En medio de una situación, al menos, controversial, se encuentra envuelta la cárcel de Angol, en la región de La Araucanía, luego del polémico acuerdo al que llegó Gendarmería con representantes de internos en huelga, a sólo dos días que se conocieran amenazas al alcaide del recinto, Luis Póveda, y las denuncias del personal quienes demandan mayor seguridad para realizar sus labores.
La madrugada del 18 de agosto se concretó un acuerdo luego que un grupo de comuneros llegara hasta el recinto para solicitar el traslado de tres presos mapuche -quienes estaban en huelga de hambre desde el 20 de julio- hasta otra unidad. La acción fue liderada por el lonco de la comunidad autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul.
El convenio estableció que serían derivados hasta el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Angol los condenados por hechos de violencia Johan Millanao Nahuelpi y Juan Calbucoy Montanares. En tanto, Sergio Levinao Levinao fue trasladado al Hospital de Angol, para luego ser llevado al CET una vez que este apruebe su postulación.
La resolución fue criticada por parlamentarios de la zona. De hecho, el pasado viernes, la bancada de diputados de Renovación Nacional solicitó a Contraloría el inicio de una investigación para esclarecer la legalidad del procedimiento.
"¿Qué va a pasar mañana, cuando otro grupo de presión se tome la cárcel, y amenace como lo ha hecho hasta ahora? ¿Resulta que los van a liberar?¿Les van a dar beneficios solo por su calidad de mapuche, de pertenecer a pueblos originarios? ¿Dónde quedó la igualdad ante la ley?", sostuvo el diputado Andrés Longton.
Ese mismo día, un grupo de gendarmes se manifestó pidiendo mayores medidas de seguridad para desempeñar sus labores. Esto, pues a las amenazas que había recibido el alcaide, se sumarían otras hacia los funcionarios. Y a ello, se sumaba el rechazo por el controvertido acuerdo alcanzado por la institución y los comuneros.
El dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, César Padilla, comentó a Teletrece que "el tema de la movilización responde netamente a medidas de seguridad, faltas de medidas de seguridad por parte del personal que labora en esta unidad laboral".
Asimismo, criticó que "se generaron protocolos de acuerdo protocolos que no fueron consultados ni consensuados con el personal. El discurso de nosotros como funcionarios que trabajamos en al unidad penal va a ser el mismo: no tenemos problemas en poder ejercer de mejor manera nuestra labor penitenciaria y poder colaborar en lo que se estime conveniente, pero nos resulta gravemente hiriente cuando nos faltan los elementos tecnológicos, los recursos para poder ejercer de mejor manera nuestra labor".
Este martes, según consigna El Mercurio, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciario (ANOP) impugnó el acta de acuerdo al que llegó el director regional de Gendarmería de La Araucanía, Juan Navarrete, con los dirigentes mapuche. En un documento dirigido a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, la ANOP aseguró que el acta de acuerdo sería ilegal.
En el texto denuncian además que Navarrete "se reunió en privado con los comuneros al interior del módulo, ordenándole al personal de servicio que no grabaran el procedimiento con la cámara GoPro que portaban y que se retiraran de las dependencias, lo que constituye un hecho inédito y que lesiona gravemente la transparencia de la función pública".
El recinto penitenciario
La cárcel de Angol se individualiza como Centro de Detención Preventiva (CDP), donde según el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios debiera destinarse exclusivamente a personas detenidas y sujetas a prisión preventiva. Está emplazado donde operaba la antigua Unidad Penal, que data de 1940, la que posteriormente sufrió un incendio y desde 2003 que opera este edificio penitenciario.
El último estudio de las condiciones carcelarias de Chile, elaborado por el
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2019), señala que hasta entonces había 268 hombres internos (227 condenados y 36 imputados) y 20 mujeres (16 condenadas y 4 imputadas). Por entonces no se observaban personas en situación de discapacidad o niñas o niños viviendo al interior del recinto penal.
El informe también detalló que había 120 funcionarios correspondientes a personal uniformado asignado a la unidad penal, y 15 correspondientes a personal civil.
"El CDP de Angol tiene 13 módulos, dispuestos de manera rectangular con respecto al centro del inmueble, donde está una multicancha sin techo. Los módulos A, B y C tienen tres pisos, en la planta baja se ubica una sala de estar, y en el segundo y tercer piso, los dormitorios. El módulo D, donde se ubica la población evangélica, cuenta con dos pisos, el primero de estadía diaria y el segundo destinado a celdas", sostiene el informe.
El recinto también cuenta con una sección de madres y lactantes, mientras en que módulo F se hallan comuneros mapuche, y en el G, "habitan internos con beneficios intrapenitenciarios como salida dominical, reclusión nocturna y controlados en medio libre". Además cuenta con un sector para los talleres laborales, una segunda multicancha, una escuela, salas de revisión de visitas, baños para visitas, comedores, biblioteca, capilla y un módulo de tratamiento de adicciones.
Las celdas colectivas, describe el informe, tienen distintos tamaños: algunas tienen mayor extensión y otras son más pequeñas. "Por ejemplo, una de 3,6 por 8 metros tiene 17 camas con 17 personas en su interior (imputados aislados); la inspeccionada de imputados reincidentes mide 5,5 por 2,5 y tiene 4 a 5 ocupantes cada una con igual número de camas".
También se detalló que la mayoría de celdas presentaba un estado de higiene "regular", con presencia de hongos, humedad, suciedad o basura.
