"Esta vez no solo tienes el derecho, sino también el deber de ir a votar para elegir juntos el Chile que queremos ser". Esa es la única frase relacionada al voto obligatorio que se puede encontrar en el spot publicitario de la campaña Chile Vota Informado del Gobierno, de cara al Plebiscito de salida del proceso constituyente.
La ausencia de menciones al tema ha generado suspicacias en la oposición, donde acusan que al Ejecutivo no le convendría incentivar la participación en el proceso, toda vez que las encuestas indican que mientras más gente vaya a sufragar, más opciones tendrá el Rechazo en el referéndum del 4 de septiembre.
De acuerdo a analisis del bloque, una participación mayor elevaría la movilización de adultos mayores, grupo etario que consideran que sería más afín a esa opción. A ello se suma el dato de que la encuesta Cadem, que mostró que
un 19% de los encuestados piensa que el voto es voluntario.
El mismo estudio señala que el 30% cree que es "poco o nada probable" que vaya a ser multado por no participar, pese a que el Servicio Electoral ya ha advertido que las personas que no acudan a los locales de votación podrían ser castigadas con 3 UTM, es decir, unos $176.313 pesos.
Al respecto, la vicepresidenta de RN, Catalina Del Real, sostuvo que "da la impresión de que el Gobierno no quiere informar sobre la obligatoriedad del voto. Lo hemos visto desplegado trabajando por su opción, ocupando incluso recursos públicos, pero no lo hemos visto con el mismo entusiasmo diciendo que este Plebiscito es obligatorio".
Para la presidenta de Evópoli, Luz Poblete, "es clave informar que el voto será obligatorio, que habrá multas para quienes no vayan a votar, pero el Gobierno se ha dedicado más a informar sobre el texto, haciendo una campaña más bien tendenciosa en favor del Apruebo, que de lo que realmente tiene que informar".
Mientras, la ex convencional de la UDI,
Carol Bown, expresó a El Mercurio que "lo que es grave es que en el caso del voto obligatorio no ha habido información respecto de eso, que hay multas, y que cambiaron locales de votación. Esas cosas no las hemos visto por parte del Gobierno y hemos visto incluso cosas que no son verdad".
En tanto, este viernes, un grupo de diputados de la UDI, acudieron a la Contraloría para denunciar que el Gobierno ha infringido su deber de informar las características del Plebiscito, al omitir durante la campaña el carácter de obligatorio que tendrá la elección y las multas asociadas a quienes no concurran a votar.
Tras ingresar el escrito, el diputado Juan Antonio Coloma cuestionó que "el Gobierno confunde la información con la campaña y tiene que informar a las personas que hay nuevos locales que se anunciarán el 13 de agosto, que el voto es obligatorio, que la persona que no va a votar tendrá que pagar una multa por sobre los 100 mil pesos".
"Lo que el Gobierno está haciendo es una campaña desatada donde no ha sido capaz de anunciarle a la gente la verdad sobre el voto", dijo, lo cual fue reforzado por su par Christian Moreira, quien afirmó que el Ejecutivo "no estaría cumpliendo su deber de informar cosas esenciales como decirle a la ciudadanía que el voto es obligatorio".
Las explicaciones en el Gobierno
Sin embargo, en La Moneda desestiman esas acusaciones por varios motivos. El primero, es que la campaña que ha desplegado tiene distintas etapas, partiendo con las piezas elaboradas bajo el título "hagamos historia" y siguiendo con la que está en curso, que está enfocada en motivar a las personas a que voten informados.
En esa línea, aseguran que en los próximos días podría haber mayor énfasis en dar a conocer los aspectos particulares de la elección, en la cual debe participar todo el padrón electoral y en la que se pondrá en marcha la ley que permitirá al Servel ofrecer a los ciudadanos el local de votación más próximo a su domicilio, lo cual ocurriría desde el 15 de agosto.
Asimismo, en el Gobierno subrayan que actualmente, los ministros y seremis habilitados para informar a la ciudadanía sobre el proceso, que son los titulares de la Segpres, Segegob y Desarrollo Social, dedican un espacio de sus intervenciones en módulos y talleres ciudadanos para subrayar la obligatoriedad del voto.
De hecho, en sus presentaciones a vecinos y organizaciones sociales, en las que explican qué es una Constitución y detallan cuántos capítulos tiene la propuesta elaborada por la Convención Constitucional, entre otros asuntos, existe una lámina especialmente dedicada a las características especiales de los comicios.
No obstante, a juicio de distintos expertos, el esfuerzo del gobierno debiera ser mayor. Para el subdirector del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Valdés, "la mayoría de las personas no saben que el voto es obligatorio y creo que eso se debe, primero, a que recientemente venimos de un voto voluntario".
"Segundo, que el voto obligatorio anterior, era obligatorio sólo en el papel, en el fondo es difícil informar eso y que la gente te crea", recuerda, algo que es compartido por el director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, quien coincide en que el Gobierno no ha "enfatizado demasiado" en esta disposición.
"Sería muy grave pensar que el Gobierno está actuando sólo desde la lógica de lo que le beneficia al Apruebo y no desde lo que se necesita para la elección del 4 de septiembre; una mirada más de Estado, que tengamos la mayor participación posible, pues
eso le dará más legitimidad más a la elección", agregó.
En tanto, para el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, "resulta evidente que el Gobierno en lo que es su campaña de información debe enfatizar en estos últimos días en la obligatoriedad del voto y que este está asociado a una sanción, eso debiera explicitarse de mejor manera".
"Debe reforzar el mensaje, en el sentido de que la decisión es tan importante en sí misma, pero esto se refuerza por el carácter que tiene el voto obligatorio. Debiera relacionarlo creo yo también con la novedad que tiene la aprobación de la ley sobre locales de votación que se implementa para esta elección", indicó.
Mientras, el académico e investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo, Miguel Ángel Fernández, apuntó que "si bien una amplia mayoría ciudadana declara tener conciencia de que el voto es obligatorio, es preocupante pensar que 1 de cada 5 chilenos podrían creer que regirá el sistema voluntario en el próximo plebiscito".
En ese sentido, comentó que "el primer rol del Gobierno debería ser el de informar acerca de las condiciones en que se celebrará el próximo plebiscito, y una de las más importantes es el carácter obligatorio del voto. Cuando observamos los avisos publicitarios que ha pagado el Estado, especialmente en el marco de su campaña Chile Vota Informado, pareciese estar enfocado más en el proceso que en las condiciones operativas y logísticas del 4 de septiembre".
"En ese sentido, el diseño comunicacional fue débil y el Gobierno tiene una importante deuda que, lamentablemente, podría afectar la participación de los chilenos en un momento tan crucial de nuestra historia democrática", concluyó.
