El Ministerio del Interior dio a conocer este miércoles una declaración pública en la cual asegura que la querella que presentó el 28 de julio contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por sus llamados a levantar las armas, también permite al Ministerio Público investigarlo por sus dichos sobre robo de madera.
En medio del debate que se generó sobre la materia, luego de que el vocero de la organización afirmara que ese tipo de ilícitos ocurren "para tener los fierros y para tener los tiros y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades", lo cual provocó el rechazo de autoridades y gremios.
Al respecto,
desde la División Jurídica de la cartera, emitieron un documento de seis puntos, "en relación con las informaciones de prensa que sostienen que la ampliación de la querella contra el señor Héctor Llaitul, interpuesta por el Ministerio del Interior el 28 de julio no apuntaría a la investigación de sus dichos sobre robo de madera".
En el primero de ellos, aclararon que "el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en su calidad de interviniente, ha estado y estará disponible para colaborar con toda acción que emprenda el Ministerio Público en las causas que sigue contra el señor Llaitul y contra cualquier otra persona que se declare implicada en ilícitos".
"La querella ya presentada por el Ministerio del Interior, habilita al Ministerio Público para investigar, en el contexto de la LSE (Ley de Seguridad Interior del Estado) al señor Llaitul, por cualquier hecho que se asocie con sus declaraciones, pasadas, presentes y futuras", añadieron.
En esa línea, detallaron que la página 4 del escrito presentado señala que "al deducir este Ministerio la facultad del artículo 26 de la LSE, entiende que al dirigirla 'en contra de quienes resulten responsables' y respecto de "'todo nuevo hecho que se determinen durante el transcurso de la investigación que desarrolle a efecto el Ministerio Público', el ente persecutor queda facultado para desarrollar la actividad investigativa respecto de todo hecho que se relacione, como en este caso, directamente con el objeto de la persecución penal vigente en la presente investigación".
"Resulta indudable que las declaraciones vertidas -que ahora se difunden- están en la misma línea de las anteriores que llevaron a la ampliación de la querella del Gobierno, indicando la realización de hechos precisos que podrían ser constitutivos de delito", recalcaron.
En el quinto punto, sostuvieron además que "estos hechos se enmarcan en delitos comunes que, conforme las facultades constitucionales y legales del Ministerio Público para investigar, puede hacerlo de oficio sin necesidad de una querella de esta parte".
"Sin perjuicio de lo anterior, la indagación de actos asociados a delitos comunes, sí fue contemplada de manera expresa en la querella, al indicarse, en su página 2 de manera expresa que '…durante el transcurso del periodo que media entre el 11 de marzo de 2022 a la fecha, el señor Llaitul ha realizado, a lo menos, tres declaraciones públicas (…) que podrían configurar delitos contemplados en la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, así como participación en diversos delitos comunes, a modo de autoría en los términos del art. 15 numerales 1) o 2) del Código Penal, lo cual deberá determinarse en el curso de la presente investigación'", concluyeron.
