Nuevos dictámenes dio a conocer este martes la Contraloría, a raíz de denuncias de intervencionismo electoral hechas por la oposición. La primera da cuenta de un procedimiento disciplinario contra la Municipalidad de Quilpué y la segunda, respecto de la actuación de una concejal de Talca, acusada de faltar a la prescindencia.
El primer caso responde a una denuncia del jefe de la bancada de RN, Andrés Longton, y la subjefa de la bancada de Republicanos, Chiara Barchiesi, quien cuestionó que la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillan (Convergencia Social), utilizara recursos públicos en favor del Apruebo. Esto luego de que subiera un video a redes sociales donde informaba sobre la creación de una Oficina Constituyente en Quilpué, a la vez que hizo un llamado directo a las personas a inclinarse por la opción que apoyaba el municipio.
Al respecto, el organismo indicó que esta situación, "se encuentra fuera de sus competencias (del municipio) y que distrae su acción de su principal finalidad, que es satisfacer las necesidades de la a comunidad local en los ámbitos de educación, salud y atención de menores, por lo que esa entidad deberá abstenerse, en lo sucesivo de realizar o promover actividades" de ese tipo.
En consecuencia, se señala que "la Contraloría Regional de Valparíso instruirá un procedimiento disciplinario en la referida corporación, a fin de indagar los hechos mencinada (...) y determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas al efecto".
Frente a esto, el diputado Longton indicó que "el Gobierno, las autoridades y los funcionarios públicos deben comprender que representan a todos sin exclusión, y que los recursos públicos son para gastarse en las necesidades de las personas, y eso lo determina la ley, no ellos a discreción".
"Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, y es que este Gobierno y algunos municipios oficialistas están utilizado recursos públicos y realizando actividades en horario laboral, para hacer campaña por una la opción del Apruebo en el Plebiscito de salida", complementó Barchiesi.
Respecto al segundo caso, en la resolución de Contraloría se cuenta que diputado Felipe Donoso (UDI), solicitó "un pronunciamiento sobre la legalidad de las actuaciones ejecutadas por la concejal de la Municipalidad de Talca, doña Paula Retamal Retamal, quien, según indica, habría promovido el voto por la opción Apruebo en el Plebiscito nacional que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre, ello, mediante la entrega de volantes en una actividad desarrollada el 22 de junio de 2022 en el Club de Adulto Mayor Los Alegres de la misma comuna".
Además, se acusó que Retamal fue "trasladada a dicho lugar, acompañada de su asistente, en un vehículo municipal, lo que implicaría el uso de recursos públicos para una campaña política", actividad que el municipio negó haber realizado o coordinado.
"Por consiguiente, en mérito de lo expuesto, este Organismo de Control instruirá una investigación sumaria en esa entidad edilicia, conforme con lo previsto en el decreto ley N° 799, de 1974, a fin de determinar las eventuales responsabilidades derivadas del uso indebido del vehículo municipal", se señala en el texto.
Y agrega que "lo anterior, sin perjuicio de que el municipio regularice las omisiones constatadas (...) informando documentadamente de las medidas adoptadas dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción de este oficio".
