Dos nuevas denuncias fueron las que ingresó el abogado y militante de RN, Marcelo Brunet, ante la Contraloría General, quien acusó de intervencionismo electoral en la campaña al Plebiscito a las ministras de la Segegob, Desarrollo Social y Salud, aparte de otro escrito que presentó contra del Presidente Gabriel Boric por el mismo motivo.
Las acciones del jurista apuntan a la participación de Camila Vallejo, Jeanette Vega y Begoña Yarza en la instalación de un quiosco en la Plaza de la Constitución en el que se están entregando copias oficiales del proyecto de nueva Constitución y a los dichos del Seremi de Salud del Biobío, quien hizo un llamado abierto a incidir en el proceso.
Tras conocer el detalle de la presentación, el
secretario general del PC, Lautaro Carmona, sostuvo que "la derecha va a hacer todo lo posible e incluso más para descalificar la gestión del Gobierno, pensando que con eso no solo cuestionan al Gobierno, sino también el compromiso cívico vinculado a la nueva Constitución".
"La Contraloría tiene la obligación de precisar y estudiar las denuncias que le llegan, pero de ahí a que todo eso sea verdad y que nunca se haya hecho antes, es otra cosa", agregó, junto con subrayar que el interés de la oposición solo es influir en la campaña en favor del Rechazo.
"Sin ninguna duda, ese es el propósito que tiene la derecha hoy día, hacer todo lo que esté de su parte para impedir una nueva Constitución. Eso incluye que va a rechazar para reformar, son afirmaciones que no tienen ninguna conducta anterior que pueda demostrarlo", manifestó.
Carmona recordó que "siempre ha sido la derecha la que impide los cambios y ahora se les ocurrió la inteligencia para indicar que sí lo haría. Eso no es verdad, la derecha trata de desacreditar al Gobierno porque cree que está desacreditando la justa democrática más importante que ha tenido el país en toda su historia".
"Frente a eso, la derecha va a reaccionar en todo lo que ellos creen que ponen foco en otra cosa, desvían la atención de los temas de fondo y buscan defender sus intereses y la institucionalidad que protege esos intereses", recalcó.
En tanto, el líder de RD, Juan Ignacio Latorre, sostuvo que "la oposición está en su derecho, en su rol de fiscalizar las acciones del Gobierno. Nosotros lo hicimos muchas veces cuando fuimos oposición. Yo confío en Contraloría como un organismo público, autónomo, que tiene por deber la fiscalización sobre la probidad y transparencia".
"Al mismo tiempo, confío en la actuación del Gobierno del Presidente Boric y sus ministros, de que están cumpliendo su deber de prescindencia y al mismo tiempo están cumpliendo el deber legal de un voto informado a la ciudadanía, porque estamos frente a un Plebiscito histórico", remarcó.
A juicio del senador, la conducta de la derecha tiene relación con su defensa a la actual Carta Magna, en cuya elaboración "no hubo debate público, donde había persecución política a las disidencias, a la oposición, donde había violaciones a los DD.HH. Se impuso una Constitución inscrita a sangre y fuego".
"Hoy tenemos un escenario completamente distinto en democracia, donde el Gobierno tiene el deber de informar, tiene un mandato legal para que la gente vote de manera informada y consciente en el Plebiscito y se pronuncie respecto de un texto nacido en democracia por un proceso profundamente ciudadano y democrático", indicó.
Defensa en Chile Vamos
Desde la oposición, el vicepresidente de RN, Luis Mayol, explicó que la acción de Brunet, "fue una cosa particular, pero que nosotros hemos apoyado. Ha tenido un apoyo transversal dentro de RN. De lo que yo conozco de las presentaciones que hizo lo encuentro absolutamente pertinente".
"No solamente el Contralor, sino que todo el mundo político, considera que tanto el Presidente como sus ministros han pasado todos los límites de lo que significa una prescindencia en un proceso electoral, que es lo que deben cumplir legal y constitucionalmente los miembros de un Gobierno", señaló.
En esa línea, expresó que "todos aquellos funcionarios públicos que no están cumpliendo con su deber legal, constitucional y moral
deben dar un paso al lado. En este caso se está dando que son muchos ministros los que están comprometidos y que no tienen ningún pudor en hacer campaña cuando no les corresponde".
Mientras, el jefe de la bancada de la UDI, Jorge Alessandri, destacó que "todos y cada uno de los chilenos tienen la posibilidad de fiscalizar al Gobierno, porque este administra la plata de todos los chilenos. Entonces, cualquier abogado, ciudadano, concejal o parlamentario puede hacerlo, está en su legítimo derecho".
Sobre la instalación del quiosco, el parlamentario dijo a este medio que "yo hice la pregunta a la Municipalidad de Santiago a ver si tenían permiso, pero me imagino que no le pidieron permiso a nadie. Se instalaron como ese mismo comercio ambulante que persiguen en Meiggs pero frente a La Moneda".
"Por supuesto que lo que molesta a la ciudadanía es que cuando se interviene en una campaña, dejan de hacer su pega principal y eso es lo verdaderamente grave. Más que el quiosco o la anécdota, mientras están en campaña no están combatiendo la delincuencia, la inflación y eso enerva a los ciudadanos", cuestionó.
Sobre si la acción de Brunet se complementa con las que ha impulsado la UDI en el ente fiscalizador, Alessandri comentó que "si, son cosas distintas, pero creemos que todo sirve y el órgano llamado a resolver las dudas es la Contraloría, más allá de que ciudadanos recurran a tribunales o a la misma Contraloría".
"Esto es grave y no puede ser que la única respuesta a esa acusación sea que cuentan con la confianza del Presidente (…) En el caso de Yarza es más grave, porque cuando hace campaña deja de preocuparse de la pandemia y basta ver los números para darse cuenta que estamos con la positividad más alta", concluyó.
