ha recibido al menos cinco querellas en su contra, cuyos demandantes acusan su responsabilidad en casos relacionados a
traumas oculares, despidos injustificados y acoso laboral, víctimas de balines y daños a bienes comerciales.
Los recursos judiciales interpuestos en contra del Fisco de Chile van desde la demanda presentada por la senadora Fabiola Campillai -quien perdió su visión tras ser impactada en su rostro por una bomba lacrimógena en San Bernardo, mientras esperaba locomoción colectiva en noviembre de 2019- hasta la querella interpuesta por los dueños de la ex Fuente Alemana.
En concreto, la última demanda que recibió el Estado por los hechos ocurridos en el marco del estallido social, fue la presentada por Carlo y Claudio Siri -propietarios del local ubicado en Plaza Italia-, quienes piden una restitución por los "daños patrimoniales y morales que los demandantes han sufrido a causa de la acción negligente, inadecuada y/o insuficiente en el restablecimiento del orden público".
La querella interpuesta en contra del Fisco de Chile, fue notificada este miércoles y busca "la indemnización de perjuicios que se solicita es por más de $1.200 millones, que responden a los perjuicios económicos directos sufridos y al daño moral de los involucrados", desde el estallido social en octubre de 2019.
La abogada representante de la familia, Josefina Escobar explicó que "esta demanda se funda en argumentos jurídicos contundentes que no dejan duda de que el Estado ha hecho un abandono total de una verdadera zona de sacrificio, causando enormes perjuicios a los locatarios de dicha zona y en especial a los hermanos Siri, que han ejercido su actividad comercial hace más de 50 años en ese lugar".
Caso de Fabiola Campillai
Pocas semanas antes de conocerse esta demanda presentada por los dueños de la ex Fuente Alemana, se reveló que la senadora independiente, Fabiola Campillai también había interpuesto una querella en contra del Estado por la pérdida de su visión, tras ser impactada en su rostro por una bomba lacrimógena en San Bernardo -en el marco de manifestaciones-, mientras esperaba locomoción colectiva en noviembre de 2019.
En detalle, la parlamentaria presentó el recurso judicial en contra del Estado por el concepto de "daño moral" y solicitó una indemnización de $2.200 millones para ella y su familia, por las lesiones sufridas. En la querella se expone que, "debido al actuar doloso o, a lo menos negligente de carabineros, tanto la victima directa, doña Fabiola Andrea Campillai Rojas, como su familia han sufrido un evidente daño moral que se demandan en este acto".
En esa línea, la abogada de la legisladora, María Alejandra Arriaza sostiene en la demanda que "ha existido transgresión a los reglamentos, principios y normas de los funcionarios de Carabineros de Chile que agredieron a mi representada, ya que jamás debieron hacer uso de las carabinas lanza gases en su contra, pues no se justificaba, ya que no existía una manifestación el día 26 de noviembre de 2019 en el sector, a la hora mencionada anteriormente, que ameritara dicha reacción".
Si bien la demanda de Campillai se conoció el 21 de julio, ésta fue presentada en febrero de 2022, ante el Segundo Juzgado Civil de San Bernardo. En ese sentido, a través de una cadena de mensajes en Twitter, la legisladora cuestionó la difusión de noticias sobre la acción legal, que en su opinión "solo habla de la desesperación por desprestigiarme políticamente".
A su vez, la legisladora argumentó que la demanda "fue realizada antes de ser senadora", "durante el gobierno de Sebastián Piñera" y que "la reparación económica a víctimas de violencia estatal es un paso hacia la reparación integral y se basa en tratados de derechos humanos firmados y ratificados por Chile".
El mismo día que se hizo conocido el recurso interpuesto por la parlamentaria, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo fue consultada al respecto. Si bien la secretaria de Estado no entregó mayores antecedentes, fue tajante en señalar que no se "cuestionarán" las acciones ni ninguna de las demandas presentadas por la "víctimas" del estallido social.
"Nosotros tenemos un compromiso como Gobierno, respecto al respeto, resguardo de los derechos humanos, y cuando el Estado de Chile trata de ponerse en los estándares internacionales de respeto, promoción y protección de los derechos humanos, esto dice relación con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", aseveró.
"Y en el marco de la reparación, está la reparación que es integral, y que no es solamente la monetaria, sino que son reparaciones psicológicas, médicas, etc. Esos son los estándares internacionales, por lo tanto, nuestro Gobierno jamás va a cuestionar todas las iniciativas y menos acciones que provengan de las propias víctimas en materia de exigir la protección y resguardos de sus propios derechos", zanjó Vallejo sobre el tema.
