Javiera Toro, ministra de Bienes Nacionales.
El Mercurio
La ministra de Bienes Nacionales,
Javiera Toro, aseguró que cualquier tipo de privilegio no será aceptado bajo la administración del Presidente Gabriel Boric, a propósito de lo ocurrido con el caso de la "toma VIP" en Antofagasta.
Cabe mencionar que esta semana se llevó a cabo un operativo de desalojo en el sector de Huáscar, donde se emplazaban viviendas de dos pisos, con balcones y vista al mar, las que, posteriormente, fueron demolidas.
Al respecto, la ministra Toro comentó, en entrevista con Chilevisión, que "el fenómeno de las ocupaciones ilegales en el país es muy amplio, y es muy diverso, y ahí como Bienes Nacionales, estamos permanentemente fiscalizando y tomando distintas acciones. Y aunque todas las ocupaciones ilegales son justamente ilegales, nosotros no las legitimamos, ni las promovemos, sí creemos que para actuar tienen que haber criterios que atiendan a cada una de las situaciones".
Frente a la problemática habitacional que existe en el país, la autoridad dijo que "el Gobierno está implementando el plan de emergencia habitacional, el Ministerio de Bienes Nacionales está colaborando con terrenos para la construcción de viviendas sociales, para campamentos de tránsito, y ahí actuamos en cada situación en función de esa realidad".
"Pero cuando estamos hablando de otro tipo de ocupaciones, que no tienen nada que ver con la necesidad, ahí nosotros creemos que la solución apropiada tiene que ver, justamente, con desarmar esas ocupaciones, sobre todo antes de que se consoliden", añadió.
Respecto de las facultades que tiene su cartera para hacerse cargo de tomas ilegales, como el caso de Antofagasta, la secretaria de Estado indicó que "cuando se trata de terrenos fiscales, -el Ministerio de Bienes Nacionales- tiene la facultad de solicitar directamente a la delegación presidencial el desalojo, que es lo que ha sucedido en este caso".
"Ahora, esta es una ocupación que avanzó bastante rápido, la primera fiscalización la hizo el Ministerio de Bienes Nacionales en diciembre del año pasado, bajo la administración anterior, hubo una solicitud de desalojo por parte del Ministerio, pero no fue ejecutada durante la administración anterior", afirmó.
"Cuando estamos hablando de otro tipo de ocupaciones, que no tienen nada que ver con la necesidad, ahí nosotros creemos que la solución apropiada tiene que ver, justamente, con desarmar esas ocupaciones, sobre todo antes de que se consoliden"
Javiera Toro, ministra de Bienes Nacionales
En ese sentido, mencionó que el Gobierno está "
en una política de actuar, ojalá, lo más rápido posible", agregando que cuando "fuimos a fiscalizar en mayo y ahí la ocupación de este sector se había más que
duplicado respecto de lo que había en diciembre, osea era una cosa muy acelerada, y por eso nos pareció tan importante actuar con agilidad".
"Ya había una orden de desalojo que es de julio, dictada por la delegación de presidencial, se fue varias a veces a notificar la orden de desaojo, se fue a notificar que se debía desalojar ese lugar, y a pesar de eso, la construcción seguía avanzando a vista y paciencia de todos. Por lo tanto, nos pareció muy importante actuar con rapidez y desarmar todo lo que ahí existía, que es un poco lo que estamos tratando de hace en todo el país", enfatizó Toro.
En esa línea, insistió en que "estamos tratando de actuar lo más rápido posible cuando las ocupaciones se están consolidando".
Respecto de las acciones penales que pueden ejecutarse para resolver el problema de las ocupaciones ilegales, la titular de la cartera de Bienes Nacionales recalcó que existen "distintos tipos de acciones, la que tiene el Ministerio de manera más inmediata tiene que ver con esta solicitud de desalojo, que es una solicitud administrativa de las delegaciones presidenciales, y luego podemos tener acciones civiles, que las podemos ejercer a través del Consejo de Defensa del Estado, y eventualmente, podemos tener acciones legales, y ahí depende del delito que se identifique en cada caso".
Y aseveró que "lotear irregularmente, es decir, lotear contra la normativa urbanística, es un delito en particular, que está regulado en la Ley General de Urbanismo y Construcción".
