La bancada de diputados de Renovación Nacional solicitó a Contraloría el inicio de una investigación para esclarecer la legalidad del procedimiento y la resolución que concluyó con el traslado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Angol de un grupo de comuneros mapuche.
"Lo que pasó ayer es grave y le pido a la ministra de Justicia que no se desentienda y que no diga que es una decisión de Gendarmería, porque Gendarmería depende de usted, ministra, y si usted no determina las responsabilidades administrativas, disciplinarias y eventualmente penales, es usted quien va a tener que asumir dicha responsabilidad", dijo el jefe de la bancada, el diputado Andrés Longton.
Los parlamentarios que hicieron el requerimiento fueron Longton, el secretario general de la tienda, Diego Schalper, y el diputado Miguel Mellado, y solicitaron además que se remitan los antecedentes al Ministerio Público para que ese organismo evalúe la posibilidad de una investigación penal por el delito eventual de prevaricación administrativa.
En el documento enviado por los representantes del partido se hace un recuento de los antecedentes que dieron origen a los hechos conocidos este jueves, y se precisa que el 20 de julio 19 internos del Centro de Detención Preventiva de Angol iniciaron una huelga de hambre líquida.
Luego se sumaron "acciones de coacción" en contra de los funcionarios y del mismo establecimiento, lo que habría derivado en un acuerdo entre el director regional de Gendarmería y los 19 internos, liderados por el lonko de la comunidad de Temucuicui, Víctor Queipul Hualquil.
Los diputados acusan que por ese acuerdo se concedió el traslado de internos al CET de Angol y otros siete otorgamientos en materia de régimen penitenciario, que incluyen la "concesión de salidas al medio libre".
"¿Qué va a pasar mañana, cuando otro grupo de presión se tome la cárcel, y amenace como lo ha hecho hasta ahora? ¿Resulta que los van a liberar?¿Les van a dar beneficios solo por su calidad de mapuche, de pertenecer a pueblos originarios? ¿Dónde quedó la igualdad ante la ley?", declaró Longton.
De esa forma, los representantes de RN solicitan al Contralor fiscalizar y velar por la "preeminencia del principio de legalidad del procedimiento" y la resolución que concluyó con el traslado de los presos, así como de la conformidad en derecho del "Acta de Acuerdo" suscrita.