Pese a ello, a inicios del presente mes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -ente está encargado de velar por el patrimonio del Estado y defender al Fisco ante demandas- pidió el rechazo de la demanda por indemnización de perjuicios presentada por la actual senadora Campillai.
El órgano estatal calificó como "desproporcionado" el monto solicitado por ella y parte de su grupo familiar, y refutó la inclusión de la hermana de la legisladora, señalando que, de proceder, la reparación debe limitarse al núcleo familiar más cercano, es decir, padres, hijos y cónyuge.
Otras demandas
En 2020, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) fue notificado de al menos dos acciones judiciales interpuestas por la presunta afectación de balines en protestas. Una de las causas fue presentada ante el Primer Juzgado de Letras de Arica. Según consignó en aquel entonces La Tercera PM, se trata de una mujer que acusa que el 28 de octubre su hija recibió un perdigón en la cabeza y terminó con una herida cortante en la frente, calificada como grave por el Servicio Médico Legal.
En total, la demandante solicitó una indemnización de $250 millones. De ese monto, $ 25 millones corresponden a los gastos derivados del tratamiento de la lesión y psiquiátrico y psicológico de la familia, y $225 millones por daño moral. El CDE contestó que "el tribunal debe considerar las circunstancias relativas a la conducta de los demandantes mayores de edad y su colaboración causal en el daño propio sufrido, en el contexto de una protesta (...) que había dejado de ser a todas luces una protesta pacífica, y por consiguiente, fuera de aquellas protegidas por la Constitución".
En tanto, un segundo caso se tramita en el Tercer Juzgado Civil de Concepción y corresponde a una mujer que asegura haber perdido el 40% de la visión del ojo izquierdo por el impacto de un balín. Por ello, solicita una indemnización de $110 millones para ella y su madre.
Finalmente, a mediados de este año, seis abogados y ex trabajadores de la División Jurídica del Ministerio del Interior, presentaron una demanda en contra del Estado, acusando discriminación. En concreto, los funcionarios aseguraron haber sido víctimas de hostigamiento laboral y malos tratos, tras la llegada de la nueva administración, es decir, el Gobierno de Gabriel Boric.
En esa línea, afirman haber sido desvinculado teniendo en cuenta las querellas presentadas durante el gobierno pasado contra imputados por delitos cometidos tras el 18-O y los casos que se tramitan por violencia rural en la Macrozona Sur. Bajo ese contexto, todos ellos solicitan una indemnización, pues argumentan que 'se excluyó de su trabajo a personas en razón de las opiniones políticas del empleador'.
Querellas presentada por el CDE
En septiembre del 2020, el Consejo de Defensa del Estado informó, a través de un comunicado, que presentaría dos nuevas querellas por "vulneraciones a los derechos humanos" cometidos en el contexto de las movilizaciones sociales de 2019.
Acorde con lo expuesto por el órgano estatal, y conforme con los antecedentes de la investigación del Ministerio Público, la primera demanda responde a hechos que habrían ocurrido el 22 de noviembre del 2019, cuando la víctima, de 15 años de edad, circulaba en bicicleta entre las calles Emiliano Llona con Rinconada, en la comuna de Maipú.
De acuerdo con el relato prestado por otros dos jóvenes que lo acompañaban, sorpresivamente habría arribado al lugar un furgón policial del cual descendió un grupo de efectivos de Carabineros. La querella del organismo sostiene que los efectivos habrían insultado y tomado por la fuerza al menor, golpeándolo con sus bastones institucionales en distintas partes del cuerpo, además de provocarle una fractura en el brazo izquierdo, en el cual presenta discapacidad física.
La segunda acción interpuesta por el CDE persigue la responsabilidad penal de los efectivos policiales que resulten considerados como culpables de los "apremios ilegítimos" provocados en contra de I.G, hechos ocurridos el 21 de octubre de 2019, en la comuna de Quilicura.
Conforme con los antecedentes de la investigación penal, la víctima habría sido golpeado fuera y dentro de un furgón policial como "castigo" tras grabar a los funcionarios policiales con su teléfono celular. Además, le habrían lanzado una bomba lacrimógena antes de marcharse del lugar.
Adicionalmente, en septiembre de 2020, el organismo informó sobre la ampliación de la querella criminal por el caso de Gustavo Gatica. En detalle, la acción judicial del Consejo se dirigió en contra de un teniente de Carabineros, quien habría sido el responsable de causar el trauma ocular, en el marco de las manifestaciones del 18-O.
