Una actividad conjunta encabezarán este miércoles a las 11:00 horas los jefes de las bancadas de diputados de Chile Vamos, Jorge Alessandri (UDI), Francisco Undurraga (Evopoli) y Andrés Longton (RN), quienes se referirán a la crisis de seguridad que vive el país y por la cual responsabilizan a la gestión del Gobierno.
Previo a su punto de prensa en el Congreso Nacional en Valparaíso, el bloque estuvo trabajando en sus argumentos, así surgieron dos minutas donde con cifras y datos reafirman sus crítico análisis.
La primera minuta titulada "Dramática crisis de seguridad durante el primer semestre de Gobierno del Presidente Gabriel Boric", sentencia que "en los cinco primeros meses del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, las cifras son alarmantes. Entre marzo y julio de 2022, los robos con violencia, como las encerronas y portonazos, han crecido en un 145% respecto al mismo período de 2021, durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera".
Asimismo, se señala que, según últimas cifras entregadas por Carabineros de Chile, "los delitos violentos como homicidios han subido un 50% y las violaciones en un 29%, todo ello entre marzo y julio de este año en comparación con igual período de 2021".
"Lo mismo sucede con los robos. Al analizar los cinco primeros meses del Gobierno del Presidente Boric, los robos con violencia, intimidación y robos por sorpresa han aumentado en un 80% en comparación con igual período del año anterior", sostienen, agregando que "en nuestro país se registran dos homicidios, ocho violaciones, 35 portonazos o encerronas, y 90 robos de vehículos cada día desde enero a julio de este año".
Migración y macrozona sur
Otro tema que cuestionan es la situación migratoria del país, afirmando que "entre marzo y mayo de 2022, se registró un aumento de un 135% de ingresos ilegales de extranjeros, en relación con el mismo período de 2021, de acuerdo con las cifras entregadas por la PDI. Adicionalmente, entraron más de 20 mil extranjeros de forma irregular durante el mismo período. Al revisar la cifra del mes de abril, los ingresos ilegales aumentaron en un 251% respecto del mismo mes en 2021, bajo la administración del gobierno del Presidente Piñera".
Además, acusaron "un aumento del ingreso clandestino y de las denuncias de flagrancia. Sin embargo, no se observa una intención de parte de las actuales autoridades de materializar expulsiones administrativas de quienes ingresan por un paso no habilitado".
Respecto a la macrozona sur destacan que desde que el Gobierno decidió aplicar el estado de excepción "la medida ha sido eficiente. Sin embargo, su efecto en las regiones de La Araucanía y el Bío Bío es menor al que tuvo la misma medida aplicada durante el Gobierno del Presidente Piñera".
Así, precisan que "la reducción de los hechos violentos ha sido del orden del 28%, cifra muy por debajo del 45% en que se redujeron el año pasado. La diferencia de efectividad radica en que la medida aplicada por el actual Gobierno considera una serie de restricciones ideológicas. Por ejemplo, se definió una menor presencia militar en la zona, dedicando 1.300 efectivos a la protección de ambas regiones. En 2021, en tanto, alrededor de 2.000 militares actuaron en la macrozona sur".
Adicionalmente, se cuestiona "el rol 'acotado' de las Fuerzas Armadas definido por el actual Gobierno limita las acciones militares a una labor estrictamente preventiva. En el Estado de Emergencia anterior, existían roles de colaboración tanto preventivos como persecutorios, lo que hacía más eficiente la medida". Mientras que advierten un desplazamiento de los hechos de violencia hacia otras zonas como la Región de Los Ríos, donde el Gobierno se ha negado a aplicar la medida.
En ese sentido, desde el bloque están evaluando si aprobar o rechazar el estado de excepción que se votará hoy en el Congreso, pues señalan que La Moneda adelantó la votación diez días antes de lo que correspondía. En caso de que voten en contra, sostienen que el Gobierno puede volver a presentar la medida la próxima semana antes de que se acabe el plazo para su renovación.
Temas pendientes
La segunda minuta se titula "Cinco temas relacionados con la agenda de seguridad que el actual Gobierno no ha implementado", dando cuenta de iniciativas que acusan "son resorte exclusivo del Gobierno, que no involucran temas legislativos, y que, por tanto, dan cuenta de una dilación injustificada de parte del Ejecutivo en materia de seguridad pública".
El primero de estos es la Política nacional de crimen organizado, cuyo decreto dejó elaborado el Gobierno anterior, pero que acusan que tras el cambio en la Subsecretaría del Interior, se "impidió que ingresaran nuevos documentos a la Contraloría General de la República, por lo que dicho decreto finalmente nunca fue sometido a toma de razón".
En segundo lugar se menciona que está pendiente la dictación del reglamento de Control de Armas el cual sería necesario para que se implemente la ley sobre la materia. Producto de lo anterior, acusan, que "no se han producido las adecuaciones para aplicar dicha normativa al Banco Unificado de Datos, lo que claramente debilita esta herramienta".
También estaría pendiente el reglamento de la ley de cierre de calles y pasajes, impidiéndose la aplicación de la normativa. Y por último se menciona que el Gobierno desechó lo avanzado en el marco de la reforma a Carabineros, asegurando que "el actual Gobierno desechó lo avanzado y nuevamente creó una comisión para la reforma y una unidad consultiva".
