La noche del martes personal de la 3era Comisaría de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, detuvo a un sujeto por intento de robo en un domicilio de la comuna.
El hombre, identificado como Luis Antonio Soto Grez, de 47 años, y apodado "El Chucaco", ingresó junto a otros dos antisociales a la vivienda. El dueño de casa opuso resistencia, por lo que el detenido le disparó en tres ocasiones, hiriéndolo en el abdomen y una pierna. Fueron los propios vecinos y otros residentes del hogar los que lograron retenerlo hasta la llegada de la policía. Los otros dos se dieron a la fuga.
Soto Grez
fue formalizado ayer por los delitos de homicidio frustrado, amenazas simples, violación de morada y porte ilegal de arma. Quedó en prisión preventiva.
Y "El Chucaco" tiene un amplio prontuario policial.
En 1995 fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del gendarme Juan Monsalve, mientras realizaba una fuga desde la cárcel cuando cumplía condena por otro delito en Iquique.
También lideraba una banda de narcotraficantes que logró internar 94 kilos de marihuana a la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago en 2014, recinto a donde finalmente fue dirigido tras haber sido detenido en 2007, un año antes también había logrado escapar de la cárcel de Arica disfrazado de gendarme.El 22 de julio de 2019 Soto Grez accedió a la libertad condicional, otorgada por la Segunda Sala de la Corte Suprema. "El Chucaco" presentó un recurso de amparo contra el rechazo que realizó la Comisión de Libertad Condicional a su solicitud, el que en definitiva fue acogido.
Por casos como este, el
jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, ingresó un proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar el quebrantamiento de condenas.
"Hoy a un delincuente le sale gratis fugarse de la cárcel. El castigo es aislarlo algunos meses o dejarlo incomunicado, no existiendo reproches a esa conducta", afirmó.
En el texto, el diputado solicita que la fuga de la cárcel se considere un delito propiamente tal y estipula una pena mayor en caso que los condenados se escapen del lugar en que se encuentren recluidos en virtud de una sentencia judicial, haciendo uso de violencia o intimidación en las personas o formando parte de un motín, con penas que van desde los 5 a los 10 años. "Con este proyecto ahora tendrán que pagar con más años de cárcel y no con sanciones administrativas”, sentenció".
