Distintas autoridades de la Región Metropolitana lanzaron este jueves el Estudio de Comercio Ilegal, el cual busca perfilar a los vendedores ambulantes cuya presencia ha aumentado en la capital durante los últimos años.
Según explicaron, el objetivo de la iniciativa
es caracterizar a los trabajadores e identificar las razones que los motivan a desempeñarse en el mercado informal, así como generar políticas públicas que permitan dar solución a este fenómeno mediante una colaboración público-privada.
La indagatoria será realizada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en un plazo de nueve meses. Se desarrollará en 20 puntos de la RM y contará con un financiamiento de más de $109 millones por parte del Gobierno Regional.
En el lanzamiento participaron la delegada presidencial de la región Constanza Martínez; las alcaldesas de Santiago, Irací Hassler, y de Providencia, Evelyn Matthei; el gobernador metropolitano, Claudio Orrego; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes; y el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval.
Orrego acusó que el comercio ambulante "no solamente atenta contra el comercio establecido, sino que también dificulta el uso del espacio público, el tránsito, y afecta la salud pública y la seguridad de las personas". En esa línea, afirmó que "hemos valorado las intervenciones que se han realizado últimamente en Meiggs, en el Metro y en Maipú. Porque creo que demuestran voluntad política de enfrentar en serio este fenómeno".
Sin embargo, advirtió que "tenemos que dar un paso más, avanzar hacia una política integral, regional e intersectorial que combata de manera efectiva el comercio ambulante, no en una comuna o en un barrio, sino que en toda la región".
"Sabemos que el fenómeno del comercio ambulante es complejo, es difícil, y es de largo plazo. Por lo mismo, es importante afinar la puntería y tener claridad respecto al diagnóstico", remarcó.
Con el estudio, la autoridad regional indicó que "queremos reafirmar nuestro compromiso con despejar no solamente los espacios públicos, sino que dar una oportunidad para que quienes genuinamente quieren trabajar en empleos dignos y bien remunerados, pero no en la calle afectando lo que nos pertenece a todos".
Por su parte, Ricardo Mewes acusó que "este tema ha sido relevante, particularmente en el último tiempo. Nuestra encuesta de victimización del comercio da cuenta que uno de cada dos locales comerciales ha sido victimizado. Y eso nos duele, porque ahí hay personas, hay trabajadores, y mucho de eso se encuentra rodeado de comercio ambulante, y en muchos casos de comercio ilegal".
"En ese sentido, creemos que este estudio nos va a dar algunas señales de hacia adonde dirigir las políticas públicas", destacó el timonel de la CNC.
Además, Mewes valoró a la relevancia de la presencia de la delegada presidencial Constanza Martínez: "Como representante del Gobierno central, también vemos y agradecemos que estén involucrados en un fenómeno que no ha hecho más que aumentar en el último tiempo".
"Si podemos sacar políticas públicas concretas, claras, que permitan -entre otras cosas y además en el centro de Santiago, donde ha habido una salida de locales comerciales- poder volver a restablecer el orden y los espacios públicos que nos pertenecen a todos", complementó.
Mientras que Ignacio Irarrázaval, director Centro de Políticas Públicas UC, agradeció la confianza de las autoridades y remarcó que "vamos a estar en cerca de 20 puntos distintos de la Región Metropolitana para medir que está pasando con el comercio ilegal, y caracterizar quienes son quienes lo hacen".
Finalmente, enfatizó que "no queremos quedarnos solo con el estudio, sino que también queremos construir esta política pública para abordar este problema en el mediano plazo. (...) Hay mucha experiencia que levantar desde las propias comunas".
